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“Los abajo firmantes nos hemos tomado la libertad de dirigir al primer magistrado de la Nación la presente carta abierta, donde exponemos, en líneas generales, los problemas y peligros que se ciernen sobre el basto campesinado de estas regiones, para que el señor presidente, si es que puede, conjure, o trate de conjurar”. Así comenzó la carta abierta de “los colonos y campesinos de Marquetalia”, dirigida al presidente León Valencia el 20 de mayo de 1964 (solo siete días antes de la operación Soberanía, en la que el Ejército bombardeó los campamentos).
La carta de cuatro páginas no solo nos permite entender un poquito más sobre los primeros años de la lucha guerrillera y sobre el Frente Nacional. También es un documento que nos invita a desterrar una de las frases de cajón más nacionales: la que supone que la formación de guerrillas responde a una “ausencia del Estado”. En primer lugar, colonos y campesinos hablan de cómo contaban con escuelas que fueron cerradas por el Ejército. Es decir, cómo un cuerpo del Estado impidió que funcionara un servicio público: “para que el señor presidente tenga una idea general de nuestros problemas, en nuestra región no hay escuelas (…) fueron suprimidas por el Ejército para convertirlas en cuarteles”.
En segundo lugar, cuentan cómo están recibiendo préstamos oficiales para agricultura. “Agregamos que a pesar de lo accidentado de los terrenos, estas son regiones cafeteras y producimos fríjol, maíz, panela”, dicen en los primeros párrafos. “Estos productos tienen un valor anual que pasa de los $50 millones y en los últimos tiempos hemos sido favorecidos con los préstamos del Banco Cafetero y otras entidades… con ellas tenemos compromisos que debemos cumplir”. Por último, los propios habitantes de Marquetalia reconocen la contradicción entre un Estado con unas agencias que los eliminan y otras que deciden ignorarlos. “La mayoría de nosotros somos gentes palúdicas”, cuentan, “porque el Estado nos tiene abandonados y el Gobierno nos persigue para exterminarnos en estas tierras de trabajo que hemos elegido como nuestro último refugio”.
En aquel mayo del 1964, campesinos y colonos se definieron como “trabajadores campesinos amantes de la paz y del progreso del país”. El grupo que este agosto de 2019 se denominó como una segunda Marquetalia, liderado por combatientes que, pese a negociar la paz en La Habana, llevaban días por debajo del radar, está lejos de esta descripción. Sazonados en la diplomacia y los cálculos personales, los cabezas de la mentada disidencia no representan ni al grupo original, ni tampoco al recientemente desmovilizado. Estos últimos, cientos de hombres y mujeres que se la rebuscan día a día en la incertidumbre de la desmovilización, son el legado más genuino de la Marquetalia original.
Pero si la primera comunicación desde Marquetalia en 1964 nos reveló un Estado que sí hacía presencia —pero en sus empresas extractivas y militares—, la coyuntura del grupo de Iván Márquez nos revela a un Estado que también está presente. Está presente en la medida en que el uribismo, con todos sus matices, tiene cuotas y le da forma a toda burocracia local, regional y nacional. Está presente porque este uribismo, hoy esparcido en las agencias más importantes del Gobierno, nunca estuvo de acuerdo con el proceso de paz y diariamente toma la decisión de incumplir lo pactado. Está presente porque el Santos del Nobel negoció su presidencia con Uribe y esto hizo que su mandato no fuera del todo transformador de las prácticas cotidianas de fiscalías, entes económicos y cuerpos armados. Está presente en la medida en que puede evitar la mala hora de la gran mayoría de reinsertados (en el Caribe, Caquetá, el Guaviare, el Putumayo o el Cauca), que sí han cumplido y están en riesgo de muerte.
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