Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
En la mañana del 9 de febrero, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a 22 antiguos mandos medios de los bosques Sur y Oriental de la desmovilizada guerrilla de las Farc por su presunta responsabilidad en más de 4.000 casos de secuestro ocurridos en los departamentos de Arauca, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada. Se trata de la última imputación de la justicia transicional en el caso 01, que investiga la política de secuestros que durante años sembró el horror en el país.
El Espectador habló con la magistrada Julieta Lemaitre, de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, quien lideró la investigación del caso, sobre el cierre de esta etapa del proceso. La togada señaló que, si bien el trabajo que estaba en sus manos respecto al expediente de secuestros ya está terminado y siente satisfacción por la documentación que hizo la justicia transicional al respecto, le preocupan los casos cuya indagación aún está a mitad de camino y sobre los cuales deben hacerse todas las imputaciones en 2026.
En contexto: La JEP imputa a 22 exintegrantes de las Farc por secuestros en el sur y oriente del país
Usted acaba de cerrar la etapa de investigación de la JEP en el caso 01 con una imputación contra 22 exintegrantes de las antiguas Farc. ¿Qué verdades quedaron pendientes?
En lo que se refiere a la competencia propiamente de la JEP, todo está bastante bien documentado. No todos los casos en el sentido de que la masividad de lo sucedido supera lo que puede hacer un aparato de justicia. Pero el fenómeno del secuestro por parte de las Farc, cómo secuestraban, dónde, y por qué lo hacían, cuáles eran las estructuras detrás, a dónde se llevaban a los secuestrados, cómo los trataban y los desenlaces, todo eso está documentado. Adicionalmente, documentamos el daño que se les hizo a las personas, a sus familias, a veces a regiones enteras, a las comunidades. Respondimos preguntas que tenían las más de 4.000 víctimas que vinieron a la JEP y, cuando la respuesta era de algún compareciente, lo buscamos.
Pero los límites de la verdad son la competencia de la JEP. Nosotros solo investigamos crímenes no amnistiables y la guerra es más compleja que eso. Otra cosa que queda por fuera es que nuestra competencia se limitó por la revisión de la Corte Constitucional a las personas que estuvieron en armas, y muy centrado es en las Farc, la fuerza pública y algunos civiles que vinieron de manera voluntaria. Pero hay parte de la verdad que se queda por fuera porque no tenemos competencia. Por ejemplo, hay civiles que se lucraron del secuestro sobre los cuales yo no tenía competencia, sino que le queda a la justicia ordinaria.
La imputación de ayer es contra exmiembros de los bloques Sur y Oriental, ¿cuáles son las particularidades que le llamaron la atención de la guerra en esa zona del país?
Si tú miras el mapa, es la mitad del país. Pero es la mitad menos poblada. Es una mitad del país que generalmente de noche se ve completamente oscura, donde se ve la falta de población. Es una zona que hasta el año 90 se consideraba territorios nacionales; es decir, que tenían una administración especial. Fue objeto de muchos esfuerzos de colonización dirigida por parte del Estado y de una colonización también desordenada y espontánea, tumbando selva, porque buena parte es la Orinoquía y la Amazonía. Eso le da una característica especial al conflicto: es realmente muy difícil para el Estado derrotar a los actores armados ilegales que se asienten en esta zona o incluso controlar a los que se reorganicen, por la extensión, la falta de población, de presencia estatal, de vías, de acceso a raciones de comida y a medicina.
Las cosas van por aire o vas por tierra y es selva. Generalmente, son ríos que en su mayoría no son navegables, raudales caudalosos. Todo esto afecta la dinámica del conflicto y ese es el lugar donde nacieron y crecieron las Farc. Es el lugar por donde la coca llegó a Colombia y se extendió. Es el sitio donde los narcotraficantes de la coca hicieron buena parte de sus grandes fortunas, donde compraron haciendas enormes. Un sitio con una acumulación de tierras que, para quienes venimos de zonas donde la tierra es buena, es increíble pensar que alguien pueda ser dueño de 5.000 hectáreas.
Es una parte del país muy particular, con una cultura muy rica entre los colonos y las poblaciones que son de allí, los pueblos originarios. Y ha sido una parte del país muy violenta, por todas estas características. Cuando empecé a trabajar y empecé a oír las descripciones de las personas que habían sido secuestradas en esta parte del país y que habían estado en cautiverio, llegué a mi casa y le dije a mi familia: “Yo todos esos cuentos los he oído antes, ¿dónde es que yo he oído estas descripciones?” Hasta que caí en cuenta de que es la misma selva de La vorágine, de José Eustasio Rivera. Y es el mismo periplo que hacen los personajes de la novela por esa zona del país, los mismos árboles, los mismos insectos, los mismos ríos.
Lea también: Las razones de la JEP para imputar a 22 exfarc por crímenes de guerra y de lesa humanidad
¿Cuáles fueron los elementos particulares de esta investigación para señalar a los exfarc como máximos responsables de la política de secuestros en los sitios en los que operaban?
Los secuestros financieros se derivaron de la necesidad de cada frente de financiarse a sí mismo. Entonces, varía mucho según cuál sea la economía de la zona donde está cada frente. Por ejemplo, los que estaban en Cundinamarca secuestraban porque esa era su fuente de financiación. Lo mismo en algunas partes de Boyacá. La economía de la zona determina la dinámica del secuestro financiero, si hay o si no hay. También determina de alguna manera la dinámica del secuestro territorial, porque, y esta es una parte del diálogo que hemos tenido constantemente con los mandos medios, es que ellos dicen: “No, nosotros no teníamos el control del territorio todo el tiempo y era excepcional”. Pero sí pretendían tenerlo, por lo menos en el sentido de asegurarse de que en la zona donde se resguardaban no hubiera enemigos.
Los secuestros por control territorial eran más comunes en la zona donde ellos se resguardaban, porque ahí era donde tenían la necesidad militar de saber quién entraba y quién salía. Y según el talante del comandante que estuviera allí, había sitios donde la guerrilla tenía muchas milicias, casi que hay territorios donde te dicen: “Mire, el 70% de los campesinos de esa zona son milicianos nuestros”. Hay sitios donde nunca los campesinos les caminaban y otros donde los campesinos se les sublevaron. Famosamente, en Yacopi (Cundinamarca) empezó una autodefensa de los mismos campesinos contra el frente 22 de las Farc, pero era uno de los campesinos que había estado en la guerrilla, se salió y se volvió autodefensa. Cada zona tiene una dinámica propia, según la relación que tengan con la población, la economía local, y es una geografía muy difícil para atravesar con un ejército.
¿Dónde le parece que fueron peores los embates de la política de secuestros?
En cada parte del país impactó de una forma distinta. En Antioquia creo que fue devastador. El secuestro de Guillermo Gaviria y Gilberto Echeverri cambió la mirada, porque ellos creían en la paz, en la posibilidad del diálogo. Que los secuestraran y los mataran de esa manera cambió a Antioquia para siempre. También en 2006 los políticos secuestrados, que los tenían en campamentos con militares en Caquetá y Guaviare, en la zona de La vorágine, se convirtieron en símbolo del secuestro porque duraron mucho tiempo y las pruebas de supervivencia los mostraban tan destruidos. Eso también tuvo un impacto enorme en este país, eran como explosiones de dolor.
A cada familia que tuvo una persona secuestrada, eso fue lo que los desgarró. Lo más duro, sin duda, son las personas que nunca volvieron y que las familias nunca supieron qué pasó con ellas. En el caso tenemos 253 familias buscando todavía a personas desaparecidas en hechos que son de hace 20, 30 o 40 años. Donde, en principio, por la forma como los enterraron, es casi imposible pensar en encontrarlos. Sin embargo, hemos encontrado algunos y eso es muy impresionante.
Le puede interesar: Los expedientes por los que la Fiscalía imputará a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol
En la investigación que tiene en sus manos desde el 4 de julio de 2018, ustedes escucharon a 402 comparecientes y luego a las víctimas que presentaron 795 observaciones. ¿Cómo fue confrontar y contrastar esas versiones encontradas, para hallar la verdad pura?
El trabajo nuestro, cuando el compareciente y las víctimas son sinceros, es unir los dos relatos en uno solo y le pedimos al compareciente que reconozca el sufrimiento de la víctima como parte del relato. Ha habido víctimas que me cuentan su historia, que me dicen: “Yo no quiero ir a la JEP, pero venga le cuento”.
Una víctima me decía: “Yo no quiero ir a la JEP, yo detesto a esta gente, a los exfarc. Pero a mí me dijeron que a mi papá lo mataron por error y yo lo que no les perdono es que haya sido así. Llegaron a la finca; mi papá no tenía problemas con ellos. Les dijo: ‘Sigan, muchachos’. Les ofreció tinto y luego se lo llevaron, lo mataron y nos llamaron para que lo fuéramos a recoger, que lo habían dejado tirado en el camino. Cuando yo llegué a recogerlo, se lo estaban comiendo los goleros o chulos y las hormigas”. El cuerpo estaba a medio comer. Él quedó completamente traumatizado; dijo que nunca les quiso contar a su familia cómo había encontrado el cadáver. Toda una historia de un sufrimiento.
La versión del compareciente fue: “Sí, yo reconozco ese secuestro. Nos equivocamos, pensamos que era otro; él trató de escaparse, lo matamos. Cuando me di cuenta de que era un error, llamé a la familia y se los devolví para que lo pudieran enterrar”. Es la misma historia y uno las une, porque él sí está reconociendo; pero lo que no ha dimensionado es lo que esto fue para la familia. Generalmente, lo que hacemos es reconstruir qué fue lo que pasó con todas las piezas y mostrarlo completamente.
Una de las últimas movidas del caso en 2025 fue la imputación contra máximos responsables del Bloque Caribe. ¿En qué está ese proceso en este momento?
Ampliamos la imputación en una nueva diligencia porque no les entendimos bien si iban a reconocer responsabilidad o no. Luego dijeron que si iban a reconocer y ya le presenté a la Sala de Reconocimiento de Verdad el llamado a la audiencia. Ellos tienen varios momentos para reconocer; uno es en la versión voluntaria, donde tienen una oportunidad. Otra es cuando ya ven la imputación y lo hacen por escrito. Si lo hacen así, les toca reconocer también frente a las víctimas. Es una práctica de la Sala; aunque la ley permite que nunca se vean con las víctimas, nosotros sí lo desarrollamos porque nos parece que el reconocimiento incluye poner la cara, que hay algo muy poderoso en que ellos pongan la cara en una diligencia. Están pendientes de que se haga ese reconocimiento público, porque el escrito ya está.
Contenido relacionado: Sentencia de la JEP a exjefes de las Farc: dudas sobre restricciones y participación política
Uno de los temas polémicos durante el proceso fue el de la vinculación de mandos medios de las antiguas Farc, pues el último Secretariado alegaba que estaba por fuera de lo trazado en el Acuerdo de Paz. Después de destrabar ese tema, ¿cómo explicar por qué era necesario y qué valor tuvo dentro del proceso penal?
Nosotros llamamos al 1% de los reincorporados como máximos responsable; es una proporción ínfima. Al otro 99% no se le está llamando. Para la gente en las regiones, las Farc era el comandante regional, no era el Secretariado. La gente dice: “Aquí mandaba esta persona o esta otra”. Entonces, que las Farc reconozcan, para las víctimas, quiere decir que determinada persona que mandaba en cierta zona sea la que reconozca. Por ejemplo, en Montes de María (Bolívar) estaba “Martín Caballero” y las Farc eran él, no eran nadie más; eran las fuerzas de “Martín Caballero”. Si él hubiera estado vivo, lo hubiéramos llamado porque es el que responde por Montes de María, Bolívar y Sucre. Así escogimos a la gente.
Yo no sé en privado ellos cómo hayan tomado esa decisión, pero no tienen mucha opción porque es lo que le dice el juez. Pero hay una voluntad de resarcir de muchas personas que estuvieron en la guerrilla, que supera el proceso. Yo ahora pienso de manera optimista, que es tan normal que no es noticia, pero en realidad en todo el país hay procesos de pequeños acuerdos, de diálogos, de negocios, de empresas que lo hacen espontáneamente porque es parte de su proceso de reincorporación. Incluso, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización está incluyendo esos actos, porque es una forma en que las comunidades aceptan a estos señores y a estas familias. Eso está pasando en todos lados.
El 16 de septiembre del año pasado se conoció la sentencia contra el último Secretariado por el caso de secuestro, la primera de la JEP y que pasó por sus manos, pero fue blanco de críticas desde varias orillas. ¿Hubo lecciones de lo que pasó en el Tribunal para la Paz con ese fallo para las investigaciones que ahora está cerrando?
Estamos a la espera todavía, porque estos son procesos muy nuevos, de las sanciones que vaya a poner el Tribunal y de ver cómo se van a implementar. Creo que ahí entenderemos mejor. La gente se olvida de que esto es una jurisdicción y hay diferentes órganos. Lo que hago yo, con mi equipo y mi Sala, es investigar e imputar. Pero la sentencia y la sanción son del Tribunal para la Paz. Incluso todo esto, a fin de cuentas, lo va a dirimir la Sección de Apelación y ahí nos enteraremos realmente de cómo va a funcionar.
¿Pero lo que pasó con la sentencia de septiembre de 2025 produjo alguna reflexión sobre ese trabajo previo que adelantan en su despacho?
La decisión importante para nosotros era una anterior a la sentencia, la de correspondencia. Ahí era donde nosotros entendíamos si estábamos haciendo bien las cosas o no. Eso lo avalaron y seguimos trabajando a partir de la decisión de correspondencia.
Lea: 85 comparecientes ante la JEP dignificaron a víctimas de “falsos positivos” en Antioquia
¿Cómo se siente, luego de haber adelantado esta investigación durante más de siete años, al ver que la primera sentencia aún sigue sin tener efectos reales para los máximos responsables y para las víctimas? ¿Qué le faltó al Tribunal para la Paz después de recibir el proceso que usted adelantó?
Por la parte de mi labor, lo importante, lo central de este diseño institucional, es el conocimiento, poner la cara, aceptar responsabilidad. Creo que la sanción siempre va a generar algún nivel de insatisfacción porque el daño cometido es inconmensurable. Pero lo central es que están pidiendo perdón, están reconociendo el daño y que el proceso no les exige que para hacer eso tengan que renunciar a su naturaleza política o a su voluntad política, sino que pueda existir una voluntad política y un proyecto político. Reconocer que esta parte de lo que hicieron causó mucho daño. Aceptarlo y poner la cara. Poder hacer las dos cosas es una lección enorme para el país, para el futuro, más que la sanción. Esa es mi inclinación y por eso estoy aquí.
Entonces, ¿qué es lo que hace falta para que este modelo realmente funcione?
Falta un compromiso institucional por garantizar el cumplimiento de la sanción y eso es muy frustrante. Cuando en la justicia ordinaria se le condena a alguien a la cárcel, el juez no tiene por qué poner la cárcel. Y aquí es como que el juez tenga que poner la cárcel y además inventársela, como si nunca la hubiera habido. Y te dicen: “Mira, tú le tienes que restringir la libertad a este tipo, hágale”.
En el sistema que ya está desarrollado está la cárcel y todo lo maneja alguien más. Pero hay un fallo enorme institucional, que es que el Gobierno Nacional no le garantiza eso a la JEP. Si la jurisdicción manda a alguien a la cárcel, dicen: “No se preocupen, me lo mandan y ya. No tiene que preocuparse por nada más, no tiene que poner un peso, no tiene que hacer nada, solo me lo mandan”. Pero si la JEP pone a alguien a reparar a la comunidad, la respuesta es: “Eso es problema suyo”.
Le puede interesar: Defensa de Ricardo Roa señala que no es necesaria su renuncia de Ecopetrol tras imputación
Usted es, probablemente, la abogada que más ha investigado el secuestro en Colombia. ¿Qué opina sobre los argumentos del Secretariado en la apelación a la primera sentencia contra ellos por ese crimen?
Pienso que el ejercicio de la acción procesal es un derecho básico. Estos son señores que se pasaron toda la vida en la guerra, que entregaron las armas, que ahora están en la paz y que, como cualquier hijo o vecino, quieren poner tutelas, recursos; eso es lo que hace todo el mundo. Entonces me parece que, frente a la alternativa, que es no arreglar las disputas por la violencia, sino por vía de recursos judiciales o incluso de Twitter, es magnífico. Es el ejercicio de la democracia. Es un derecho que tiene cualquier persona, entonces, ¿por qué van a tener menos derechos?
Pero se trata de máximos responsables sobre los cuales hay una sentencia ya…
Están estrenando abogado, entonces, me parece bien. Es la primera vez que en una disputa tienen un abogado y al abogado, como le corresponde con su cliente, le dice: “Esto es lo que podemos hacer ahora”. Es su trabajo; eso también es como denigrar el trabajo del abogado. Que haga su trabajo, él tiene derecho. Yo no le veo el problema.
¿No le parece que argumentar, por ejemplo, problemas de edad para ayudar a buscar a los desaparecidos puede ser descarado con las víctimas?
Ellos mismos propusieron la búsqueda y yo no conozco el detalle de lo que están pensando. Sí sé, por ejemplo, que la búsqueda de la familia Angulo incluía subir un páramo y una periodista que fue me dijo que casi no llega. Entendería yo que parte de lo que debería hacer la institucionalidad es encontrar que lo pudieran hacer dentro de sus limitaciones físicas, que seguramente las tienen. Para eso está el Tribunal para la Paz. Hay un derecho básico humano a un juicio y otro a la segunda instancia. Eso no se le niega a nadie.
Más contenido: Juez revoca prisión domiciliaria a Digno Palomino, jefe de Los Pepes, y vuelve a la cárcel
Usted ha hablado en otras oportunidades sobre la importancia del “reproche moral” de las víctimas hacia los máximos responsables en los espacios de reconocimiento de verdad y responsabilidad. ¿Es suficiente ese reproche moral para sanar las heridas en un país que sigue en guerra?
La alternativa, si no hay un reproche moral, es el olvido completo, no volver a hablar de eso. En España dicen que funcionó no volver a hablar de la guerra, aunque cada tanto también se quejan de que no se resolvió el pasado. Cada sociedad escoge su camino. Aquí hubiera sido muy difícil hacer borrón y cuenta nueva otra vez, porque ya se hizo en el pasado; Colombia ha ensayado varias cosas. Como seguimos disputándonos, sería ver si esto es lo que sirve, pero no creo que se vaya a saber este año. Eso es materia para la gente dentro de 20 o 30 años que diga: “Ah, mira, lo que sirvió fue esto”. Pero no hay forma de averiguar, si no es haciéndolo. No hay laboratorio, solo está la vida real.
¿Qué le quita el sueño, magistrada?
Este es un trabajo muy difícil. Sobre el secuestro, siento que terminamos lo que me tocaba, la investigación. Me preocupan los otros casos que tiene abiertos la Sala, qué va a pasar con ellos, con los que están a mitad de camino. En el caso de secuestro estoy muy contenta y tranquila con que realmente hicimos, junto a un equipo increíble, un gran trabajo. Se han desarrollado unas metodologías acertadas, se ha documentado todo. Pero hay otros casos en los que estamos a mitad de camino. Este año tienen que salir todas las imputaciones y me preocupa cómo vayan a salir o si lo vamos a lograr. Es mucho.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Gustavo Montes Arias
Conoce más