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Fiscalía alemana reclama a Ferrostaal 200 millones de euros por sobornos

Ferrostal pagó sobornos en negocios de submarinos y guardacostas a funcionarios de países como Grecia, Colombia, Portugal y Argentina.

30 de octubre de 2010 – 05:57 a. m.

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La fiscalía de Múnich reclama al astillero alemán Ferrostaal 200 millones de euros por el pago de sobornos en negocios de submarinos, patrulleras y guardacostas a funcionarios de varios países, entre ellos Grecia, Colombia, Portugal y Argentina.

Según publica el diario "Süddeustche Zeitung", éste es el monto que quiere imponer a Ferrostaal la fiscalía muniquesa, que en el pasado aplicó ya sanciones multimillonarias por casos similares a otros grandes consorcios alemanes, como Siemens y Daimler.

El escándalo por el pago de sobornos por parte de Ferrostaal se remite a negocios cerrados entre 2004 y 2006, salió a la luz hace unos meses y costó el cargo, el pasado junio, al hasta entonces presidente del consorcio, Matthias Mitscherlich.

La fiscalía imputa al astillero haber sobornado a funcionarios de países de todo el mundo para asegurarse negocios multimillonarios, tanto en África como en Latinoamérica y Grecia, en este caso relacionado con la adjudicación de un submarino.

Las investigaciones de la fiscalía se dirigen tanto contra Mischerlich como contra otros ex directivos y contra el propio consorcio.

De acuerdo con el citado medio, la dirección actual de Ferrostaal ha participado "constructivamente" en las investigaciones.

Inicialmente, la fiscalía había exigido el pago de 240 millones de euros, según el rotativo muniqués, pero ahora habría rebajado la cifra a 200 millones.

Las investigaciones por parte de la fiscalía bávara derivaron hace unos meses atrás en diligencias paralelas por parte de la justicia argentina, que el pasado junio levantó acusación formal por cohecho contra ocho personas, entre ellos tres marinos argentinos y dos ex directivos de Ferrostaañ.

Las investigaciones en Buenos Aires fueron abiertas a instancias de la Oficina Anticorrupción argentina y se centraron en el presunto pago de sobornos relacionado con un contrato por unos 3,5 millones de euros relacionado con la construcción de patrullas guardacostas.

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