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Éver Urquina Rojas fue asesinado el 17 de enero de 2008 en la vereda El Carmen de San Agustín (Huila) por integrantes del Batallón de Infantería No. 27 ‘Magdalena’ del Ejército Nacional. Las investigaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dan cuenta que varios militares, en su afán por entregar resultados a cómo diera lugar, lo escogieron como víctima, presuntamente inventándose que había participado en el robo de una motocicleta. Luego montaron un falso retén en donde lo detuvieron y lo llevaron a una casa cercana, allí lo obligaron a cambiar su ropa por una sudadera y botas de caucho, y lo asesinaron. Finalmente, le implantaron un arma y un bolso con pentolita (explosivos), lo reportaron como miembro de un grupo de atracadores y que había muerto en combate.
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Casos como este fueron documentados por la JEP en una nueva imputación a 35 militares, entre ellos cinco generales (r), por crímenes de guerra y de lesa humanidad ocurridos en ese departamento del suroccidente colombiano entre 2005 y 2008. Entre los imputados está el excomandante del Ejército, Jaime Lasprilla. Según el órgano de justicia especial, este tipo de asesinatos fueron un patrón que los miembros del Ejército usaron para presentar bajas en combate, en el cual los militares asesinaron civiles con el pretexto de que estaban combatiendo a la delincuencia común.
Según la JEP, los militares inventaron falsas operaciones contra el atraco, la extorsión o el secuestro, para lograr su objetivo. “La Sala estableció que estas operaciones fueron montajes en los que se condujo con engaños a personas a los lugares en los que se les asesinó y que buscaban exclusivamente provocar muertes que fueran contabilizadas como resultados operacionales. Además de las acciones de encubrimiento comunes (implantación de armamento o cambio de vestuario de las víctimas), los involucrados en estos delitos llevaron a cabo simulaciones de atracos que legitimaron sus acciones ante la población civil y les permitieron contar con la corroboración de las víctimas de los robos ante otras autoridades”, explicó esa jurisdicción.
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La JEP reveló, además, que algunas de las víctimas de estos hechos fueron señaladas por civiles a los que los militares les pagaron por mentir. “Las operaciones que se describen en este patrón tienen como característica común la remuneración económica a quienes suministraban información para los procedimientos. Mediante la documentación operacional, elaborada con posterioridad a la comisión de los hechos, se encubrió la verdadera naturaleza de estas acciones, otorgándoles apariencia de legalidad a los asesinatos; se hicieron pagos por informaciones o se entregaron recompensas de manera irregular”, explicó la JEP.
Pero este no es el único patrón que la JEP identificó en ese departamento. Encontró también que se presentó una estigmatización de víctimas mediante señalamientos arbitrarios de pertenecer a un grupo armado. Por eso fueron objeto de seguimientos, detenciones colectivas, hostigamientos e intimidaciones años o meses antes de las operaciones en las que eran asesinados. La JEP también encontró que los militares engañaron a sus víctimas aprovechando sus condiciones de vulnerabilidad. “Las víctimas no eran consideradas integrantes o afines al enemigo, sino que eran atraídas o reclutadas por miembros de la tropa o por civiles que, por contraprestaciones económicas, las convencían bajo engaño para ser trasladadas desde zonas como Garzón, Pitalito o Neiva a sitios donde terminaban siendo asesinadas”, explicó la Jurisdicción.
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Los 35 militares, imputados en este caso, hicieron parte del Batallón de Infantería No. 26 ‘Cacique Pigoanza; del Batallón de Infantería No. 27 ‘Magdalena’; de la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas No. 11 y de la IX Brigada. Entre los imputados se encuentran tres antiguos comandantes de la IX Brigada a título de autores por omisión, es decir, el mayor general Miguel Ernesto Pérez Guarnizo, el general (r) Jaime Alfonso Lasprilla Villamizar, quien llegó a ser comandante del Ejército Nacional en el Gobierno de Juan Manuel Santos y el brigadier general William Fernando Pérez Laiseca. “La Sala subrayó que los generales imputados debían proteger los bienes jurídicos de la población, controlar efectivamente a sus subordinados y, a pesar de contar con medidas razonables a su alcance para hacerlo, incumplieron sus obligaciones constitucionales”, explicó la JEP por medio de un comunicado.
También fueron imputados como coautores los generales (r) Édgar Rodríguez Sánchez y Marcos Evangelista Pinto Lizarazo y 30 militares más que se desempeñaron como integrantes de los pelotones, comandantes de pelotón y compañía de las cuatro unidades. La Sala considera que esos uniformados siguieron un acuerdo común, con división del trabajo criminal, e hicieron aportes esenciales en las fases de planeación, ejecución y encubrimiento de los hechos.
Luego de ser imputados, los 35 militares tienen 30 días hábiles, es decir, hasta principios de 2024, para reconocer los hechos y su responsabilidad o rechazarla. También pueden reaccionar, aportando argumentos o evidencia adicional. Una vez termine ese tiempo, la JEP decidirá si fija una fecha para una Audiencia Pública de Reconocimiento de Verdad, o si remite el caso a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA).
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