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Así lo asegura un reporte de la Misión de Observación Electoral (MOE) en el que señala que a pesar de que el Consejo Nacional Electoral ha revocado la inscripción de 1.020 candidatos, aún existe la posibilidad de que se incluyan algunos de ellos en el tarjetón, lo que ha generado incertidumbre entre la gente, que no saben a ciencia cierta por quién se puede votar.
Los datos recopilados posicionan al Partido de la U como la colectividad con más candidatos revocados, 121 en total, seguido por la Alianza Verde y Opción Ciudadana, con 111 cada uno. La mayoría de los casos se concentran en tres departamentos: Cundinamarca, Antioquia y Tolima.
Pero esa no es la única preocupación de la MOE. La falta de claridad en la financiación de las campañas también inquieta. De acuerdo con el organismo, es necesario revisar la normatividad sobre la materia, sin importar si se trata de recursos propios o préstamos de personas naturales o jurídicas. “El mayor punto ciego es la determinación del monto, origen y destino de los recursos que financian las campañas. De los 153 candidatos a gobernación, 74 (48%) tienen algún reporte en el aplicativo ‘Cuentas Claras’. De hecho, siete de ellos solo tienen reportes de ingresos y ningún gasto registrado”, revela el texto.
A eso se suman las alertas hechas sobre posibles afectaciones de orden público que podrían alterar el desarrollo normal de las elecciones, sobre todo en municipios ubicados en zonas estratégicas para el narcotráfico y el contrabando, bajo el control de grupos armados ilegales.
Como ejemplo, la MOE cita el caso de “los municipios del norte del Valle, fronterizos con el Cañón de las Garrapatas, que conduce a Chocó; la zona entre el Catatumbo y el Magdalena Medio; el Bajo Cauca Antioqueño-Nudo de Paramillo; y el corredor Meta-Vichada, entre otros”. Eso sin contar las regiones que tienen fuerte presencia del Eln, como el sur de Chocó, y en las que en comicios pasados se ha decretado paro armado.
Para la MOE es claro que la confluencia de dichos factores en algunas regiones representan un inminente riesgo para las elecciones y por ende requieren seguimiento. “La manera de hacer política en Colombia impide afirmar que estas elecciones contarán con los estándares de transparencia y de equilibrio propios de una democracia madura”, concluye.