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«A mí lo que me preocupa es que el gobierno del presidente Santos, en su legítimo derecho de perseguir la corrupción, haga unos show publicitarios que parecen más escándalos periodísticos que labores de la administración», le dijo el expresidente Uribe hace unos días a Terra.com.
Sin embargo, la estrategia de Santos no es tan diferente a la que usó el mismo expresidente. Uribe subió cuando la urgencia del momento era la inseguridad abrumadora. Acorde con ello, centró su objetivo en ponerle fin a la violencia. ¿Reconoció entonces que gracias a que el gobierno Pastrana había firmado el Plan Colombia, él empezaba su gestión con la ventaja aérea indispensable para poner a correr a las Farc? ¡No! Todo el inicio de su gobierno fue una diatriba contra el fallido ensayo del Caguán. Uribe necesitaba exagerar la debilidad de las Fuerzas Armadas para conseguir que el empresariado pusiera la plata y que la gente se sintonizara con su ilusión de que era posible derrotar a un enemigo que parecía imbatible.
La hora de Santos es diferente. Ahora la viabilidad del Estado no está en riesgo por los violentos. Lo está por cuenta de una corrupción —en parte, efecto colateral de la obsesión reeleccionista del expresidente— que corroe la legitimidad democrática y se devora la riqueza pública.
Por eso, el presidente actual se ha gastado su primer año poniendo en escena, con singular capacidad histriónica y buen manejo de medios, un mensaje ejemplarizante contra el asalto a las arcas públicas. Con la feliz coincidencia de que, sintiéndose respaldados por el Ejecutivo, los órganos de control están haciendo su tarea con eficacia.
Poner al voraz clientelismo a la defensiva, le ha facilitado a Santos construir el espacio político y el respaldo popular necesarios para que el Congreso aprobara las leyes fundacionales que le presentó, y esté en buena disposición frente al nuevo y audaz paquete legislativo.
Por las cartas que ha jugado, su apuesta es modernizar al Estado allí donde no se habían atrevido sus antecesores: como formalizar el campo, subutilizado y desigual; o regular y aprovechar mejor las riquezas del potencial minero, caótico y capturado por mafias; o actualizar la construcción de la infraestructura, tan rezagada.
Aunque las primeras movidas de este gobierno han sido, por ahora, más de palabras que de hechos, emocionan. Sin duda, hacer instituciones más transparentes y eficaces promueve mejor la confianza inversionista que darles gabelas a los empresarios, como lo probó el fiasco de Agro Ingreso. Redistribuir la propiedad de la tierra es proveerle una base más democrática a la seguridad, pues la sola presión por resultados militares mejoró el clima, pero costó sangre inocente. Sellar los sifones por donde se va buena parte del gasto público es el camino más expedito a la cohesión social.
Es prematuro decir hasta dónde llegará Santos en sus anunciados propósitos modernizantes. Volverlos realidad lo obligará a dar batallas difíciles con algunos poderosos, públicos y privados, que llevan años prosperando sin ética democrática alguna, o mejor dicho, sin ética alguna. Si las libra, pasará a la historia como lo hizo el gran liberal López Pumarejo, con el que tanto le gusta compararse.
No obstante a veces temo que su talante conciliador —tan aplaudido por el contraste con el tono pendenciero de Uribe— puede ser síntoma de ese espíritu cachaco de quedar divinamente con todos y hacer, en realidad, muy poco. Pueda ser que lo cortés no le quite lo valiente, y no termine como Uribe, con un gobierno de logros limitados y “falsos positivos” de diversa índole, disimulados por un excelente show mediático.