Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Su nombre era Sarai Colmenares y tenía doce años. No se llamaba Alejandra Ramírez, como aparecía en las cuentas de Facebook y TikTok, que no manejaba solo ella, donde hasta hace pocos días se encontraban fotos y videos suyos que la mostraban “sexy” y mucho más grande de lo que era. Sus rasgos físicos, en especial la redondez de su cara y su delgadez, delataban rápidamente que era una niña. Una que tuvo que migrar forzadamente de Venezuela a Colombia, no iba al colegio, y terminó torturada y violentada sexualmente hasta la muerte hace menos de un mes, sin que la sociedad colombiana se inmutara.
El acta de inspección del cadáver se realizó el pasado 24 de enero, después de las diez de la noche, en el segundo piso de una residencia en el centro de Santa Rosa de Cabal (Risaralda). Ese día, los funcionarios de la Sijín entrevistaron a Juan Esteban Campo Galvis, dueño del inmueble, quien les dijo que él había subarrendado esa habitación a una persona conocida como Yordi, desde el 17 de diciembre de 2021. Campo agregó que ese lunes salió temprano a trabajar y a la salida vio en la cocina a su vecino de apartamento. A su regreso, hacia las nueve de la noche, tocó en la puerta de Yordi y, al no recibir respuesta, entró y encontró sin vida a Sarai, arrumada contra una pared.
(También le puede interesar: Pamela, la colombiana que sobrevivió a una red de tratantes sexuales en España)
Despojada de cualquier rasgo de humanidad. Desnuda e impregnada con una sustancia pulverulenta café y blanca que impedía identificarla. En el cuello solo se alcanzaba a percibir un collar artesanal negro y una cadena plateada con un dije en forma de corazón. Tenía múltiples signos de violencia en la cabeza y el cuerpo. Trauma craneofacial severo y otras lesiones que dan cuenta del sufrimiento que padeció antes de morir: fracturas en la nariz y los huesos temporales, signos de asfixia, múltiples golpes en los brazos y el abdomen, laceraciones en la vagina y fisuras anales, indicó el dictamen preliminar de Medicina Legal.
Debajo del lavadero de la residencia se encontraron algunas sábanas recién lavadas, además de sus prendas de vestir: un pantalón y una chaqueta de sudadera negra con rayas rojas a los lados, unos tenis blancos y un top negro. Al lado, su bolso rojo sin documentación ni elementos en el interior. En la inspección a la casa de cuatro pisos, las autoridades hallaron también un bolso negro, tipo canguro, con un comparendo y una factura en su interior a nombre de Jairo David Latorre Muñoz, más el registro de algunos números celulares. De esa forma supieron el nombre real de Yordi y dieron con su paradero.
La Policía lo capturó, dos días después, con $2,5 millones en efectivo en un bar que frecuentaba en Pereira. “De acuerdo con la investigación, adelantada por el CTI y apoyada por la Policía, después de cometer el homicidio, Latorre abandonó la vivienda”, comentó Carolina Sotelo Sarmiento, directora seccional encargada de la Fiscalía en Risaralda. El cuerpo de Sarai permaneció en Medicina Legal cinco días sin ser reconocido, porque Latorre, además de negar su responsabilidad, no quiso dar información alguna a las autoridades que permitiera identificarla.
El cuerpo sin vida de Sarai permaneció en Medicina Legal cinco días sin ser reconocido, porque Juan David Latorre no quiso dar información que permitiera identificarla.
Los funcionarios tuvieron que “componer” lo que mejor pudieron el cadáver para tomarle una foto. Con ese recurso y el indicio de que era venezolana, consultaron a integrantes de esa comunidad en Pereira, hasta que alguien comentó haberla visto en el Parque Bolívar, el principal de la capital de Risaralda, en el mismo entorno de la sede de la Alcaldía, un Centro de Atención Inmediata (CAI) de la Policía, la catedral de la ciudad, la curia episcopal y varios locales comerciales y de oficinas. El mismo escenario donde desde hace unos cinco años, según varios vecinos del sector, también es común ver, desde muy temprano a mujeres, hombres y niñas en contexto de prostitución.
La mayoría son pobres y migrantes. Por eso fue fácil que reconocieran a Sarai, o Alejandra, como se presentaba en esa plaza: “Sí, pobrecita, yo me acuerdo de ella, se veía tan pequeña y solita”, comenta una fuente. Su padre reconoció el cuerpo y les contó a las autoridades que hacía días no sabía nada de ella. Su madre agregó que la última vez que habló con ella fue el 20 de enero, cuatro días antes de que fuera encontrada sin vida. Nunca pusieron denuncia por su desaparición y el 7 de febrero la sepultaron en el cementerio de Santa Rosa de Cabal. Los gastos fúnebres los asumió la Alcaldía del municipio.
En ese momento, la Fiscalía ya le había imputado a Jairo David Latorre, joven universitario de 28 años, los delitos de feminicidio agravado en concurso con acceso carnal violento y tortura. En la audiencia, Latorre no aceptó los cargos. Solo se descompuso cuando el fiscal anotó que había recuperado la información de su celular que contenía fotos, videos y mensajes de Sarai. Latorre tomó nota de lo expuesto por el fiscal y permaneció con rostro imperturbable, pero cuando la juez de garantías le dictó medida de aseguramiento carcelario, de inmediato, perdió el control.
(Lea también: Felipe Muñoz: la controversia de absolver por un aborto no consentido)
El 7 de febrero, Sarai fue sepultada en el cementerio de Santa Rosa de Cabal. Los gastos fúnebres los asumió la Alcaldía del municipio.
Se paró, le pegó un puntapié a la silla, interrumpió a la togada, pidió que lo dejaran hablar, que lo mandaran a una fundación de personas con adicciones y aseguró que lo iban a matar a él y a su familia. Desde ese día está preso, pero ahora la Fiscalía indaga cómo la niña fue a dar a Santa Rosa de Cabal, qué personas se lucraban de su contexto de explotación sexual y por qué la cuenta de Facebook donde aparecía como Alejandra Ramírez fue alterada y modificada tras su muerte y fueron borrados mensajes, fotos y videos. La cuenta que tenía en TikTok fue eliminada, certeza de que no era la única persona que tenía acceso.
“Lo que indica la investigación de la Fiscalía es que él pudo matarla, pero de pronto no fue la única persona involucrada. En un contexto de explotación sexual, es posible que haya otras personas involucradas, no solo en ese delito, sino en otros asociados como la trata de personas”, sostiene Yamile Roncancio, abogada que representa a Sarai Colmenares como víctima en el proceso penal. Roncancio es, además, directora de la Fundación Feminicidios Colombia, plataforma que desde hace tres años asiste y representa a las víctimas de estos crímenes, hace seguimiento a estas violencias y lucha socialmente contra su eliminación.
Por su experiencia actual, tiene claro que, en 2021, se registraron 277 feminicidios (asesinar a una niña o mujer por el hecho de serlo, como castigo por responder o no a estereotipos sexistas o roles e identidad de género) en el país y solo en estos dos primeros meses (con cierre al 18 de febrero de 2022) ya habían ocurrido cuarenta y estaban verificando y contrastando con las autoridades algunos más. De esos cuarenta, tres fueron mujeres asesinadas en menos de tres días en Valledupar. Otra apareció sin vida en un caño en Medellín y cuatro eran niñas, de las cuales tres estaban siendo prostituidas.
Pese a lo habituada que está a estos temas críticos, Yamile Roncancio reconoce que el caso de Sarai la tiene devastada. Que no deja de pensar en los elementos comunes que tiene con el caso de Yuliana Samboní, la niña indígena raptada y violentada sexualmente hasta la muerte por Rafael Uribe Noguera, en diciembre de 2016. “Estamos repitiendo la historia. Tanto Juan David Latorre como Rafael Uribe Noguera son hombres jóvenes, que pasaron por educación privada, de familias con capacidad adquisitiva en un país que permite a pocos acceder a una educación superior. Y en ambos casos, asumieron sus procesos con una postura soberbia frente a la justicia”.
“Estamos repitiendo la historia. Tanto Juan David Latorre como Rafael Uribe Noguera son hombres jóvenes, que pasaron por educación privada, de familias con capacidad adquisitiva en un país que permite a pocos acceder a una educación superior. Y en ambos casos, asumieron sus procesos con una postura soberbia frente a la justicia”.
Abogada Yamile Roncancio.
Como si tuvieran la seguridad de situarse por encima de ella: “En el caso de Uribe, se alcanzó a configurar una treta para ingresar a un hospital y evadir la cárcel. En el de Latorre hubo un silencio entorpecedor desde el comienzo para sabotear a la justicia. En ambos casos los victimarios llevaban una vida de fiesta extendida y consumo de alcohol y droga, marcada por la hipersexualización de las niñas y la normalización absoluta de la violencia sexual. Ambas niñas fueron torturadas, sometidas a vejámenes indescriptibles, sin el menor grado de empatía y cuidado”, comenta Roncancio.
(Lea la entrevista completa a la abogada Yamile Roncancio aquí)
La abogada subraya, sin embargo, que hay algo diferente: “Por Yuliana hubo movilización social y familiar importante desde antes de su desaparición y asesinato. Por Sarai no hubo nadie preocupado, ni antes ni después de su muerte. Víctima de un deber de cuidado desatendido por parte de su familia y también de la sociedad, porque Sarai estuvo en explotación sexual en el parque principal de una ciudad, alrededor de muchas instituciones del Estado. Y todo el mundo la vio”. Todos las vemos. En Pereira, en la Torre del Reloj en Cartagena, en el centro de Santa Marta, en el Parque Lleras en Medellín… “Quizás otra hubiera sido su historia si alguien hubiera cumplido con el deber de cuidarla”, exclama Roncancio.
En Colombia, a partir de la Ley 985 de 2005, existen los Comités Departamentales de Lucha contra la Trata de Personas (integrados por las alcaldías, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, las Procuradurías Judiciales de Familia, la Policía y el Instituto Nacional de Bienestar Familiar, entre otras entidades). De acuerdo con las cifras del Observatorio del Delito de Trata de Personas del Ministerio del Interior, creado en 2016, desde el 2013 al 1° de diciembre de 2020 se han registrado 721 casos, 434 de ellos con fines de explotación sexual. Una cifra pírrica (cinco casos por mes) que no se compadece con el universo de niñas, adolescentes y mujeres colombianas víctimas de este delito dentro y fuera del país.
Para Viviana Mora Verbel, procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres, “es urgente y absolutamente necesario que se trabaje en la investigación oficiosa del delito de trata de personas y en la búsqueda activa de las víctimas, puesto que nos hemos enfocado principalmente en incentivar la denuncia, pero frente a este delito es necesario ser proactivos y no esperar simplemente a que lleguen los casos”. La recomendación quedó plasmada en el informe que presentó el Ministerio Público, a principios de 2021, después de vigilar el accionar de los Comités Departamentales de Lucha contra la Trata de Personas.
(Le puede interesar: El capítulo colombiano del escándalo sobre delitos sexuales contra Pornhub)
El documento cita la Recomendación 38 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) y exhorta a que se entienda que la explotación sexual persiste porque los Estados no han desincentivado de manera eficaz la demanda (las personas, mayoritariamente hombres que pagan por acceder sexualmente a alguien) que propicia la explotación y conduce a la trata.
Por esa misma razón, la abogada Roncancio no está de acuerdo con llamar “monstruo” o “enfermo” al posible feminicida de Sarai: “Esto no se soluciona con cadenas perpetuas. Como sociedad, tenemos que entender de dónde vienen estos casos y dejar de deshumanizar al agresor”.
Y puntualiza: “Lo que debe hacer el Estado es procesarlos, y proveer formas terapéuticas para desinstalar tanta violencia, porque incluso en la cárcel estas personas tienen derecho a tener relaciones y contacto sexo-afectivo o familiar con mujeres y eso quiere decir que ellas también podrían estar nuevamente en riesgo. Para avanzar como sociedad, debemos nombrar estos casos y comprender el contexto. Empecemos también por sancionar todas las formas de violencia de género, incluida la violencia simbólica, que le pone precio a las mujeres, hipersexualiza a las niñas y las expone en redes sociales”. Por lo pronto, nadie debería olvidar que se llamaba Sarai Colmenares y tenía doce años.
(Vea más temas de Investigación en El Espectador aquí)
Por Natalia Herrera Durán
Conoce más