Corte Suprema revisará nuevo acuerdo de paz

El alto tribunal presentó hace tres semanas una serie de propuestas frente a la conformación y alcances de la Jurisdicción Especial para la Paz.

15 de noviembre de 2016 – 04:23 p. m.

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La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Margarita Cabello Blanco aseguró que en la Sala Plena que se realizará el próximo jueves se analizará el nuevo acuerdo de paz firmado el pasado sábado entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc en La Habana (Cuba). La idea es revisar todo lo acordado frente a la jurisdicción especial para la paz que será la encargada de investigar, procesar y condenar a los guerrilleros que suscriban el acuerdo.

“La idea es que analicemos el acuerdo e intercambiemos opiniones”, precisó la magistrada a CM&. En este sentido recordó las propuestas que le fueron presentadas a los negociadores del Gobierno en semanas anteriores frente a los alcances de la nueva jurisdicción, las falencias que tenía el acuerdo firmado el 26 de septiembre y la conformación del tribunal que será el encargado de adelantar los procesos.

Cabello Blanco aseguró que en la mañana de este martes se ordenó remitir copia del nuevo acuerdo suscrito a todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para que evalúen el mismo y presenten sus observaciones en la Sala Plena. Fuentes cercanas al alto tribunal han manifestado que existe un aval debido a que varias de las propuestas fueron acogidas por el equipo negociador del Gobierno liderado por Humberto de la Calle.

“Las propuestas que de una manera cordial hizo la Corte Suprema de Justicia sería magnífico, porque con nuestra opinión estamos ayudando a que el acuerdo surja de la mejor manera posible, igual vamos a analizarlo y a emitir una opinión una vez lo hayamos profundizado”, precisó la magistrada. (Ver Las propuestas de la Corte Suprema frente a la justicia transicional para las Farc)

Entre las propuestas presentadas se encontraba la necesidad que los magistrados que conforman el Tribunal Especial fueran colombianos, un término de cinco años para su aplicación, una modificación de la figura de cierre para los casos que han pasado a “cosa juzgada” y la acción de tutela.

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