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A finales del mes pasado, el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) aprobó el documento para la Política Nacional para la Garantía de los Derechos de la Población LGBTIQ+. Se trata de una hoja de ruta diseñada para establecer estrategias cuyo objetivo es reducir las barreras económicas, sociales, culturales, institucionales y políticas, así como erradicar las violencias y la discriminación hacia la población con orientaciones sexuales e identidades de género diversas en Colombia. Aún así, organizaciones LGBTIQ+ y de derechos humanos han cuestionado su alcance y vigencia.
Según anunciaron el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Ministerio de Igualdad, este CONPES articula a más de 49 entidades nacionales, incluyendo 16 ministerios, y propone 167 acciones a implementar entre 2025 y 2035, con un presupuesto cercano a los $250.000.000. En resumen, la política se organiza a través de cuatro ejes: transformación cultural, acceso a oportunidades, fortalecimiento institucional, y atención y prevención de violencias por prejuicio.
Si bien el documento representa una estrategia estatal para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de una población que históricamente ha sido vulnerada, existen dudas sobre su implementación y sobre si un CONPES es el mecanismo adecuado para ello. El Espectador consultó con expertos sobre los retos que enfrenta esta política.
Un CONPES es un documento de política pública que establece orientaciones y lineamientos para el desarrollo del país. Este tipo de insumos son elaborados por el Consejo Nacional de Política Económica y Social, que es el máximo organismo de planeación nacional. No obstante, carecen de efecto vinculante dado que proviene de un organismo colegiado y sin personería jurídica, por lo no tienen autoridad para crear normas u obligaciones. Aun así, estos han sido mecaninsmos claves en la promoción de asuntos relacionados con el enfoque de género, los territorios y asuntos étnicoraciales.
Como señala Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, el CONPES es “un instrumento que materializa un punto central del Plan Nacional de Desarrollo y entrega al Estado tareas concretas para implementar una política pública que llevaba casi siete años estancada”. Desde 2018, mediante el Decreto 762, se formuló una política que hasta la fecha no había sido implementada: primero, por la falta de un plan de acción claro, y segundo, por falta de voluntad política del anterior gobierno.
Sin embargo, persiste la incertidumbre sobre su ejecución. “Ante la próxima ausencia del Ministerio de la Igualdad, nos preocupa que este CONPES no se implemente porque no hay una entidad rectora que lo lidere y articule”, explicó Castañeda. Aunque el 2 de abril, después de más de un año de ser designado, se posesionó como viceministro de diversidades Juan Carlos Florian, el futuro de la cartera sigue siendo incierto.
Ese es un punto en el que coincide Nixon Padilla, docente universitario e integrante de la comisión de apoyo técnico a la política pública LGBT del Ministerio de Interior. Para él, no hay luces de que el Congreso legisle próximamente para garantizar la permanencia del Ministerio de Igualdad. Además, preocupa que el CONPES tiene una vigencia de diez años, lo que se convierte en “un techo y no en una estrategia integral” para su acción, ejecución e impacto.
“No queremos un CONPES que termine haciendo conferencias o talleres, sino una política que incida de verdad en la vida de la gente”, comenta Padilla en entrevista con este diario. De igual forma, otro de esos “techos” que identifican desde la sociedad civil es la falta de un respaldo económico. Si bien el documento presentado por el DNP y Min Igualdad señala un presupuesto, no puede asignar recursos para la implementación de la política.
Es decir, la política actual sí sugiere los montos necesarios para la ejecución de las 167 acciones propuestas, pero su implementación dependerá de la voluntad de los gobiernos y del compromiso de las entidades responsables de asignar fondos. Por eso, sin un liderazgo claro, el riesgo de que estas acciones se diluyan en la burocracia estatal es alto.
Otro de los retos del CONPES identificados por las fuentes consultadas es la falta de mecanismos de monitoreo. “No establece un sistema de evaluación real, no hay indicadores claros ni compromisos verificables. Es un documento lleno de buenas intenciones, pero sin dientes”, señaló Cristina Gonzáles, activista lesbofeminista e integrante de la Veeduría Ciudadana para la Política Pública Nacional LGBTI. Asimismo, ella reitera que un CONPES es un mecanismo no vinculante, por lo que no se le puede exigir al gobierno que cumpla lo formulado.
Ante estos señalamientos, el viceministro de diversidades en entrevista con El Espectador coincide en que aunque el CONPES es un avance, sigue habiendo un vacío. “No tenemos una política pública como tal. Son una serie de acciones y una responsabilidad de manera interinstitucional, pero no compromete, comolo haría una política pública”, comentó Florian. Asimismo, el funcionario señaló que desde la cartera tienen “la capacidad para construir una política pública política de diversidad, sexualidad y de género, y dársela al país antes de que se acabe este gobierno”.
Ahora bien, por otro lado, según la información proporcionada por el DNP y el ministerio, el CONPES se “enriqueció con un proceso de participación ciudadana. 23 encuentros regionales durante 2023, un ejercicio que permitió recoger las propuestas y demandas de la sociedad civil, asegurando que la política pública responda a las realidades y necesidades de todos los sectores involucrados”.
Durante esa etapa inicial, según Caribe Afirmativo, alrededor de 500 personas, representantes de distintos sectores LGBTIQ+, aportaron sus experiencias y demandas, para elaborar el diagnóstico que evidenció la persistente discriminación, violencia y exclusión hacia la diversidad sexual y de género. Pero, desde la veeduría denuncian falta de participación de las organizaciones sociales en la elaboración de la versión final del documento.
“Publicaron el borrador para comentarios el 30 de diciembre y dieron plazo hasta el 15 de enero para enviar las observaciones. ¿Cómo se espera una discusión y retroalimentación sería si los tiempos, y las fechas, no permiten una participación efectiva”, cuestionó Gonzáles. También, a pesar de haber sido construido con una metodología participativa, el CONPES no aterriza de manera clara sus acciones en los territorios. Todas las personas consultadas por El Espectador comentan que existe el riesgo de que las iniciativas queden concentradas en ciudades principales.
“El documento aprobado deja las acciones en términos generales, pero no las aterriza a una relación de territorio y territorialización de las mismas. Podríamos estar ante un CONPES que termine con entrando las acciones en los despachos de Bogotá, pero que no pueda concretar sin acciones concretas en los territorios donde hay mayor necesidad de reconocimiento de derechos de personas LGBTIQ+”, advirtió Castañeda.
El contexto político también influye en la ejecución del CONPES. “Estamos en un momento de transición institucional y de cambio de gobierno, lo que puede jugar en contra de la implementación del documento”, añade Padilla. Aun así, en relación al panorama internacional en el que se han dado grandes retrocesos en temas de diversidad y género, sugiere que esta política si marca un precedente y compromiso con la protección de la población LGBTIQ+ en el país.
Por eso, a pesar de los retos, el documento es un paso adelante en la formulación de estrategias de protección de derechos. Para que sus objetivos se cumplan, será clave garantizar su financiamiento, definir responsables claros y establecer mecanismos de evaluación concretos.
Por Mariana Escobar Bernoske
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