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En las últimas horas se han conocido detalles de la tutela que interpuso la directora del ICBF, Cristina Plazas, en contra del periodista Gonzalo Guillén.
De acuerdo al documento radicado por la funcionaria, Guillén no ha cumplido el reglamento de Twitter para enviar sus mensajes pues “engaña” a la ciudadanía con sus mensajes y por eso un juez podría extender la solicitud a Twitter para que le eliminen la cuenta al comunicador en esta red social.
La defensa de Plazas está sustentada en que Guillén señaló en Twitter que el 10 de junio de 2015 ella estuvo en La Guajira en estado de embriaguez. Ese día, según documento adjunto en la tutela, se encontraba hospitalizada en la clínica del Country.
Además, según la tutela, Guillén indicó que Plazas se estaba quedando en un hotel de La Guajira por un valor de $550.000 pago por el ICBF. En su defensa, la funcionaria adjuntó un documento del hotel Taroa de Ríohacha donde certifican que no estuvo para la fecha en ese establecimiento.
Igualmente, la directora del ICBF adjuntó un trino del periodista donde dice que la “corrupta de Cristina Plazas firmó un contrato por $8.000 para La Guajira”. En la tutela indicó que el contrato referenciado por Guillén no fue firmado por la entidad sino por la alcaldía de Manaure.
Cristina Plazas también reportó que ella no fue jamás consultada por el periodista sobre los contratos en La Guajira sino que envió los mensajes en su contra.
Presentó además en su defensa una queja porque el periodista en varios mensajes la ha señalado de alcohólica con una fotografía de tres mujeres en estado de embriaguez donde ninguna es de ella. En la tutela la funcionaria argumentó que Guillén trató de sugerir que ella está en esa fotografía.
En el documento la directora es clara en que Guillén como periodista “sistemáticamente” está desinformando al público sobre una persona y sobre varias situaciones. En ese sentido, exhorta a que Twitter cumpla con sus políticas y reglas frente a calumnias.
De acuerdo a las políticas de Twiter, esa red social se reserva el derecho en todo momento (pero no tendremos la obligación) de borrar o negarse a distribuir cualquier contenido en los servicios y de suspender o eliminar usuarios o reclamar nombres de usuarios. Además, la responsabilidad de todo contenido, publicado de forma pública o privada, recae en el autor de dicho contenido.