Entre extradición y Corte Penal Internacional

El 14 de julio de 1988, el Estado Mayor de las autodefensas envió una carta al presidente electo, Andrés Pastrana, en la que reiteró su condición de organización político-militar, planteó un proceso de negociación con el gobierno, evidenció su interés en la convocatoria de una constituyente y pidió el despeje militar de un municipio del norte del país para adelantar diálogos de paz. Sin embargo, la administración Pastrana ya había comprometido su futuro en una negociación con las guerrillas que tuvo más escándalos que avances, y en la que las Farc privilegiaron su obsesión por el canje, mientras el Eln se empecinó en un despeje en el sur de Bolívar. (Vea:Reacomodo del crimen organizado en tiempos del 8.000)

 

Una época de discursos de paz pero también de soterrada guerra sucia  con masacres, desplazamientos o asesinatos selectivos. A mediados de 2001, desde perspectivas ideológicas adversas, tanto los grupos guerrilleros como los de autodefensas concretaban acciones para sacar ventaja política. Al tiempo que en el sur del país, en la llamada región del Caguán, las Farc firmaban con el gobierno un acuerdo humanitario para devolver a  más de 300 soldados y policías a cambio de una docena de insurgentes presos; al norte de Colombia, con clase política a bordo, el paramilitarismo firmaba un acuerdo para capturar el Estado y refundar la patria. (Vea: De La Catedral a los narcocasetes)

 

Los comandantes guerrilleros y sus homólogos de las autodefensas se volvieron protagonistas en los medios con sus propuestas políticas, pero cuando concluyó la era Pastrana, ni se logró la paz con las Farc y el Eln, ni se pudo contener mínimamente el embate criminal de las autodefensas. Salvo el acuerdo humanitario de 2001, los diálogos del Caguán solo dieron para revuelo permanente. A través de la Iglesia Católica hubo contactos con el paramilitarismo para tratar de rehacer lo andado en la era Samper, pero tampoco se concretó nada que aliviara a las víctimas. En cuanto a los narcos, en medio de sus guerras intestinas quedaron de nuevo en la mira de la extradición. (Vea: Los vaivenes del sometimiento a la justicia)

 

Sobre los acercamientos entre el gobierno Pastrana y las autodefensas quedó el testimonio de Carlos Castaño en el libro ‘Mi Confesión’. Según el jefe paramilitar, el primer contacto se dio a través del Nobel de Literatura Gabriel García Márquez en México. En representación de las autodefensas acudió el ganadero Rodrigo García, a quien el propio Castaño llamaba su ‘segundo padre’. Las aproximaciones siguieron en Madrid (España), donde el expresidente de esa nación, Felipe González, entró a mediar pero en favor de establecer el grado de colaboración que el paramilitarismo podía darle a un despeje militar en el sur de Bolívar para dialogar con el Eln.

 

Tiempo después, cuando perdieron fuerza los contactos vía García Márquez, surgió otro súbito acercamiento. Enviado por el presidente Pastrana, el entonces representante a la Cámara conservador de Córdoba, Luis Carlos Ordosgoitia, buscó a Carlos Castaño para plantearle eventuales diálogos. A raíz de esta sugerencia hubo una reunión secreta entre un delegado de las autodefensas y el canciller Guillermo Fernández de Soto. Según Castaño, un encuentro que tuvo lugar en el Gun Club de Bogotá y no fue el único. No obstante, estos intentos de negociación no prosperaron porque se orientaron más a facilitar diálogos con el Eln, que tampoco dieron frutos. 

 

En mayo de 2001, la justicia norteamericana que desde dos años atrás había vuelto a recibir extraditados desde Colombia, le puso tatequieto a los paramilitares cuando solicitó formalmente que sus principales jefes fueran remitidos a Estados Unidos para responder por cargos de narcotráfico. Entre los procesados en tribunales federales fueron incluidos Carlos Castaño, Diego Murillo Bejarano y Salvatore Mancuso, entre otros. Esa circunstancia, sumada al hecho de que desde 1998 el Estado colombiano, con prórroga incluida, había admitido la vigencia de la Corte Penal Internacional, determinaron los acontecimientos de los siguientes años.  

 

En ese contexto llegó el tiempo de Álvaro Uribe Vélez donde se voltearon los planes. Bajo el modelo de la Seguridad Democrática, el gobierno arremetió militarmente contra los grupos guerrilleros, pero al mismo tiempo decidió iniciar un accidentado proceso de paz con los grupos de autodefensa. En cuanto al narcotráfico, sus principales promotores tuvieron que salir en retirada porque Uribe decidió multiplicar el mecanismo de la extradición al 100%. Por tal razón, la mayoría de los capos vigentes optó por tres caminos: persistir en el negocio ilícito, camuflarse en las redes de las autodefensas o esconderse en el exterior, especialmente en Venezuela.

 

En 2004, como estaba cantado, ya el proceso de paz entre el gobierno Uribe y las autodefensas dejaba ver enormes grietas. En particular porque varios narcotraficantes terminaron colándose como supuestos  paramilitares, con un objetivo: eludir las órdenes de extradición expedidas por la justicia norteamericana. Personajes como Juan Carlos Sierra, ‘Cuco’ Vanoy, Hernán Giraldo, Miguel Ángel Mejía o Francisco Javier Zuluaga, que siempre fueron más traficantes de droga que autodefensas, aparecieron de la noche a la mañana bajo el paraguas jurídico de la negociación de paz y sus extradiciones suspendidas por su colaboración con los diálogos.  

 

A pesar  de las permanentes denuncias sobre el mal camino que había tomado el proceso de paz entre las autodefensas y el gobierno Uribe, finalmente tuvo soporte legal: la Ley de Justicia y Paz o Ley 975 de 2005. En ella, en el contexto de la justicia transicional, se acordó que los paramilitares que se acogieran a sus beneficios debían pagar entre 3 y 8 años de prisión. Además quedaron homologados a la guerrilla al serles concedida la condición de sediciosos. La norma obligaba a los paramilitares a contar sus verdades, a reparar a sus víctimas y a aplicar garantías de no repetición. Al año siguiente, el proceso de paz ya deambulaba por una crisis sin retroceso. 

 

La Corte Constitucional, al revisar la polémica Ley de Justicia y Paz, a principios de 2006 la dejó en sus justas proporciones. No solo condicionó las penas mínimas a la verdad, sino que, por error de forma, tumbó la posibilidad de que los paramilitares fueran reconocidos como sediciosos y, de esta manera, pudieran hacer  tránsito hacia la política. De esas verdades de las autodefensas, que empezaron a darse a retazos, nació el escándalo de la parapolítica. Como estaba advertido, esas confesiones terminaron replicando contra el Estado, incluyendo a muchos de los aliados del gobierno Uribe, ya embarcado en un segundo mandato. 

 

Entonces los jefes paramilitares entendieron  que el proceso de paz había fracasado y comenzó su debacle. Cuando intentaron recuperar su poder criminal y narcotraficante o reactivar sus bandas armadas, el gobierno Uribe los puso en la cárcel de Itagüí y luego, en mayo de 2008, los extraditó a Estados Unidos por su pasado en el tráfico de drogas. Sin embargo, muchos de los que quedaron en libertad o no eran conocidos se rehicieron como bandas criminales (Bacrim), en una nueva faceta de guerra. Aunque buena parte de los paramilitares rasos quedaron presos, entre los libres se reactivaron las vendettas, las oficinas de cobro y las redes de lavadores.  

 

Con los grupos guerrilleros la vuelta fue distinta. Después de cinco años de insistencia de sectores y organizaciones civiles, o de rescates militares fallidos, a finales de 2007 el gobierno Uribe aceptó la ruta de los acuerdos humanitarios. A cuenta gotas comenzaron a ser liberados policías, militares y políticos, algunos de los cuales incluso  alcanzaron a durar más de una década en cárceles de la selva. Aunque se intentaron aproximaciones, nunca hubo negociación de paz. Para presionar la desmovilización masiva de guerrilleros, el gobierno Uribe alcanzó a darles estatus de “gestores de paz” a jefes guerrilleros como alias ‘Karina’.

 

Entre falsas desmovilizaciones como la protagonizada por el bloque Cacica La Gaitana a principios de 2006, encuentros secretos con voceros de la insurgencia para tratar de concretar acercamientos de paz, publicitados rescates militares y bombardeos, o escándalos judiciales con efectos políticos, se fueron los días de Uribe en el poder. Una época en la que los narcotraficantes tuvieron su propio remezón. Bien sea por las guerras internas que diezmaron algunas de sus líneas de mando, por las extradiciones a Estados Unidos que crecieron significativamente, o por la dispersión hacia terceros países, pero se vieron forzados a reinventarse.

 

Una estrategia que más temprano que tarde derivó en un nuevo intento de los capos por plantear al Estado su entrega a cambio de beneficios. Ese momento se dio entre 2010 y 2011,  ya en tiempos de Juan Manuel Santos, cuando un grupo de narcotraficantes refugiados en Venezuela intentó que el gobierno acogiera su propuesta de rendición, acompañada del desmonte de su negocio ilícito. De esta iniciativa vino a saberse a finales de 2013, a raíz de que el extraditado Javier Calle Serna, alias ‘Comba’, confesó a la Fiscalía que él, ‘Diego Rastrojo’, el ‘Loco Barrera’ y ‘Cuchillo’, habían planteado esa alternativa ante el acoso de las autoridades. 

 

Según alias ‘Comba’, la propuesta de los cuatro narcotraficantes pertenecientes a la nueva generación de capos fue entregada personalmente al polémico asesor político venezolano, J.J. Rendón, a través de los abogados José Ignacio Londoño y José Mira. Después se supo que el entonces consejero presidencial, Germán Chica, dio nuevos pasos para ventilar la propuesta y que además fue conocida por el gobierno Santos y por la Fiscalía General de la Nación, entonces a cargo de Viviane Morales. El escándalo se armó porque al mismo tiempo ‘Comba’ aseguró que J.J. Rendón había recibido US$12 millones por tramitar la iniciativa. 

 

El intento de negociación con los narcotraficantes finalmente no se dio porque, según ‘Comba’, no hubo acompañamiento de Estados Unidos y antes de que fuera capturado y pusiera en peligro su vida, optó por entregarse a la DEA. Sus compañeros de fórmula, ‘Diego Rastrojo’ y el ‘Loco Barrera’ fueron capturados en Venezuela y luego extraditados a Estados Unidos. ‘Cuchillo’ murió en los Llanos Orientales acosado por la Policía. En síntesis fue una fallida negociación, aunque recientemente dio para debate judicial y político. Hace dos semanas, la Fiscalía concluyó que no hubo ilegalidades por parte de J.J. Rendón y Germán Chica. 

 

En cambio, el proceso que sí tomó forma fue el de los diálogos con las Farc que se adelanta en La Habana (Cuba). Primero a través de una fase secreta entre febrero y agosto de 2012; y desde entonces, a través de una negociación que hasta el momento deja varios acuerdos parciales. Sin embargo, de antemano se sabe que el punto neurálgico de la discusión, tarde o temprano, será la justicia. Es decir, de qué manera la guerrilla va a salvar el escollo de los expedientes judiciales en su contra, en especial los que tienen que ver con los crímenes de guerra y con los crímenes de lesa humanidad. Todo está por verse en esta negociación entre Estado e insurgencia.

 

Entre tanto, y para no perder la tradición de las negociaciones con buenos, malos y feos en Colombia, ahora es la Fiscalía la que se muestra interesada en tratar de negociar la rendición de la principal banda criminal surgida del reciclaje de la guerra, luego del fracaso del proceso de paz entre el gobierno de Álvaro Uribe y las autodefensas. En concreto, la posibilidad de que los mal llamados Urabeños, comandados por el exparamilitar Dairo Úsuga, alias ‘Otoniel’, se sometan a la justicia, entreguen sus bienes y renuncien a su negocio ilícito, a cambio de no ser extraditados a Estados Unidos. Por lo pronto, ya hay un mediador nombrado.

 

Es decir, con variaciones de nombres, aunque con menos poder que los capos de antaño, la misma historia que hace 32 años le quisieron vender Pablo Escobar Gaviria y sus socios al gobierno de Belisario Betancur, en momentos en que empezaba una guerra contra el narcotráfico que todavía no concluye. Esa vez, el imposible ético era la sangre caliente de Rodrigo Lara Bonilla en medio de la indignación del país por su asesinato. Hoy impera un sentimiento parecido al constatar que, ante la impotencia del Estado para capturar a ‘Otoniel’ y su banda criminal, la Fiscalía no ve con malos ojos su entrega voluntaria a cambio de dádivas judiciales.