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Hasta hace dos décadas, con algunas variables, las elecciones regionales significaban el pulso tradicional entre los partidos históricos Liberal y Conservador, y al término de los comicios los nuevos mapas políticos mostraban las cuotas de poder en rojo o azul. Hoy el panorama es distinto y, como se advierte a partir del actual espectro electoral, la pelea está centrada entre el Partido de la U y Cambio Radical, con la expectativa de saber hasta dónde alcanza la influencia del Centro Democrático, el Polo u otras colectividades menores. Y detrás de la nueva justa electoral comienzan a alinearse las fuerzas para la contienda presidencial de 2018, cuyo desafío central será la paz.
Esta vuelta de tuerca en la política colombiana obedece a la evolución reciente de las colectividades y, paradójicamente, tiene en orillas contrarias a quienes detentan los máximos poderes en el Ejecutivo. La U constituye el soporte de la administración de Juan Manuel Santos. Cambio Radical es el partido del vicepresidente Germán Vargas Lleras. Aunque en el fondo hacen parte de la Unidad Nacional que los integra, son proyectos políticos con proyecciones distintas para 2018. Quien gane el pulso, secundado por liberales o conservadores, quedará en la pole position de la carrera por el poder y las grandes definiciones del posconflicto.
Sin duda, el premio mayor es la Alcaldía de Bogotá, y si las encuestas aciertan, podría cambiar de orientación ideológica después de 12 años de gobiernos de izquierda. Sin embargo, detrás de la pelea entre Enrique Peñalosa, respaldado por Cambio Radical y un sector del Partido Conservador, y Rafael Pardo, apoyado por el liberalismo y la U, hay otro trofeo: la plataforma de construcción de la obra más importante para la ciudad en los últimos tiempos: el metro. Seguramente hay otros planes de desarrollo u obras de infraestructura, pero esta megaobra y la contratación que de ella se deriva representa un atractivo fuera de serie.
En el contexto nacional, la sumatoria de votos por una u otra colectividad podría constituir el punto de partida para la pugna por la Presidencia en 2018. Si, como se rumora en los mentideros políticos, el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, sale a hacer campaña, lo mismo que el saliente gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, y Cambio Radical gana con Peñalosa en Bogotá, Vargas Lleras tiene una plataforma electoral para arrancar con fuerza su propio recorrido hacia la Casa de Nariño. Más aún si, como lo vaticinan los sondeos de opinión, la región Caribe va a ser favorable a sus intereses, sobre todo con la cantada victoria de Álex Char en Barranquilla.
De no lograrse este avance por parte del vicepresidente, el camino político sería distinto. Ya Cambio Radical no estaría en una posición privilegiada esperando apoyos políticos y económicos, sino buscando alianzas con liberales, conservadores o con la U, que seguramente en breve empezarán a exponer sus alfiles para una contienda que no se advierte muy lejana. Marta Lucía Ramírez por el conservatismo; Juan Manuel Galán o Humberto de la Calle por los liberales; Gina Parody o Juan Carlos Pinzón por la U; Jorge Robledo por el Polo, entre otros. Eso sin saber cómo jugará el uribismo y sin descartar un eventual “gallo tapado” que se aparezca en la ruta y pueda cambiar la senda del poder mayor.
El otro desafío de hoy en las urnas se cuenta en las regiones. A pesar de que encaja en las lógicas del centralismo bogotano, representa una cuota de poder que será determinante para las próximas disputas electorales. No obstante, como lo advirtió el presidente Santos en su alocución del pasado viernes, las nuevas autoridades locales y regionales tendrán una responsabilidad adicional: implementar la mayoría de las disposiciones contempladas en los acuerdos suscritos por el Gobierno y las Farc en La Habana. Si se alcanza la meta definitiva del pacto de paz, está claro que las modificaciones sustanciales estarán en lo local y lo regional.
El acuerdo agrario, el de participación en política o la solución al problema de las drogas ilícitas se entroncan con los territorios, lo cual significa que serán los nuevos alcaldes, gobernadores, concejales y diputados quienes instrumenten las herramientas dispuestas para alcanzar la reconciliación. En buena medida, de ellos dependerá el éxito o el fracaso al momento de concretar los acuerdos. La sumatoria de fuerzas en favor de la paz se advierte crucial y necesaria. Ese es el otro gran reto a partir de hoy, una vez se sepa quiénes son los elegidos, a qué colectividades representan y cómo será el equilibrio entre las distintas fuerzas en contienda.
Una medida al margen de estos cálculos la constituye la incógnita por establecer cuánto poder le queda al expresidente Álvaro Uribe y su Centro Democrático. Hace una década, el uribismo era una fuerza imbatible y se preparaba para avanzar hacia su segundo mandato. Hoy ese caudal es menor, pero sigue siendo muy influyente. Si se concreta su victoria en Medellín con Juan Carlos Vélez, tendría la segunda capital de Colombia, que de por sí incide mucho en políticas públicas nacionales. Sin embargo, el avance o retroceso del uribismo también tendrá que evaluarse por número de concejales y diputados, que de alguna manera van a ejercer el control político de los elegidos.
Un análisis semejante al que le espera al Polo y otras colectividades menores. Hasta el momento, su trampolín esencial ha sido Bogotá. Si lo conservan, ya es suficiente para seguir influyendo en el entorno nacional. Si lo pierden tendrán que remar contra la corriente, aunque en la paz podrían convertirse en una fuerza protagónica con mucha incidencia en la estructuración de los acuerdos. Por otra parte, si aciertan las encuestas, la Alianza Verde va a ganar en Nariño y Boyacá, pero en el resto del país su apuesta apunta a ser la sumatoria de concejales y diputados que puedan hacerles contrapeso a los poderes tradicionales.
De cualquier manera, para unas u otras fuerzas en contienda es un alivio advertir cómo las elecciones de hoy se dan en un entorno mucho más tranquilo que en el pasado y claramente sin tanto asedio de los grupos armados ilegales. En 1988, cuando nació la elección popular de alcaldes, o a partir de 1991, cuando se institucionalizó la de los gobernadores, este avance fue también un aliciente para los ilegales, que en algunos casos transformaron la democracia en un botín. Basta recordar el exterminio de la Unión Patriótica o los pactos para la refundación de la patria del paramilitarismo con muchos políticos, para reconocer los avances de hoy.
Sin embargo, el escenario sin conflicto no es completo. Subsisten regiones acosadas por la guerrilla o las bandas criminales, y todavía hay carteles de la corrupción atentos a capturar los dineros de las regalías o de los presupuestos municipales y departamentales. Por eso el primer desafío en las urnas es derrotar a los candidatos con antecedentes dudosos o con clientelas establecidas. Son zonas que siguen en riesgo y necesitan una mano superior del Estado. Casi podría decirse que son las más urgidas de que llegue la paz. Pero la primera cuota para ese anhelo colectivo que se traduce en bienestar social está en los ciudadanos que participan en las elecciones.