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Detrás de la demanda que interpuso la familia del magistrado Carlos Horacio Urán, asesinado durante la toma y retoma del Palacio de Justicia, en 1985, están pesos pesados del derecho en Estados Unidos. En alianza con la firma Wilson, Sonsini, Goodrich & Rosati, el Centro para la Justicia y la Rendición de Cuentas (CJA por sus siglas en inglés) presentó esta semana un recurso jurídico que busca que el coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega responda por su posible participación en la tortura y ejecución extrajudicial de Urán, mientras el caso en Colombia continúa en total impunidad.
La CJA es una firma experta en derechos humanos que ha llevado casos emblemáticos, como el del cantante y activista chileno Víctor Jara, asesinado en 1973, durante la dictadura de Augusto Pinochet. Claret Vargas, abogada sénior de este centro, experta en asuntos latinoamericanos y con doctorado en la Universidad de Harvard, habló con El Espectador sobre la importancia de estos procesos civiles en Estados Unidos y de cómo su objetivo principal no es otro que buscar que los casos más emblemáticos de violencia en el continente no queden en la impunidad.
¿Cómo llegó el caso de las hermanas Urán al CJA?
Llegó como la mayoría de nuestros casos. Unos familiares del magistrado (Carlos Horacio) Urán se enteraron de la existencia de la Ley de Protección Personal contra las Víctimas de Tortura en Estados Unidos y se nos acercó para explorar si era una posibilidad. Y aquí estamos.
¿Por qué un caso tan emblemático para Colombia como el del Palacio de Justicia terminó en la jurisdicción de EE. UU?
Porque es un caso de una violación de derechos humanos grave y nosotros planteamos la defensa de que, bajo el Acta de Protección a las Víctimas de Tortura que existe en Estados Unidos, las Cortes Federales pueden conocer de casos de violaciones cuando se trata de ejecuciones extrajudiciales y torturas específicamente cometidas fuera de Estados Unidos. Eso sí, la Corte necesita tener jurisdicción personal sobre la persona demandada. Es decir, el responsable debe estar residiendo en Estados Unidos.
¿Y ese el caso de Plazas Vega?
Él está en Florida.
¿La Ley contra las Víctimas de Tortura busca que Estados Unidos no se convierta en una especie de refugio para personas que han violado derechos humanos?
Esa es la promesa del Acta. Es uno de los lemas que impulsa desde los 90. La idea era que Estados Unidos no se convirtiera en un puerto seguro para torturadores. Y creo que en muchos casos ha dado resultado, pues este no es el principio ni el fin de una búsqueda de justicia, sino empujar esfuerzos. En concreto, lo que buscamos es que los familiares y la sociedad civil en el país donde se ha cometido la violación de derechos humanos puedan utilizar este proceso en Estados Unidos para continuar esa demanda de justicia. El objetivo es que los países donde se han cometido estas violaciones se fortalezcan institucionalmente y permitan que se garantice la no repetición y la obtención de justicia.
¿En los casos que usted ha manejado eso ha pasado?
Sí. En casos relacionados con El Salvador, por ejemplo, luego de nuestro trabajo, hubo un proceso de expulsión de los responsables. Eso no significa siempre que haya rendición de cuentas en el país donde se cometieron las violaciones. En todo caso, quienes fueron responsables se tienen que enfrentar con las consecuencias de sus actos, con la evidencia que se consigue y que se presenta al público sobre su responsabilidad.
¿Tiene indicios de en qué territorio se han presentado más violaciones de derechos humanos cuyos casos podrían tener un espacio en EE. UU.?
No. No hay un patrón que hayamos podido reconocer y tampoco está mapeado. Sí sabemos que, en algunos casos, cuando hay situaciones de emergencia donde hay una ola de migración, muchas veces los perseguidores se esconden entre los perseguidos y terminan viviendo en la misma ciudad. Esas son historias que hemos visto repetidamente.
¿Qué sigue después de las sentencias o veredictos?
Más que todo trabajamos con la sociedad civil. En algunos casos hemos contribuido con evidencia a autoridades gubernamentales, pero en la mayoría de los casos nuestra pregunta es siempre: ¿qué es útil para los esfuerzos de derechos humanos en el país? y las personas que tienen esa respuesta, normalmente, son nuestros aliados de la sociedad civil. La CJA llevó uno de los casos más emblemáticos de la dictadura chilena: el asesinato de Víctor Jara. Ese expediente fue en contra del militar Pedro Barrientos Núñez, quien se mudó a Florida tras de ser imputado.
¿El veredicto en este caso tuvo alguna incidencia en Chile?
Sí. Luego del veredicto en su contra, Chile pidió su extradición. Todavía no ha llegado a su fin, no se ha presentado ante una Corte para su certificación, pero está en proceso.
¿Qué le llama la atención sobre lo ocurrido en el Palacio de Justicia?
El caso, por su importancia histórica, es una tragedia por la cantidad de civiles que no tienen conexión alguna con el ataque y han sufrido violaciones graves. Me llama la atención la cantidad de tiempo que ha pasado sin investigaciones serias. Llama la atención la necesidad de lo que estamos haciendo. Es decir, en todos los casos creo que nuestro esfuerzo tiene dos capas: una capa de asistir a las familiares específicamente, y una segunda capa de asistir a un esfuerzo de reformar o fortalecer las instituciones. En Latinoamérica, con mi experiencia, lo más positivo es cuando las instituciones nacionales realmente se ponen las pilas y hacen investigaciones serias, rápidas y enfocadas en las víctimas. Eso lo hemos visto en Argentina, por ejemplo, y espero que esto sea un empujón más en esa dirección para un país que tiene cómo hacerlo.
¿Qué sigue en el caso del magistrado Urán?
Después de la radicación de la demanda, el demandado tiene 21 días para responder. A veces hay una prórroga que se da proforma, y la respuesta a veces viene acompañada de mociones y pasamos a lo que se llaman peticiones y mociones técnicas. Una vez saldado ese paso, que puede ser largo o corto dependiendo del estudio de los documentos por la Corte, llega la etapa de intercambio de evidencias. O sea, que veremos algo durante los próximos 21 días, tal vez un poco más.
¿Cambiaría en algo el proceso si Plazas Vega regresara a Colombia?
No. Una vez que se ha dado la notificación oficial no importa si el demandado cambia de domicilio. Si a alguien se le notifica una demanda civil puede irse del país, puede irse del estado, y eso no elimina ni cambia nada en la demanda.
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