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El cambio climático (CC) no solo es un desafío existencial para la humanidad; es además una injusticia monumental. Debemos entonces enfrentarlo no solo con medidas que sean técnicamente adecuadas, sino también justas, para lo cual un enfoque de derechos humanos es fundamental.
El CC es un reto existencial porque, si la temperatura sobrepasa 1,5 °C frente a los niveles previos a la revolución industrial, ocurrirán catástrofes que serán devastadoras para cientos de millones de personas, como lo han documentado los reportes del Grupo Intergubernamental sobre CC (IPCC, por sus siglas en inglés), que recoge la mejor evidencia científica al respecto. Y la temperatura ya ha subido a 1,2 °C, por lo cual algunos proponen hablar de emergencia o crisis climática en vez de CC.
El CC es además una injusticia monumental porque quienes más sufrirán sus consecuencias son las poblaciones pobres y discriminadas, especialmente las del Sur Global, porque tienen menores recursos para protegerse y adaptarse frente al CC. Eso ya es injusto, pero la injusticia es aún mayor porque esas mismas poblaciones son las que menos responsabilidad tienen por el CC, por cuanto son las que menos gases invernadero han emitido en el pasado y menos emiten en la actualidad.
Un ejemplo de esta terrible injusticia: Bangladesh es uno de los países más vulnerables frente al CC y ya está sufriendo sus consecuencias, con inundaciones y ciclones cada vez más severos. Por el contrario, Estados Unidos será afectado en menor intensidad por el CC, pues cuenta con mejores recursos para adaptarse, especialmente su clase media y alta. Sin embargo, según datos de PNUMA (Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente), un bangladesí emitió 1,5 toneladas métricas de gases invernadero en 2018, mientras que un gringo emitió 19, es decir, unas 13 veces más. Y eso sin hablar del acumulado histórico mundial de emisiones desde 1850, que se calcula en 25 % para Estados Unidos, mientras que el de Bangladesh es insignificante (0,1 %), a pesar de ser un país muy poblado: casi 170 millones de habitantes.
Dentro de los países, esa injusticia se reproduce. Un estudio de Lucas Chancel, profesor del Instituto de Estudios Políticos de Paris, mostró que entre 1990 y 2019 el 1 % de personas de mayores ingresos emitieron 23 % del total de gases invernadero, mucho más que el 50 % de personas de menores ingresos, cuyas emisiones fueron de 16 %. Pero estas últimas serán quienes más sufrirán con el CC.
Difícil encontrar una injusticia mayor: las poblaciones que ya se encuentran en una situación muy dura (los pobres y desheredados del mundo) son quienes más padecerán el CC, a pesar de ser quienes menos lo han provocado. Por eso, la ineludible lucha para enfrentar el CC no consiste solo en reducir las emisiones de gas invernadero hasta llegar a cero, algo que ya es una tarea enorme, sino que es necesario hacerlo en forma justa, esto es, protegiendo especialmente a quienes tienen mayor vulnerabilidad frente al CC y menor responsabilidad por su ocurrencia y, al mismo tiempo, haciendo que los mayores costos de la transición y la adaptación sean asumidos por quienes tienen mayores capacidades y mayor responsabilidad.
Un paso importante en la búsqueda de esta justicia climática fue dado esta semana por los gobiernos de Chile y Colombia al pedirle a la Corte Interamericana una Opinión Consultiva sobre las obligaciones de los Estados en derechos humanos frente al CC. La razón: un enfoque de derechos humanos es trascendental para enfrentar en forma justa y eficaz este desafío existencial para la humanidad, como intentaré mostrarlo en próximas columnas.
* Investigador de Dejusticia y profesor Universidad Nacional.
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