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No hay justificación para seguir adelante con el proceso de venta de Isagén, la tercera generadora de energía del país, en la que el Gobierno tiene una participación del 58% y por la cual espera recaudar $3,5 billones para tapar el hueco fiscal el Estado.
Así lo denunciaron la Red de Veedurías de Colombia y Acolgen, gremio que agrupa a las empresas generadoras de energía.
Mientras que Libardo Espitia, coordinador de Servicios Públicos de la Red de Veeduría, sostiene que el Gobierno está actuando en contravía del Programa de Renovación Pública, ya que éste estableció que sólo se debe salir de los bienes improductivos, María Zulema Vélez, de Acolgen, prendió las alarmas por el riesgo que implica la venta de Isagén a Empresas Públicas de Medellín (EPM).
La dirigente explicó que “es válido el interés de cualquier inversionista en participar en el proceso de enajenación, sin embargo, es fundamental que dicho interés no comprometa el propósito superior, como es el de contar con un mercado competitivo”
Entre tanto, Espitia indicó que el presidente Uribe incurrió en un error al ofrecerle la compañía a EPM, ya que de adquirirla superaría el 25% de participación en el mercado y se permitiría un monopolio.
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