No todo vale

Las corporaciones transnacionales (CTN) han jugado un papel protagónico en algunos de los conflictos internos más violentos del mundo. Desde Angola, República Democrática de Congo, Sierra Leona, Sudán y Myanmar hasta Colombia, éstas han alimentado la corrupción, agravado los niveles de violencia y participado (directa e indirectamente) en la violación de los derechos humanos al establecer relaciones transaccionales con los actores armados ilegales. 

Para no ir muy lejos, el infame caso de Chiquita en Colombia – que la publicación de documentos internos por parte del National Security Archive ha permitido conocer a fondo — ilustra la determinación de algunas CTN de ganar a toda costa.  Para Chiquita ésta se tradujo en el pago de millonarias extorsiones tanto a la guerrilla como a los paramilitares según el actor que controlaba las zonas donde operaba, la contratación de servicios de seguridad de ambos, y esfuerzos sistemáticos por tapar dichas acciones ilícitas.

Durante las últimas cuatro décadas distintas estrategias han sido desarrolladas para garantizar las “buenas prácticas” empresariales, sobre todo en las zonas en conflicto.

Por un lado, las organizaciones no gubernamentales han empleado campañas de “nombrar y avergonzar” para forzar cambios en el comportamiento social y ambiental de las CTN, bajo la lógica de que al publicitar los abusos cometidos pueden verse afectadas la imagen y eventualmente las ganancias de las compañías involucradas.  Por el otro, desde finales de los 90 los organismos multilaterales y algunos Estados han aprobado sanciones y esquemas de certificación para controlar el comercio relacionado con las “guerras por recursos”, como el proceso Kimberley, adoptado en 2000 por los participantes del 98% del comercio mundial de diamantes.  Medidas similares han sido adoptadas por Estados Unidos, la Unión Europea, la OCDE y la ONU para monitorear y regular el comercio de otros minerales para asegurar que son “libres de conflicto”.

Para ello, el académico y representante especial de la ONU para Empresas y Derechos Humanos, John Ruggie ha diseñado una aproximación de tres pilares, denominada “proteger, respetar y remediar” que supone la responsabilidad de los estados de proteger los derechos humanos, la de las corporaciones de respetarlos y el deber de ambos de remediar a las víctimas.  El llamado central es a que las CTN instauren políticas de “conocer y mostrar”, que permiten la medición comprehensiva del impacto de sus actividades y una rendición de cuentas permanente ante la opinión pública mundial.

El rechazo público de la actitud del “todo vale” que ha caracterizado la conducta de algunas CTN en Colombia contrasta (para bien) con la complacencia (e incluso complicidad) de gobiernos pasados.  Lo que se intuye que está diciendo el presidente Santos es que la “confianza inversionista” –uno de los legados de su antecesor– no puede construirse a expensas de la “responsabilidad inversionista”.  Con el fin de lograr una mayor coherencia entre los dos discursos, bien haría el Gobierno en nutrirse más los debates que se están librando sobre las “buenas prácticas” empresariales en el mundo, en los cuales no hay duda de que también tendría mucho que aportar.