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Bogotá. 1° de abril. En la Plenaria de la Cámara de Representantes, los congresistas hacen una votación y aprueban la intervención de Claudia Queragama, lideresa de la comunidad Embera Katío. Con un poco de nervios, sube al atril donde hay un letrero grande que dice “niñas sin ablación. La ablación no es cultura”. Con voz tajante denuncia que muchas niñas han muerto en el territorio y que ha llegado la hora de erradicar la mutilación genital femenina o ablación, una práctica que se realiza en niñas desde los 17 días de nacidas hasta los 12 años.
(Puede ver aquí el especial multimedia sobre mutilación genital femenina)
Su intervención finaliza y, una vez más, se abre la votación. Esta vez es para aprobar o no el proyecto de ley 018 de 2024, que busca erradicar esta práctica en Colombia. Con 73 votos a favor, la iniciativa supera su último debate en la Cámara. Ahora comienza su recorrido en el Senado, donde solo le restan dos debates para que se convierta en ley.
Carolina Giraldo Botero, una de las ponentes, toma el micrófono, agradece a la plenaria por aprobar la iniciativa y reitera que “si este proyecto no se hace con las comunidades no va a ser exitoso”. La idea, recuerda en una llamada, surgió tras varios encuentros con mujeres indígenas de Pueblo Rico, Risaralda. Allí, el hospital San Rafael registró 141 casos de mutilación genital femenina entre 2011 y 2021. En las conversaciones, las mujeres expresaron su necesidad de que se prohibiera esa práctica y cuando Giraldo asumió su curul, decidió llevar esta petición al Congreso. Lo hizo por medio del proyecto de ley.
En la construcción de este documento también participó Leandra Becerra, abogada de la organización Equality Now. Explica que el primer paso fue conformar una alianza anti-ablación, integrada por lideresas indígenas de territorios como Pueblo Rico, consejeras de varias organizaciones indígenas, representantes del Ministerio del Interior, el comité de género de la Gran Nación Embera, los equipos de las congresistas y miembros del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Luis Mora, representante de esta entidad en Colombia, destaca que “la receptividad de las comunidades indígenas fue extraordinaria” y que de esa alianza surgió el primer borrador del proyecto de ley.
La propuesta, explica Jennifer Pedraza, representante y quien hace parte de la iniciativa, propone crear una política pública con enfoque intercultural, construida con la comunidad Embera, para prevenir y erradicar esta práctica, la cual han insistido las mujeres y lideresas indígenas, no hace parte de una tradición de sus pueblos. Claudia, por ejemplo, asegura que en su resguardo, Alto Andágueda, ubicado en Chocó, esta práctica existe, pero no proviene de sus costumbres ancestrales. “Se cree que fueron los españoles quienes la introdujeron. Cuando nacía una niña, le hacían “la operación” dentro de las comunidades. Eso no es algo de tradicional”, detalla y señala que también pudo estar relacionada con la popularidad que fueron tomando los internados en la zona. “Se habla que fueron un grupo de religiosas las que también lo pudieron llevar al territorio”.
(Puede leer: Las secuelas de la mutilación genital femenina en Colombia)
Otro de los puntos clave del proyecto es la creación de un sistema de información. Aunque Colombia reconoció oficialmente la existencia de casos en 2007, aún persiste un subregistro considerable, en opinión de Mora. El Ministerio de Salud, por ejemplo, reportó 54 casos en 2024 y 91 en 2023; mientras que las cifras recopiladas por el Instituto Nacional de Salud (INS) mostraron que entre enero y noviembre de 2023 se detectaron 89 casos. El panorama de esta práctica sigue sin estar claro, pero, por los casos, se ha podido establecer que la mayoría de ellos han ocurrido en las comunidades indígenas, principalmente en las Embera.
Juliana Dominico, consejera y representante de la Gran Nación Embera y quien también hizo parte de la construcción del proyecto de ley, subraya que en el documento fueron muy cuidadosas para evitar que se señalara únicamente a un solo pueblo. La razón, añade, es porque podría caerse en la estigmatización. Recuerda que cuando salió a la luz el primer caso, en marzo de 2007, se señaló al pueblo en Embera de manera discriminatoria y “todavía ese peso se sienten en los diferentes espacios”. Sostiene que la mutilación genital femenina — calificada por el Ministerio de Salud como una forma de violencia sexual — se debe abordar como un tema de salud pública y contar con una atención integral, en la que participen diversos actores.
Mientras se radicaba este proyecto, el representante Christian Garcés elaboró otra iniciativa para abordar esta misma problemática. La idea, detalla en una llamada, surgió luego de una visita a uno de los asentamientos de las comunidades indígenas en el Parque Nacional. Allí se dio cuenta de que aún persistía esta práctica que, según cifras de UNICEF, ha afectado a 230 millones de mujeres y niñas en el mundo. Su iniciativa, la 018 de 2024, tenía un punto adicional: declarar la mutilación genital femenina o ablación como un delito. En su propuesta pedía que aquella persona que “causare a otro una mutilación genital femenina en cualquiera de sus manifestaciones, incurrirá en pena de prisión de doce a veinte años”.
Al existir dos proyectos de ley con el mismo fin, el paso a seguir para iniciar su camino en el Congreso, era unirlos, pero, cuenta Pedraza, hay un punto en el cual todavía no han podido tener un acuerdo: tipificar el delito. “Este es el gran punto neurálgico del debate. Estamos a la espera de un concepto del Consejo de Política Criminal y esperamos que sea negativo”, indica y añade que no sería el mejor camino para llegar a la tolerancia cero de la ablación. “En Colombia creamos y creamos un montón de delitos cuando tenemos en la justicia un trancón de casos, que ni siquiera llegan a condena”.
Esta posición la respaldan desde El Observatorio de Agenda Legislativa de la Universidad Externado. En un concepto emitido y socializado el 20 de marzo de 2025 durante una audiencia pública, el observatorio advirtió que la penalización podría “terminar afectando a madres, parteras y abuelas de la comunidad, en lugar de abordar el problema desde la educación y el diálogo”. Además, indicó, podría incrementarse el riesgo de las niñas. En una investigación publicada en el Journal of Sociology and Social Welfare, Kay Young McChesney, máster en Trabajo Social y profesora de la Universidad de Illinois Springfield, comparó las estrategias implementadas en 28 países africanos donde se practica la ablación. Su conclusión fue que la penalización, lejos de erradicarla, agravó la situación.
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Fue el caso de Egipto, donde se evidenció que no se presentó una reducción de los casos tras la criminalización de la ablación en 2000. Seis años después de que se implementara la medida, varios estudios mostraron que el 86% de las niñas seguían siendo víctimas. Otro caso fue el de Senegal, donde la criminalización obstaculizó los esfuerzos comunitarios y tuvo consecuencias negativas, como por ejemplo, que empezara esta práctica en edades más tempranas. A los ojos de Mora, de UNFPA, es importante no perder de vista que, tipificar un delito presenta una serie de desafíos, pero que, en algunos casos, “es muy difícil llevar a cabo cualquier tipo de política pública o de intervención comunitaria, sin el amparo de una prohibición legal”.
De aprobarse esta iniciativa, dice Luis Mora, de la UNFPA, “Colombia puede hacer historia. Es el país que en este momento tiene todas las posibilidades de ser el primero que erradique la ablación”. Hasta el momento, en ninguna de las naciones donde se han registrado casos, que son 94, han conseguido a llevar a la tolerancia cero de esta práctica, pero en 59 ya existen leyes específicas contra la ablación. La organización Equality Now, en un informe, resalta que “En Portugal, Reino Unido y Gambia se produjeron los primeros enjuiciamientos con éxito de la historia por conspirar, realizar o transportar a una niña para someterla a la mutilación”.
Dominico, de la Gran Nación Embera, pide que no se olviden los esfuerzos que se han llevado a cabo desde las comunidades, como es el caso de Pueblo Rico, Risaralda. En 2008, el juzgado municipal de Pueblo Rico solicitó al presidente de la república, al gobernador del departamento, al alcalde del municipio y al gobernador mayor del resguardo indígena Embera Chamí que expidieran actos administrativos, como decretos o resoluciones, necesarios para prohibir de forma inmediata y urgente la mutilación genital femenina en este territorio. Esto, en su opinión, sirvió de ejemplo para que otros pueblos indígenas le prestaran la atención a esta práctica.
El gran reto al que se enfrenta ahora el proyecto, además de superar su trámite en el Senado, es en conseguir los recursos necesarios para su adecuada implementación, pues, dice Dominico, es fundamental que cuenten con una asignación de recursos directos, pues pasaría lo que sucedió con otros proyectos que se han llevado a los pueblos indígenas: “quedan inconclusos por falta de dinero y no tienen el impacto esperado”.
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