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Las historias de acoso y abuso sexual en el Congreso parecen ser bien conocidas en los pasillos del Capitolio Nacional, sin embargo, no fue hasta que varias de estas se hicieron públicas (hace pocos días) que se empezó a trabajar en la prevención de las violencias que enfrentan las mujeres desde hace años. La mesa directiva de la Cámara de Representantes, junto a organizaciones feministas y de mujeres, adelanta la construcción colectiva de un protocolo de prevención, atención y sanción. Hasta ahora se plantea un borrador, pero, por fin podríamos estar hablando de una ruta, que podría aplicarse en el próximo periodo legislativo, con posibilidades de ser perfeccionada.
“Con el liderazgo de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer (Clem) y la colaboración de más de diez organizaciones de la sociedad civil expertas en temas de mujer, estamos trabajando ante los posibles casos de abuso contra la mujer y violencias basadas en género”, dijo David Racero, del Pacto Histórico y presidente de la Cámara. Así pues, en coordinación también con la mesa directica del Senado, su copartidario Roy Barreras se comprometió a entregar ese texto el próximo lunes (23 de enero). El Espectador obtuvo detalles de ese bosquejo y algunas recomendaciones de organizaciones, que serán formalizadas a través de la plataforma ‘En Colectiva’ (para la deliberación y construcción de iniciativas), de la organización Artemisas.
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Cualquier protocolo, para que tenga eficacia jurídica y fuerza vinculante, debe adoptarse mediante un acto administrativo, por la respectiva mesa directiva o, preferiblemente, por las mesas conjuntas del Senado y la Cámara. Precisamente, eso es lo que se busca con el actual borrador que adoptaría el protocolo. En segundo lugar, no se pueden obviar las relaciones de poder asimétricas que existen, por lo que el protocolo es un instrumento, pero, tiene que pasar por la desnaturalización de las violencias. De acuerdo con Olga Amparo Sánchez, coordinadora de la Casa de la Mujer, se trata de una visión más integral, en donde el centro sean las víctimas y en donde haya reparación.
El borrador presentado por la Clem, identifica cinco tipos de violencia contra las mujeres que trabajan al interior del Congreso: violencia económica, psicológica, política, física, sexual y emocional. Igualmente, pide a las mesas directivas fijar el mecanismo para la prevención, atención y sanción, lo que debe incluir la recepción de las quejas, derivación, canalización, y seguimiento ante las instancias internas y externas correspondientes dentro del Congreso de la Republica. Aunque por el momento no hay una ruta clara, ese es el esfuerzo de las organizaciones sociales, lo que incluye a Artemisas, La Casa de La Mujer, Sisma Mujer, Fundación GAAT, Manifiesta Media, entre otras.
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¿A quiénes debería aplicar?
Cuando se habla de las personas que trabajan en el Congreso se suele creer que son solo los actores que hacen ejercicio del poder político, es decir, congresistas u otros actores que ocupan altos cargos del Estado. Sin embargo, en las dinámicas del Legislativo también participan administrativos, conductores, policías, miembros de la Unidad Nacional de Protección (UNP), de servicios generales, de las comunicaciones del Congreso, de las Unidades de Trabajo Legislativo (UTL), prensa, enlaces de ministerios, lobistas, entre otros. Varias de esas personas pueden ser víctimas o agresores.
En ese sentido, un protocolo no debe dejar a nadie por fuera y debe articulase con otras rutas de entidades que inciden en el Congreso. Le debe permitir a las mujeres u otras diversidades, sin que dependa de su labor o contrato, recibir atención, pero, igualmente, tomar correctivos contra todos los posibles agresores, incluyendo Congresistas. Estos últimos serían de los principales victimarios, quienes en ejercicio del poder no solo cometen violencias basadas en género sino también abuso laboral.
“Se necesita que el protocolo esté en conexión con las estructuras de poder del lugar en el que está operando, es decir, cuáles son las condiciones de las trabajadoras. Por más garantista que sea el protocolo, nadie se atreverá a denunciar sino hay unas estructuras de poder que validen ese ejercicio”, explicó Linda Cabrera, directora de Sisma Mujer. En ese sentido, es necesario que haya un actor específico en el Congreso que esté encargado de recibir y validar las denuncias y que sea capaz de actuar en favor de las víctimas y cuestionar a los agresores.
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¿A través del protocolo se podría sancionar a Congresistas?
Inicialmente se podría pensar que la Comisión de Ética, que tiene funciones de control político, estaría facultada para suspender al congresista cuando se conozca y se pruebe su responsabilidad sobre delitos relacionados con acoso y abuso sexual. Es decir, solicitar de inmediato al Consejo de Estado la declaratoria de pérdida de la investidura. No obstante, esa no es competencia de la esa comisión, por lo que, el protocolo no daría lineamientos para sancionar a congresistas en términos disciplinarios.
No obstante, es claro que, con un adecuado acompañamiento y ruta de atención, las víctimas pueden hacer las denuncias ante las autoridades competentes y que el miembro de corporación sea detenido por orden de la Corte Suprema de Justicia en conocimiento de sus posibles delitos. Pese a ello, sigue siendo necesario un proyecto de ley que modifique la ley 5 de 1992 (el reglamento del Congreso) o la ley 1828 de 2017 (Código de Ética), para que el mismo Legislativo pueda tomar acciones disciplinarias sobre el tema.
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