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Cuando la suerte parecía echada y los opositores al corredor verde celebraban el hecho de que, al igual que en la alcaldía de Enrique Peñalosa también lograron frenarle a esa administración la licitación para llevar Transmilenio por la carrera séptima, un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca cambió el panorama. El fallo de la tutela por vulneración al debido proceso y a la defensa, que radicaron la alcaldesa Claudia López y los consorcios Vial del Norte y CCP 7MA (interesados en el contrato), salió a su favor y los magistrados no solo ordenaron revocar la medida cautelar que suspendió el proceso, sino que dieron luz verde para seguir con el proceso.
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No obstante, vale aclarar que una vez notificada la decisión se darán tres días para apelar. En este caso, el pleito llegaría a manos del Consejo de Estado, que por lo general se toma su tiempo para resolver segundas instancias. Por ahora, con esto el IDU podrá adjudicar el contrato del tramo III de obra (calle 100 hasta la 220), para el cual hay oferentes, y es el que genera menos resistencia. Sin embargo, el futuro de la licitación de los tramos I y II (entre el Parque Nacional y la calle 100), que son los más polémicos y los de mayor resistencia, pese a estar todo listo para reabrir la licitación (un primer intento resultó desierto), prefieren someterlo a análisis.
Acá hay varios aspectos por considerar: el tiempo, ya que faltan apenas 40 días para el cambio de mando, y que el alcalde electo, Carlos Fernando Galán, no está de acuerdo con la obra como está diseñada y ha expresado su interés en poder concertarlo y modificarlo con los vecinos de la obra.
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La decisión del Tribunal se conoció casi un mes después de que el Juzgado 35 Administrativo ordenara la suspensión de la licitación, tras acceder a la medida cautelar que pidieron los opositores al proyecto en medio de una acción popular. Luego del fallo llegó la tutela, la cual no fue tan fácil de resolver: la Sección Tercera debatió dos ponencias, la de la magistrada Beatriz Teresa Galvis Bustos, que fue derrotada el 15 de noviembre de 2023, y la del magistrado ponente Juan Carlos Garzón Martínez, que finalmente fue la que se impuso.
El proceso
El IDU, en los primeros años de la actual administración, elaboró los estudios para el corredor verde y a mediados de este año abrió la licitación, pero el 8 de septiembre se radicó una acción popular, “al considerar vulnerados los derechos a la moralidad administrativa, al patrimonio público, al goce del espacio público y a la utilización y defensa de los bienes de uso público. Se apoyaron en señalar que la alcaldesa defraudó la buena fe de los bogotanos al incumplir la promesa de campaña de no hacer Transmilenio por la séptima. En el mismo proceso pidieron medida cautelar.
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La acción popular le correspondió por reparto al Juzgado 35 Administrativo del Circuito de Bogotá D. C., que el 5 de septiembre admitió la demanda y, a pesar de los argumentos del Distrito para desestimar el proceso, el 25 de octubre de 2023 ordenó suspender la licitación hasta que se modificara el diseño y se eliminara de su diseño la troncal o se profiera sentencia.
Frente a la decisión, William Mendieta, secretario jurídico del Distrito, señaló que “en la decisión el Tribunal determinó que esa autoridad judicial había violado el derecho al debido proceso del Distrito y de los proponentes. Esta decisión establece como precedente que en materia de acciones populares no le es permitido al juez suspender o anular actos administrativos de carácter contractual. La decisión también encontró que el juez había interpretado erradamente el programa de gobierno y el Plan Distrital de Desarrollo, al sostener equivocadamente que estos prohibían la construcción del corredor verde por la séptima”.
Por su parte, los opositores al proyecto expresaron su indignación por el fallo del Tribunal. “Si bien se levantó la medida cautelar, hay que decir que esta troncal realmente tiene por objetivo extender la operación de Transmilenio en Bogotá. Hago un llamado a que el alcalde electo, Carlos Fernando Galán, haga, como él lo ha planteado, una revisión del proyecto para entregarle una obra que beneficie a los ciudadanos”, dice la concejal Heidy Sánchez (Pacto Histórico).
De igual manera, Diana Diago, concejal del Centro Democrático, calificó de lamentable el fallo. “Qué pesar por la carrera séptima, un corredor vial emblemático para los bogotanos está en riesgo por un proyecto que no se socializó, no se escuchó a la ciudadanía y, sobre todo, es descabellado, ¿cómo se le ocurre quitarle dos carriles a la carrera séptima?”, reaccionó.
Pese a las críticas hay voces a favor, y señalan como un despropósito que los jueces paren proyectos de infraestructura vial. “El peor escenario es que llevamos 20 años tratando de hacer algo en la carrera séptima. El siguiente peor escenario es seguir sin hacer nada. Está en manos del alcalde electo decidir qué hacer, pero de empezar de cero el proceso tardará otra alcaldía”, aseguró Luis Guzmán, docente de la U. los Andes.
Con el fallo del Tribunal, el proyecto del corredor se levanta de la lona. Resta esperar cómo, en medio del empalme, tanto alcaldesa saliente como alcalde entrante dialogan y definen qué futuro tendrán los dos primeros tramos del proyecto, los cuales siguen siendo epicentro de la discusión.
Por Alexánder Marín Correa
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