“No se puede erradicar el mercado de las drogas”

Por eso el Gobierno colombiano ha acudido al grupo de especialistas en política de drogas del London School of Economics para que planteen una serie de recomendaciones sobre cómo se debe reenfocar la fórmula existente en busca de políticas más actuales. Las principales conclusiones serán expuestas hoy por el editor del proyecto, John Collins, durante su participación en el foro “Nuevos retos de la política antidrogas de Colombia”, organizado por la Fundación Buen Gobierno, el London School of Economics (LSE) y el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes.

En entrevista con El Espectador, Collins habló de los retos para el país, de la necesidad de reenfocar la lucha contra las drogas y de la urgencia de implementar políticas de desarrollo sostenibles.

¿Cuáles son los principales cambios en la política internacional de la lucha contra las drogas?

Uno de los principales cambios que veremos en los próximos años es un reconocimiento de que la política de drogas tiene que estar enmarcada en una política de desarrollo que no puede ser tratada como un tema aislado, sin tener en cuenta otras políticas de salud y bienestar.

¿Y esto cómo se reflejará en el país?

Si tomamos el caso de Colombia, y se quiere ver cómo la paz se construye en regiones que han sido históricamente objeto de cultivo de coca, se necesitará un proceso de desarrollo sostenible a largo plazo. Esto no va a cambiar de la noche a la mañana. Lo importante es entender que estos cambios requieren una integración de estrategias políticas y económicas, y no solamente una respuesta militar o una política únicamente de erradicación. Esto se trata de integrar a las comunidades y trabajar con ellas para reducir los cultivos ilícitos.

¿Cuánto tiempo lleva un proceso de este tipo en un país como Colombia?

Es un plan sostenible de desarrollo a largo plazo. Las comunidades enfrentan problemas básicos, hay carencia de infraestructura, de servicios de salud, de integración en los procesos políticos y en los de recuperación de las víctimas del conflicto. Este es un proceso en el que la economía es solamente una parte de él. Sin embargo, si se ignora la economía todo el resto de factores podrían resultar afectados. No sucederá dentro de poco. Lo que podemos hacer por ahora es alejarnos del conflicto, mientras nos orientamos hacia un proyecto de desarrollo. Tiene que ver con las políticas: sabemos lo que funciona a la hora de tratar la demanda de drogas. El acercamiento es de salud pública.

¿Cuál es el papel de Colombia en la estrategia internacional?

Sin duda ha liderado conversaciones, particularmente en la ONU y la OEA. Nos daremos cuenta, después de la sesión especial de la ONU que se realizará en abril sobre el tema, que los tratados y marcos de control de drogas no obligan a los miembros de la ONU a introducir políticas malas e inefectivas. Los Estados miembros tienen gran flexibilidad a la hora de determinar cómo se deben implementar políticas de este tipo a nivel nacional. Colombia tiene una larga historia de compromiso con este tema y ha aprendido que entrar en una guerra contra las drogas no produce los resultados que se esperan. Con frecuencia puede producir consecuencias más negativas. Lo que muestra la experiencia colombiana es que las drogas son -en esencia un tema de desarrollo e integración de comunidades.

¿Cuáles son las principales recomendaciones que hace el grupo de expertos de LSE sobre los cambios a realizar en la materia?

Uno de los cambios es alejarse de la idea de que militarizar o dar una respuesta agresiva es la única solución contra este problema. La demanda de drogas continuará en Estados Unidos, en Europa, y como las ganancias son muy altas siempre habrá gente comprometida con el tráfico. La noción de que se puede luchar contra las drogas desafía toda lógica económica. Se necesita una aproximación más racional a este problema, una aproximación fundamentalmente basada en reducir los daños y las muertes. No es necesariamente erradicar el mercado, porque décadas de experiencia nos han enseñado que eso no se puede hacer. Entonces la idea es muy simple: reducir el daño tanto en la etapa de demanda como en la de suministro.

¿Cuál debería ser entonces la estrategia en el país ante un eventual escenario de posconflicto?

Es simple: primero el desarrollo, si el foco está puesto ahí, está solucionado. Si se crean programas de desarrollo sostenibles se puede progresar en otras áreas. No se puede asumir que porque resolvió el conflicto en algunas etapas se van a erradicar todos los cultivos. Eso no funciona así y de hecho podría producir nuevos conflictos e inestabilidad resultando incluso en el aumento del número de cultivos. En un proceso de posconflicto la prioridad es, sobre todo, establecer qué puede hacer un gobierno.

Al cumplirse 15 años de la creación del Plan Colombia como estrategia de cooperación para la lucha contra las drogas, ¿cree usted que ha sido exitoso? ¿Debe reenfocarse a futuro?

El Plan Colombia estaba diseñado más para luchar contra las guerrillas que contra los cultivos de droga, de modo que no creo que sea un acercamiento adecuado para tiempos de posconflicto. El tema del éxito depende de cómo se mire. El Plan Colombia ayudó al Gobierno colombiano a construir un servicio de seguridad nacional, en ese sentido tuvo cierta efectividad; sin embargo, no sirvió para reducir los cultivos o el tamaño del mercado.

¿Cómo debería redireccionarse entonces el apoyo financiero de la comunidad internacional?

Hay que dirigir los recursos hacia proyectos de desarrollo, es necesario construir infraestructura, un sistema económico para las comunidades que traiga inclusión política.