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El conocido empresario Carlos Mattos, dos veces condenado por sobornar a jueces de la República, está a punto de cerrar una negociación con la Fiscalía que podría librarlo de una nueva sentencia. Quien fue en su momento el único importador de vehículos de la marca Hyundai en Colombia llegó a un principio de oportunidad para ponerle punto final a una investigación que se adelanta en su contra, por varias salidas irregulares de la cárcel La Picota (Bogotá), en 2022. Ese acuerdo tiene costo concreto: COP 360 millones, el valor de dos camionetas que le entregaría al ente investigador y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), en caso de que la jueza del caso le dé luz verde a ese polémico beneficio.
El caso que enreda a Mattos tiene su origen en una publicación hecha por Noticias Caracol en 2022, en la que quedaron registradas imágenes de salidas del empresario de la prisión y visitas a su oficina al norte de Bogotá, sin tener permiso para esos movimientos. El escándalo le costó el puesto a Mariano Botero Coy, quien para entonces era el director del INPEC, y el empresario Mattos fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita (Boyacá), donde están recluidos algunos de los criminales más peligrosos del país. Además, Jorge Hernán Guerrero, Luis Alejandro Rojas y William René Caballero, los dragoneantes del Inpec que habrían participado en las salidas, fueron vinculados a una investigación judicial.
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Los exfuncionarios relacionados con las salidas de Mattos fueron imputados el 2 de octubre de 2024 por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado por uso (cuando un funcionario público usa de forma indebida bienes del estado) y prevaricato por omisión (omitir sus tareas como funcionarios públicos). Por su parte, el empresario empezó a ser indagado, pero nunca le imputaron cargos. Por eso, ahora busca que una jueza de Bogotá le dé luz verde al principio de oportunidad con el que, a cambio de la “donación”, como señaló la Fiscalía, de dos camionetas marca Hyundai, cada una avaluada en más de COP 182 millones, se le ponga punto final al caso. Una negociación de la cual se beneficiarían también los dragoneantes, a cambio de la entrega adicional de una motocicleta de alto cilindraje, de más de COP 25 millones.
El centro de la discusión sobre la validez del principio de oportunidad, que solo depende del visto bueno de la jueza, es que la Fiscalía le daría ese beneficio al empresario sin la obligación de aportar verdad o entregar información sobre los hechos. Incluso, a pesar de que en 2022 fue condenado por haber sobornado con millonarias coimas a los exjueces Reinaldo Huertas y Ligia del Carmen Hernández. Fueron ellos quienes, como lo determinó la justicia, torcieron decisiones judiciales para evitar que en 2015 la casa matriz de Hyundai, en Corea del Sur, le quitara a Mattos el negocio de la distribución de la marca en Colombia y le entregara el jugoso negocio al grupo ecuatoriano Eljuri.
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Para la Fiscalía, el principio de oportunidad a favor de Mattos y de los tres dragoneantes implicados en el caso es completamente legal, pues así lo determina el Código de Procedimiento Penal (en este caso, la causal 13 del artículo 324) . Según esa norma, una persona puede acceder a ese beneficio “cuando se afecten mínimamente bienes colectivos, siempre y cuando se dé la reparación integral y pueda deducirse que el hecho no volverá a presentarse”. El ente investigador no pudo establecer con su investigación que, durante sus salidas sin autorización de la cárcel, Mattos hubiera tenido reuniones con fines delictivos o que le ofreciera dinero a los dragoneantes del Inpec para que desviaran de forma injustificada sus recorridos en salidas de la cárcel La Picota.
Desde la postura de la Fiscalía, los daños que Mattos le causó al Estado y a la administración pública fueron mínimos, por haber usado un bien público (los vehículos del Inpec en los que se transportaba) para asuntos personales al desviar el recorrido de los carros que lo llevaban a citas médicas e ir a su oficina. Sin embargo, la Procuraduría manifestó que no está de acuerdo con. ese beneficio en una audiencia el pasado 10 de febrero, argumentando que no se cumplen los requisitos para cerrar una investigación penal de este estilo a cambio de unas camionetas. Además, en el debate sigue estando la misma pregunta: ¿si Mattos salió sin permiso de la cárcel, solo bastan dos carros y una moto para que no sea castigado penalmente por ese comportamiento ilegal? ¿Qué pasa si el investigado es una persona que no tiene los recursos de un hombre como Mattos?
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Para el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Luis Antonio Hernández, la decisión de la Fiscalía de negociar un principio de oportunidad con Mattos es la más acertada para resolver el expediente contra el empresario. En su concepto, contrario a lo que argumentó la Procuraduría, sí está demostrado que el uso de vehículos del Inpec para hacer diligencias personales es una afectación a bienes del Estado. Y en ese sentido, la reparación material, con la “donación” de dos camionetas por parte de él, una moto de alto cilindraje por parte de los exdragoneantes y una presentación de excusas públicas, es suficiente para resarcir el daño que cometió.
“En este caso, el impacto al patrimonio público y la administración de justicia es mínimo; no se está desconociendo que haya una afectación, pero es mínima. Se puede aplicar el principio de oportunidad, garantizándole a las víctimas que se reparen por completo los perjuicios y se garantice a la sociedad en general que no sufran perjuicios permanentes”, explicó el exmagistrado Hernández a El Espectador. Agregó que, solo por tratarse de Mattos y de su historial en la justicia colombiana, su caso ha sonado más que cualquier otro, pero que se trata de una negociación común y frecuente. “Ellos tienen derecho a que se les aplique la ley. Si esto hubiera pasado en el caso de X, nadie hubiera mencionado este tema”, señaló el jurista.
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Para el abogado Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, si bien el principio de oportunidad para Mattos cumple con todos los requisitos de la ley, el caso no deja de ser polémico por quien se beneficia de él y por lo mediático que ha sido el expediente. Por un lado, el empresario fue condenado primero por haber sobornado al juez Reinaldo Huertas y luego reincidió al entregarle coimas a la jueza Ligia del Carmen Hernández, dos antecedentes que, de concretarse el acuerdo entre la Fiscalía y Mattos, podría “afectar la reputación de la Rama Judicial” y de la administración de justicia en Colombia, pues quien salió sin permiso de la cárcel y ahora busca entregar una “donación” de carros a cambio de no ser procesado es alguien que ya fue condenado por sobornar a la justicia.
El exmagistrado Hernández insistió en su postura: “No es la idea de un rico comprando nada. Es un señor que está aceptando lo que hizo y restableciéndolo”. Además, agregó que la medida va en la línea de solo llevar a la cárcel a aquellas personas que hayan cometido delitos realmente graves. En todo caso, el debate sigue vigente en un caso en que el investigado habría sido por años uno de los hombres más ricos de Colombia y quien terminó usando su riqueza para sobornar a jueces y ahora le serviría para cerrar un posible proceso penal. El próximo 18 de febrero se sabrá el futuro para esta negociación.
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Por Gustavo Montes Arias
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