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Una inesperada declaración marcó este martes el inicio del ciclo 43 de diálogos entre el Gobierno y las Farc en La Habana (Cuba). Carlos Antonio Lozada, plenipotenciario de la guerrilla, aseguró que el plazo de seis meses fijado el pasado 23 de septiembre por el presidente Juan Manuel Santos como límite para la firma de un acuerdo final con el grupo guerrillero puede variar.
“Ese es un debate que habrá que analizar en la mesa cuando tratemos de ver en qué momento se cierra definitivamente el tema de justicia. En ese momento se podrá ver a partir de qué día comienzan a contarse los seis meses”, manifestó Lozada cuando le preguntaron sobre el asunto.
El pronunciamiento deja ver que, en el fondo, y a pesar del optimismo del Gobierno sobre los avances en la mesa de negociaciones, persisten las discrepancias respecto a algunos de los puntos claves del acuerdo alcanzado en torno al espinoso tema de la justicia, y que las cuentas de las Farc no cuadran del todo con las del presidente Santos, quien ha insistido vehementemente en que para marzo de 2016 habrá un acuerdo final.
De hecho, el mandatario aseguró este fin de semana que espera que la firma de la paz se dé incluso antes de que se cumplan los seis meses. “Si seguimos como vamos, yo espero poder firmar esa paz antes del 23 de marzo, como acordamos de fecha límite con las Farc”, dijo Santos durante un acto público en la ciudad de Mompox.
Para el senador Armando Benedetti, se trata de una estrategia de presión por parte de la guerrilla para ganar terreno en la mesa de negociaciones. “Lo que sé es que el tema de justicia está listo y debe salir máximo la próxima semana. Lo que hay que entender es que se está en una negociación y hacen este tipo de pronunciamientos públicos para presionar y tratar de ganar algo dentro de la mesa. Esa fecha se dijo hace rato, y si fuera cierto que no están de acuerdo no se lo dirían a los medios de comunicación sino a los negociadores del Gobierno”, manifestó.
Sin embargo, según la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, el tema de fondo es la necesidad de que el gobierno dé a conocer la totalidad de lo acordado en La Habana sobre el tema de justicia. “El gobierno hace unos anuncios, siempre con propósitos electorales, y dice que no hay que creerle a las Farc ni a quienes anuncian que las cosas no están avanzando como se dice. El gobierno carece de legitimidad y de credibilidad frente a los colombianos que ya no saben a quién creerle. Lo que tiene que hacer es mostrar qué fue lo que firmaron en lo de justicia. Menos anuncios, más certeza y veracidad es lo que pedimos”, aseguró la congresista.
Pero, más allá de las declaraciones de parte y parte, lo cierto es que desde que se anunció la existencia del acuerdo y se presentaron los puntos bases referentes a la justicia transicional y el sistema especial que se creará para la materia, las especulaciones y conjeturas sobre sus alcances han sido motivo de fuertes debates tanto en Cuba como en Colombia, en especial en lo relacionado con la privación de la libertad, las extradiciones, la forma de elección de los magistrados del tribunal especial de paz o el tratamiento que tendrán los agentes del Estado.
Las diferencias ya habían sido puestas sobre la mesa a comienzos de octubre, cuando guerrilla y Gobierno tuvieron un cruce de mensajes en los que la primera sugirió que faltaban puntos por desarrollar en la totalidad del documento del acuerdo de justicia, y el segundo señaló a la contraparte de faltar a la verdad. Fue entonces cuando se acordó un cronograma para que la comisión de juristas, la encargada de elaborar el acuerdo inicial sobre la materia, se reuniera de nuevo para buscar mecanismos con el objetivo de dirimir las diferencias en torno a los pendientes.
De hecho, esa fue la razón por la cual el actual ciclo de negociaciones —el 43º en la agenda— se aplazó en dos oportunidades. Inicialmente se había anunciado que el ciclo empezaría el pasado 27 de octubre; sin embargo, se tomó la decisión de aplazarlo para el jueves 29 y posteriormente al 2 de noviembre, con el objetivo de darles a los expertos de la Subcomisión de Justicia el tiempo suficiente para resolver las diferencias.
Se espera que el trabajo de los expertos, que se adelanta desde el pasado 17 de octubre, sea presentado a los equipos negociadores para su revisión esta semana y así dar por terminada la discusión sobre uno de los puntos más importantes de los diálogos de paz y seguir avanzando en el otro tema prioritario: el del fin del conflicto con miras al cese bilateral definitivo, que, según Santos, podría estar listo antes del 16 de diciembre.