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Cediendo a las presiones de los congresistas el Gobierno accedió a redistribuir 1.012 billones de pesos para fortalecer algunos sectores sociales.
Para transporte e infraestructura se adicionaron 275 mil millones de pesos al presupuesto inicialmente pactado; para protección social se aprobaron 196.700 millones principalmente para fortalecer a algunos hospitales y para atender el requerimiento de salud pública.
Funcionarios del Gobierno explicaron que la totalidad de recursos del equivalente a 1.012 billones de pesos, salen de modificación de los cronogramas de pago de deuda pública. Igualmente, fueron sacados de seguridad y defensa especialmente del presupuesto de la agencia logística y del fondo rotatorio por un monto de 221 mil millones de pesos.
Dentro de la redistribución a las universidades públicas les adicionaron recursos por 55 mil millones de pesos y la justicia con 48.600 millones de pesos.
El senador Camilo Sánchez reiteró las quejas contra la mala redistribución del presupuesto que afecta a las regiones de menores recursos y fortalece a las ricas, ampliando la brecha entre unas y otras.
Programas sociales
El ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, justificó la redistribución de los recursos del Presupuesto por 1,012 billones de pesos, porque "se fortalecen los programas sociales. Hay una asignación de recursos grande para protección social, para universidades, para vivienda rural, para infraestructura y para agricultura".
Indicó que con eso "hemos atendido el clamor de las diferentes comisiones del Congreso que, después de haber evaluado la propuesta del Gobierno han considerado prudente incrementar recursos en estos sectores sociales".
Aclaró que la cuantía del Presupuesto aforado en 148,3 billones de pesos no se modifica y lo que se hace es una "reasignación de recursos fundamentalmente del sector Hacienda para atender las necesidades sociales de las otras áreas del Gobierno".
Seguridad de los jueces
El ministro de Hacienda recordó que dentro de la reasignación de recursos hay dineros para la seguridad de los jueces, "promesa que había hecho el señor Presidente recientemente de mejorar los mecanismos de protección a las Altas Cortes y a los concejales".
El funcionario indicó que esos nuevos recursos son equivalente a unos tres millones de dólares, unos 7.000 millones de pesos, "que son anticipar los recursos que se habían comprometido con los últimos hallazgos que había hecho la Policía Nacional de dinero del narcotráfico".
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