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Una de las decisiones más importantes del acuerdo de paz fue la de dejar en manos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la verificación del cese al fuego y la dejación de armas. Después, la verificación se amplió al proceso de reincorporación y a las garantías de seguridad, y luego se dio otra ampliación para verificar el cumplimiento de las sanciones propias que imponga la JEP. De ahí surgió la misión de verificación que ha venido actuando con rigor. Gracias a ella y a la Comisión Primera del Senado correspondiente al periodo 2018-2022, de la que hizo parte el hoy presidente Petro, el gobierno anterior y sus congresistas aliados no pudieron modificar el acuerdo. Alguien dijo hace unos meses, con acierto, que durante el gobierno pasado esa misión, además de constatar los pocos avances en la implementación, también debió hacer un esfuerzo diplomático para hacerle ver a Iván Duque que una derogatoria parcial o total del acuerdo le traería consecuencias en la comunidad internacional.
Por solicitud del gobierno actual y de las antiguas Farc, en sesión de la semana pasada el Consejo de Seguridad decidió ampliar nuevamente el mandato para la misión a fin de verificar la implementación del capítulo de reforma rural integral y el capítulo étnico. Fue muy importante en ese evento la presencia de la vicepresidenta Francia Márquez y del canciller Álvaro Leiva. Dicha ampliación es una buena noticia porque una de las principales características del acuerdo de paz es que no se agota en la reincorporación a la vida civil de quienes estuvieron en armas y en garantizar los derechos de sus víctimas, sino que también se ocupa de sentar las bases para una transformación económica y social de los territorios que han padecido el conflicto. Por tal razón, haber logrado que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas empiece a verificar e informar sobre el avance de la implementación de los capítulos atrás mencionados se convierte en una garantía para los campesinos, las comunidades indígenas y las comunidades afrodescendientes.
En otras palabras, las políticas de desarrollo rural y de inclusión étnica estarán bajo la mirada de la comunidad de naciones. Esta nueva realidad es muy favorable para un gobierno que está empeñado en alcanzar la “paz total” y que, como lo señalé en mi columna anterior, se ha tomado en serio la tarea de democratizar el acceso a la propiedad rural y de mejorar las condiciones de vida de los habitantes del campo, incluyendo a indígenas y negros.
El acuerdo de paz colombiano ha sido tomado como un ejemplo para el mundo. Si en su desarrollo la comunidad internacional tiene la posibilidad de observarlo en su integridad, podríamos ser vistos como una sociedad que a partir de la paz hace el tránsito de la inequidad y la exclusión a la equidad y la inclusión.
PD. Como ciudadano quiero expresar a Carlos Ruiz y a Raúl Rosende, junto con todo el equipo de la misión de verificación, mi gratitud por su contribución para que el proyecto de “paz total” que lidera el presidente Gustavo Petro se convierta en una realidad.
Por Guillermo Rivera
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