Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Son aterradoras las estadísticas de las pruebas para evaluar en el área de lecto-escritura a los bachilleres que buscan obtener un cupo a la educación superior; casi un 80% de los estudiantes son reprobados.
Nuestra juventud en edad escolar no está siendo preparada para ser consecuentes; nuestros docentes en esa materia de lecto-escritura deben examinarse para ver qué está sucediendo, debido a esa reprobación que ocurre cada año, tanto en las pruebas de final de período como en las de Estado.
Sabemos que existe inquietud en importantes sectores del quehacer educativo por esta deficiencia pedagógica, como lo es la falta de comprensión lectora y escritura en los bachilleres de nuestro país. Son del conocimiento público la variedad de tentaciones de diversión que vive el joven de hoy, que hacen que leer les parezca aburrido. Por eso es una tarea épica de los maestros buscar herramientas y elementos de motivación en este año escolar que se inicia en el mes de febrero, para que nuestros estudiantes vuelquen sus miradas a los textos; sobre todo en poesía, novelas, cuentos, crónicas, prosa; en fin, indagar los gustos de los muchachos para saber qué menú se pudiera diseñarles para encariñarlos con la lectura.
Alejandro Moreno Muñoz. Cúcuta.
La justicia privatizada
Desde el artículo 228 de la Constitución, se tiene que la administración de justicia está concebida como función pública y que sus decisiones son independientes. Asimismo, la Constitución garantizó el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. De tal manera que dentro de los grandes retos que se vislumbran como reforma están los del acceso a la justicia y el fortalecimiento de la Rama Judicial, que en el específico tema de la descongestión propone apelar a notarios, centros de conciliación y arbitraje y abogados en ejercicio, lo que devela una clara privatización de la justicia. Es justo pues el rechazo que han manifestado las cortes a aspectos puntuales de la reforma, como quiera que son equivocados los propósitos del Gobierno, que en vez de apropiar mayores recursos para ampliar las plazas de fiscales y jueces en todo el país, acuden a la salomónica decisión de transferir a los particulares las funciones jurisdiccionales que por principios constitucionales les están conferidas a los jueces de la República.
Orlando Morales. Bogotá.
Conoce más