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En menos de una semana, dos senadores de la República y un alcalde fueron víctimas de graves hechos de violencia en los departamentos de Arauca y Cauca. La congresista Aida Quilcué y Óscar Guachetá, alcalde de Morales (Cauca), y sus escoltas fueron secuestrados durante varias horas, el mismo día, por hombres armados. Y el senador Jairo Castellanos sufrió un atentado en el cual murieron dos personas de su esquema de seguridad. Estos hechos hablan del crítico panorama en pleno año electoral.
Pero no solo los hechos violentos hablan sobre la crisis de seguridad que vive el país. La Misión de Observación Electoral (MOE) alertó hace solo una semana sobre los riesgos de cara a los comicios de 2026, especialmente por la acción de los grupos al margen de la ley. “Los hallazgos evidencian un preocupante aumento del riesgo en territorios vulnerables, donde la violencia y la presencia de grupos armados ilegales limitan la participación ciudadana y afectan la libertad de prensa”, señaló el organismo en su más reciente informe.
El atentado contra el senador Castellanos, los secuestros de la congresista Quilcué y del alcalde Guachetá dan cuenta de que las advertencias de las entidades que le ponen la lupa a la situación de seguridad no han sido tenidas en cuenta por las autoridades como deberían hacerlo. “La política de ‘Paz Total’ ha generado efectos no previstos, como la intensificación de disputas territoriales y el fortalecimiento de estructuras armadas como el Eln, el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc”, detalla el documento.
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Los tres hechos violentos que han marcado la semana
El más reciente ataque contra líderes políticos en el país ocurrió en la tarde del martes 10 de febrero, en la vía que comunica a los municipios de Inzá y Totoró (Cauca). La senadora Aida Quilcué, del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), se movilizaba desde el municipio de La Plata (Huila) hacia Popayán (Cauca), cuando cerca del Páramo de Puracé, según narró la congresista, hombres armados y vestidos con camuflado interceptaron el vehículo en el que viajaba junto a su esquema de seguridad.
Los hombres armados obligaron a la senadora y a sus escoltas a seguirlos y los llevaron hasta un sitio desconocido. La guardia indígena, la fuerza pública, el ministro de Defensa y hasta el presidente de la República advirtieron la desaparición de la senadora y de inmediato encendieron las alarmas para intentar dar con su paradero y el de sus escoltas. El vehículo fue hallado en una carretera, abandonado. Pero de la senadora no había rastro hasta que cuatro horas después se reportó que la guardia indígena la había rescatado.
“Ellos estuvieron apuntándonos con el arma todo el tiempo. Pero la presión de la guardia, de las autoridades y de la fuerza pública, seguramente ellos la sintieron cerca y nos abandonaron. Prácticamente, nos abandonaron en el sitio a donde nos llevaron”, indicó la senadora Quilcué después de su liberación. La congresista interpuso este miércoles la denuncia ante la Fiscalía y las autoridades han dicho que, al parecer, fueron integrantes de la estructura Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc.
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Ese mismo día, también en el departamento del Cauca, fue secuestrado por hombres armados el alcalde del municipio de Morales, Óscar Guachetá. El mandatario regional regresaba de asistir a reuniones en la ciudad de Bogotá y se movilizaba junto a su esquema de seguridad cuando fue interceptado por cuatro hombres armados que se movilizaban en motocicletas y dispararon contra la camioneta en la que viajaba el alcalde. Según la información que se conoce, el hecho ocurrió en la vía Panamericana, entre Popayán y Cali.
La Alcaldía de Morales emitió un comunicado rechazando el hecho del cual fueron víctimas el alcalde y su esquema de seguridad. “Rechazamos de manera absoluta todo acto de violencia que atente contra la vida, la integridad y la seguridad de cualquier persona (…). Repudiamos totalmente los actos que siembran miedo, desestabilizan la institucionalidad y vulneran la tranquilidad del pueblo moralense”, señalaron en su pronunciamiento.
Durante varias horas, el mandatario y sus escoltas estuvieron en poder de los hombres armados, quienes aún no se sabe a qué grupo ilegal pertenecen. Hasta que en la madrugada de este 11 de febrero, el Ejército confirmó que lograron la liberación del alcalde y un integrante de su esquema de seguridad por medio de una operación de rescate adelantada por uniformados de la Tercera División del Ejército, en coordinación con el Gaula Militar y la Policía Nacional, en zona rural del municipio de Caldono (Cauca).
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El tercer hecho ocurrió hace una semana, el 5 de febrero, en vías del municipio de Fortul (Arauca), contra el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos, de la Alianza Social Independiente (ASI). Un grupo de al menos cinco hombres armados interceptó uno de los vehículos blindados que escoltan al congresista y lo atacó con ráfagas de fusil. En el hecho murieron los escoltas Wilmer Antonio Leal de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y el patrullero Esmeli Manrique Valencia.
Según la información conocida sobre el hecho, eran dos los vehículos del esquema de seguridad que se movilizaban por esa vía del departamento de Arauca. En el segundo se transportaban tres de sus asesores, que iban hacia Yopal (Casanare), donde iban a recoger al congresista que estaba adelantando actividades políticas. Los tres asesores también fueron retenidos durante varias horas y reportados como secuestrados por parte del senador. Por fortuna, un par de horas después del ataque, fueron dejados en libertad.
Días después del grave atentado, el Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional (Eln) emitió un pronunciamiento en el que se atribuyó la responsabilidad en ese crimen. “No fue nuestro objetivo, tampoco nuestra orientación, atentar contra el senador Castellanos o constreñir sus tareas electorales en la región. No nos proponemos impedir o alterar el proceso electoral de marzo ni las elecciones presidenciales próximas”, indicó la guerrilla en su comunicado.
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Panorama crítico
Aunque el Eln haya asegurado que el atentado en contra del senador Castellanos, en el que murieron dos de sus escoltas, “obedece a la situación de guerra que se presenta en la región”, este hecho y los demás ataques perpetrados contra políticos y líderes sociales dan cuenta de que la situación de cara a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026 es preocupante. Así lo señaló también la MOE en su informe: 339 municipios del país están en riesgo por cuenta de los factores de violencia que se presentan allí.
El informe de la entidad detalla que son cinco los sitios del país en los que se distribuyen los riesgos. El primero de ellos es en el departamento de Arauca, donde ocurrió el atentado contra el esquema de seguridad del senador Castellanos. “Se registran focos de riesgo alto y extremo en el extremo oriental del municipio de Cravo Norte y en la región del Sarare, donde los municipios de Arauquita, Fortul y Saravena concentran las alertas más significativas”, indica el documento de la MOE.
En el norte de Antioquia y el sur de Bolívar, la entidad identificó “de manera casi generalizada niveles de riesgo extremo” por cuenta de riesgos de fraude electoral, problemas de seguridad y orden público. Lo mismo en el norte del departamento del Cauca, donde, según la MOE, se encuentra “uno de los principales focos de riesgo extremo a nivel nacional”. Esa zona del país, además, tiene especial influencia del Eln y de las disidencias de las Farc, que durante los últimos años han mantenido una guerra por el control territorial.
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El estudio también detalla que no es un asunto reciente, pues varios municipios presentan el mismo nivel de riesgo electoral que tenían en 2022, cuando se desarrollaron las últimas elecciones legislativas y presidenciales. Nueve municipios de Antioquia siguen en alerta roja, uno de Arauca, tres de Caquetá, cuatro del Cauca, tres en Chocó, uno en La Guajira, dos en Meta, uno en Nariño, dos en Norte de Santander y uno más en Putumayo. Sin embargo, el país pasó de 420 municipios en riesgo en 2010 a 339 en el 2026.
“Desde 2018 se observa un aumento leve pero sostenido del riesgo por factores de violencia, lo que evidencia las limitaciones en la implementación integral del Acuerdo de Paz y la persistencia de vacíos de seguridad en los territorios”, señala el informe. Y agrega: “Este comportamiento refleja un cambio en los ciclos del conflicto, con violencias cada vez más locales y fragmentadas, asociadas al control de economías ilegales, que continúan interfiriendo en la competencia electoral y en el ejercicio libre del voto”.
El informe concluye con un llamado de atención a las autoridades para que revisen los riesgos de cara a las elecciones: “Desde la MOE se recomienda a las autoridades realizar presencia institucional mediante Comisiones de Seguimiento Electoral, con la participación de las organizaciones que hacen parte de la contienda electoral, con el fin de atender de manera preventiva y prioritaria las situaciones presentadas”. De lo contrario, como lo muestran los hechos recientes, las condiciones para la política no están dadas.
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Por Gustavo Montes Arias
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