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Las vías terciarias están en la lista de los pendientes que debe cumplir el Estado para llevar desarrollo social y económico al campo, así como para construir la paz.
En el país, según el Invías, hay 142.284 kilómetros de red terciaria y solo el 10 % se encuentra en buen estado, pero una investigación del Departamento Nacional de Planeación indica que en realidad hay 280.000 kilómetros (y por ende el doble de retos).
Una de las banderas del Gobierno de Gustavo Petro ha sido, justamente, empezar a pagar esa deuda histórica interviniendo cerca de 33.000 kilómetros de estos corredores. Para lograrlo, se creó el Instituto Nacional de Vías Regionales (Invir) por medio del Decreto 1961 que fue sancionado la semana pasada, ya el Congreso le había dado las facultades al presidente con la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo.
Hay que aclarar que el Instituto Nacional de Vías (Invías) no va a desaparecer, este seguirá a cargo de las vías no concesionadas de la red primaria y de los otros modos de transportes. El Invir, por su parte, se enfocará en fomentar la construcción, mejoramiento y conservación de las vías regionales en cooperación con departamentos, municipios y otras entidades. El programa Caminos Comunitarios de la Paz Total pasará al nuevo instituto.
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Luces y sombras del Invir
Invertir en vías terciarias se traduce en mejores condiciones para la población. La evaluación de impacto de las inversiones en la red vial terciaria, entregada en 2021 por Econometría Consultores y Quantil, concluyó que cada peso invertido en estas vías genera cinco de valor agregado, pero además una inversión de $4.000 millones puede reducir en 5 % la mortalidad general y en 10 % la mortalidad infantil.
La pobreza y vulnerabilidad de los hogares también baja al invertir en estos corredores, teniendo en cuenta que se mejora el acceso a servicios públicos. Ese mismo estudio estableció recomendaciones para futuras inversiones, una de ellas fue, justamente, la articulación entre el Gobierno Nacional, los departamentos, los municipios y las juntas de acción comunal.
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Es claro que invertir en vías terciarias es un propósito loable, pero el cómo lo haría la entidad genera preocupación. El Invir, según el Ministerio de Transporte, tendrá en cuenta el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y podrá contratar de manera directa con organizaciones sociales (comunidades rurales, cabildos, organizaciones populares, unidades de economía popular, organismos de acción comunal, social, comunitaria u otras formas de organización social, grupos o comunidades étnicas, en todas sus diversidades, mujeres y víctimas) en los términos y condiciones que determine el manual de contratación del instituto.
La viceministra de Infraestructura, María Constanza García, explicó que la construcción de ese manual estará en manos del consejo directivo del Invir, conformado por un delegado del presidente, un delegado del Mintransporte, un delegado de la ANLA, un delegado del Batallón de Ingenieros del Ejército y un delegado del gremio del sector de infraestructura.
María Margarita Zuleta, conocida como “la Paca” Zuleta, directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, sostiene que el decreto, tal como está, respeta la ley; sin embargo, como en todas los casos de contratación directa, será fundamental hacer veeduría para revisar que se cumplan las reglas del juego.
Para Miguel Castro, profesor de la cátedra de contratos públicos de la Universidad Javeriana, el decreto 1961 podría ir en contra de la Ley 1150, que define los casos específicos en los que es posible hacer contratación directa, e incluso podría argumentarse que es inconstitucional, pues crea una “restricción a la libre competencia que no se encuentra justificada en las excepciones establecidas en el artículo 2 de la Ley 1150″. Más allá de eso, pone sobre la mesa que la contratación directa es restringida, precisamente, para evitar casos de corrupción al entregar contratos “a dedo”.
Paula Usquiano, experta en contratación y docente de la Escuela de Derecho y Gobierno del Politécnico Grancolombiano, coincide en que el decreto podría ser objeto de nulidad constitucional. “La contratación directa es viable, pero en ciertas circunstancias y para ciertos tipos de contrato. Al entregar contratos de desarrollo vial por contratación directa, se abre una puerta para que se muevan rubros muy altos. Debe haber un límite de cuantía para que no haya riesgo de corrupción”.
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García argumenta que no habrá riesgo porque el presidente designará a un oficial de cumplimiento que no estará subordinado a la dirección de la entidad y “velará por las buenas prácticas de contratación”. La cartera resalta que el Banco Mundial apoyó la estructuración y la formulación de condiciones para crear el Invir.
Pese a que para el Ministerio con esta arquitectura institucional se blindarán los recursos públicos, Castro dice que la contratación directa “afecta la libre competencia” porque se limita la posibilidad de que “terceros que cumplan con los requisitos necesarios puedan participar en procesos de contratación” lo que, a su vez, puede encarecer las obras.
Como dice Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, genera dudas la idoneidad de permitir ampliamente la contratación directa con organizaciones de la sociedad civil. “Hay que revisar con detalle que esta institución no se organice y administre únicamente con fines políticos por su facultad de hacer este tipo de contrataciones con la sociedad civil. Eso dependerá de la gobernanza y de la estructura corporativa”.
El camino del instituto, que iniciará operaciones en 2025, hasta ahora comienza. Lo cierto es que del éxito y buena administración del Invir dependerá avanzar o no en saldar la deuda histórica que tiene el país con el campo.
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