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Falta poco para que sean las 3:00 de la mañana del 23 de diciembre de 2022. El escolta José Uriel Taborda recoge en un establecimiento de licor al representante a la Cámara, Jhon Fredy Núñez, quien ocupa una de las “curules de paz” acordadas en La Habana (Cuba), durante los diálogos entre las FARC y el Estado. En alto estado de alicoramiento, como lo establece un documento de la Procuraduría conocido por El Espectador, Núñez le dice a su escolta que regresen al “tomadero” en la camioneta adscrita la Unidad Nacional de Protección (UNP). Sin importar que, para llegar allá, toque conducir en contravía. Como el escolta se negó, Núñez lo habría golpeado en la cabeza, lo habría ninguneado y, al parecer, le repitió que era un “hijueputa”.
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Esa es la teoría del caso con la cual la Procuraduría se comprometió a llevar a juicio al representante Jhon Fredy Núñez, quien es conocido como todo un contratista del Caquetá, región ante la cual debe responder por las víctimas del conflicto, como ocupante del curul número 5 de paz. El órgano de control evaluará la posible suspensión o inhabilidad como funcionario público de Núñez, a quien se le reprochan cuatro conductas, entre ellas “proferir expresiones injuriosas contra cualquier servidor público”. En este caso contra el escolta José Uriel Taborda, quien notificó a la Unidad de Protección la pesadilla que habría vivido en la madrugada de ese 23 de diciembre y quien declaró en contra del representante a la Cámara, en este proceso disciplinario.
El pliego de cargos de la Procuraduría no tiene prueba visual o sonora que pueda confirmar los hechos. Sin embargo, se basa en la novedad que el escolta Taborda presentó a la UNP y en su declaración del pasado 20 de junio. Según el recuento de hechos, aquella madrugada, Núñez le exigió a Taborda devolverse al “tomadero”, pues allí lo estaban esperando unos amigos. Incluso, le dio la orden de meterse en contravía. Como el congresista habría estado muy ebrio, Taborda consideró que lo mejor era ir a casa. En respuesta, Núñez lo habría golpeado en la parte posterior de la cabeza. “Usted no es el dueño del carro, yo soy su jefe. No, hijueputa, yo no lo necesito”, son las palabras que recuerda el escolta Taborda.
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La arremetida habría llegado a tal punto que, según Taborda, el congresista Núñez hizo que se perdiera el control del vehículo, lo que casi ocasiona un grave accidente. Ante las autoridades, el denunciante explicó que se puso en riesgo la vida de los ocupantes del vehículo, entre ellos otro escolta y la misma esposa de Núñez. Según el relato de Taborda, este último, al momento de recibir el golpe, “detuvo la marcha del vehículo y se bajaron del mismo junto con su compañero también escolta, lo que causo la ira de Núñez, quien se le abalanzó para pegarle, manifestando palabras ofensivas como ‘hijueputa, yo no lo necesito’. Núñez tomó el volante del vehículo y en el estado en que se encontraba arrancó, dejándolos abandonados en la vía pública”.
El congresista Núñez presentó alegatos precalificatorios, en los cuales explicó que ninguna de las conductas que están bajo investigación están probadas en lo absoluto. Aseguró, además, que el testimonio de su exescolta José Uriel Taborda no cumple con criterios razonables de credibilidad. Sin embargo, la Procuraduría le respondió que la denuncia sí es creíble, por tanto, lo relatado “se hizo de una manera tranquila, espontánea y coherente. En ningún momento hubo comportamientos que hicieran perder la secuencia cronológica de lo manifestado ni tampoco se presentaron interrupciones en la fluidez verbal del declarante. Aunado a ello, la Sala (Disciplinaria de Instrucción) no evidenció gestos propios de una alteración nerviosa como desvíos constantes”.
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En un comunicado de diciembre de 2022, el congresista Núñez aseguró que de ninguna manera se presentaron hechos de violencia física de manera directa, que generaran lesiones personales, y ofreció disculpas por si su “comportamiento generó malestar en el funcionario de la UNP”. Incluso, agregó que ha sido constante víctima de una persecución política desde que quedó electo en la Cámara de Representantes para el periodo 2022-2026. Al contrario de ello, la Procuraduría consideró firmemente que de Núñez se esperan conductas honorables, que estén alejadas de “eventos bochornosos que desdicen de su condición”. “Se espera que sean buenos ciudadanos” y “que no estén protagonizando actos calumniosos de manera abiertamente injusta contra otros servidores públicos”, concluyó.
De últimas, el Ministerio Público también concluye que estar en alto estado de embriaguez no es una causal para considerar que el representante Núñez pueda ser inimputable. Para ello, se basó en una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 2019, la cual estableció que estar borracho no salva a quien apela a que tenía afectada la capacidad de comprender la ilicitud de su comportamiento. Con esas consideraciones, Núñez enfrentará un juicio disciplinario, que en el peor de los casos podría inhabilitarlo para ejercer cargos públicos, si así lo considera una segunda instancia y el caso es revisa por el Consejo de Estado. Por ahora, su deber es trabajar para las víctimas de Caquetá, a quienes le debe su curul.
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