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Entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 2021, se registraron en Colombia 40.157 muertes por suicidio. Es una cantidad de personas similar a las que caben en estadio El Campín, en Bogotá. También es una cifra casi tres veces mayor a la capacidad de espectadores que puede recibir el Movistar Arena, cuando hace eventos que llenan todas sus sillas. Es, incluso, mayor al número de asistentes que hubo el primer día de apertura del último festival Stéreo Picnic (unos 32 mil).
A los periodistas nos gusta buscar comparaciones para ayudar a dimensionar algunas cifras, pero no siempre esos ejercicios son útiles para capturar las consecuencias de algunos eventos (como el suicidio). Quienes estudian salud, en cambio, han encontrado caminos que ayudan a mostrar por qué deberíamos prestarle mucha más atención a temas tan relevantes como el suicidio.
Para la muestra, un botón: las 40.157 muertes por suicidio que hubo en Colombia en esos 17 años, equivalieron a 2.104.731 “años de vida potencialmente perdidos”.
¿Qué quiere decir eso? Que esa es la cantidad de años que se esperaría que hubiesen vivido esas personas, según la expectativa de vida que tenemos los colombianos. Para decirlo en palabras de Carlos Castañeda-Orjuela, es una medida que ayuda a comprender un poco mejor el impacto que pueden tener ciertos desenlaces. Los epidemiólogos suelen expresar ese indicador con una sigla: AVPP.
Castañeda-Orjuela es médico, PhD en Salud Pública. También es el director del Observatorio Nacional de Salud, una dirección del Instituto Nacional de Salud (INS). Junto a Jean Carlo Pineda-Lozano y Diana Patricia Díaz-Jiménez, investigadores del INS, calculó esa cifra, que hace parte de un estudio que fue publicado hace poco en la revista especializada Biomédica. “Carga económica de la muerte prematura por suicidio en Colombia entre 2005-2021” es como lo titularon.
Justamente, además de calcular los años de vida potencialmente perdidos, el equipo quiso saber cuál fue la carga económica de los costos indirectos asociados con la mortalidad por suicidio en Colombia entre el 2005 y el 2021. Sin detenernos mucho en los detalles de la metodología, para hacerlo consideraron los años de vida productivos que tiene una persona, antes de entrar en la edad de pensión (58 años para las mujeres; 62, para los hombres).
Como explica Castañeda-Orjuela, se pararon en dos escenarios para evitar juicios de valor. En uno asumieron que esas personas tenían un ingreso mínimo (el salario mínimo). En el otro, asumieron que ese grupo ganaba lo equivalente al Producto Interno Bruto per cápita, que no es otra cosa que el PIB dividido por la población total del país.
“Con esa valoración y el número de años de vida potencialmente perdidos podemos estimar las pérdidas productivas en un escenario conservador”, dice Castañuela-Orjuela. Es conservador, entre otras cosas, como reconocen los autores en su artículo, por una limitación: un suicidio tiene otros costos directos e indirectos, como los gastos médicos y los efectos psicosociales en familias y comunidades afectadas, que no están contemplados en el artículo.
Hecha esa aclaración, ¿cuál fue la carga económica del suicidio en Colombia entre 2005 y 2021? “Las muertes reportadas representaron un costo total de US $ 4.210 millones (dólares) en el escenario de salario mínimo anual y de US $ 7.177 millones en el escenario del PIB per cápita”, escribieron en su investigación.
En otros términos, eso quiere decir un costo promedio por año de USD $247,6 millones y de US $ 422,2 millones en cada uno de los escenarios.
Las edades y departamentos más inquietantes
Uno de los principales hallazgos que encontró Castañeda-Orjuela y el grupo, tras analizar los datos de mortalidad del Dane, es que hay ciertos grupos en los que vale la pena concentrar los esfuerzos de atención y prevención.
Por ejemplo, el 80,7% de las muertes por suicidio que hubo en el período analizado fue en hombres y estuvieron concentradas en quienes tenían entre 15 a 29 años (41,5%). La mayoría de esas personas eran habitantes de áreas urbanas (77,3%) y “estaban concentradas en los departamentos más densamente poblados”. Además, el 38% de ellos estaban afiliados al régimen subsidiado.
De hecho, el costo económico más alto lo representa el grupo que de hombres que tenía entre 20 y 24 años, en los dos escenarios propuestos por los investigadores: US $ 1.587.149, en el escenario de salario mínimo, y US $ 2.705.981, en el escenario de PIB per cápita. Dicho de otra manera, generaron un costo acumulado de US $ 793,5 millones y de US $ 1.352,9 millones (en el escenario 1 y 2), entre 2005 y 2021.
En el caso de las mujeres, sucedió algo similar: el grupo entre 15 y 19 años “concentró el mayor costo promedio, con US $ 667.250 y US $ 1.137.615”, en cada escenario. El costo acumulado en todo el período abordado fue de “US $ 324,1 millones y de US $ 484,6 millones”.
Pero, como añade Castañeda-Orjuela, otra de las cosas valiosas que notaron es que el suicidio no se distribuye de manera homogénea en todo el territorio colombiano. El siguiente mapa que ayuda a entender un poco mejor a qué se refiere. Muestra los años de vida potencialmente perdidos por cada cien mil habitantes. Es claro que los departamentos de la región Amazonia y Orinoquia es donde están las tasas más altas.
Precisamente, aunque el costo acumulado (y el promedio de cada año) se concentra en los departamentos donde hay mayor densidad poblacional (Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca), al ajustarlo por población en tasas por mil habitantes, Vaupés y Amazonas son los que han tenido el costo más alto a lo largo de una década y media. En una posición similar está Quindío.
Para la epidemióloga Silvana Zapata, que no participó en la investigación, el estudio que llevaron a cabo Castañeda-Orjuela, Pineda-Lozano y Díaz-Jiménez, cumple con los parámetros básicos y sigue un método correcto. Celebra que hayan empleado datos oficiales del Dane y no del Forensis (que suelen ser “preliminares”) y del Banco de la República, lo que “otorga credibilidad a sus resultados”. “Las proyecciones poblacionales ajustadas post-pandemia son un punto positivo, porque ajusta la serie de datos de análisis para el cálculo de años perdidos”, señala.
Sin embargo, cree que la falta de consideración de costos directos (como la atención médica) y efectos psicosociales, subestima la carga total que pueden tener los suicidios. “Además, al centrarse en datos transversales, no analiza cambios dinámicos en las tendencias del suicidio”, agrega. A su juicio, hubiese sido valioso añadir cómo esas diferencias por sexo interactúan con otras variables como “ubicación geográfica, nivel educativo y acceso a servicios de salud mental, para enriquecer la perspectiva del impacto social y económico”. De igual manera, señala que hubiese sido valioso profundizar en la salud mental masculina en contextos de alta vulnerabilidad.
Como lo reconocen los autores en el artículo, estimar la carga económica del suicidio en Colombia es un “fenómeno complejo y multifacético”, que también requiere un abordaje “multidimensional”, que tenga en cuenta, entre otras cosas, más factores sociales, económicos y culturales. Para Castañeda-Orjuela, sus hallazgos también reiteran lo que sabemos desde hace un buen tiempo: que el sistema de salud debe atender de manera más rápida asuntos de salud mental y brinde acceso a especialistas de forma más eficaz.
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Por Sergio Silva Numa
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