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La “fundación” Ríos Sostenibles que apenas tiene un año y siete meses de existencia certificada (junio del 2021, en Cámara de Comercio), ha sido muy afortunada: cuenta con una suerte que ya quisieran para sí otras fundaciones reales que luchan por sobrevivir. Ríos Sostenibles no sufre. Le llueven contratos de asesorías, convenios y otros disfraces, con la sola mención del nombre de quien ha sido su única directora ejecutiva: Walfa Téllez cuya virtud principal es el poder de su esposo, Francisco Barbosa quien hoy ostenta el cargo de fiscal general de Colombia. Nadie quiere tener un enemigo sin límites morales como Barbosa. Así que doña Walfa aprovecha este cuarto de hora moviéndose entre las marañas burocráticas de los organismos que manejan dineros públicos, apalancada por los socios de grandes constructoras de vivienda que posan de apóstoles de la conservación del planeta. Cuando Carlos Felipe Córdoba fue elegido Contralor General en el cuatrienio pasado, escogió –no tan al azar– a Téllez como su contralora delegada para el Medio Ambiente pese a que ella se graduó en una materia ajena: Finanzas y Relaciones Internacionales. Recordarán ustedes que a cambio de la deferencia que tuvo Córdoba con la amada de Barbosa, este seleccionó –no tan al azar– a Marcela Yepes, esposa del contralor, jefe de Walfa Téllez, en el potente cargo de directora ejecutiva de la Fiscalía lo que significaba que sería la funcionaria que iba a manejar el multimillonario presupuesto de esa entidad, como en efecto sucedió.
Ese trueque de puestos maritales entre Barbosa y Córdoba no salió bien pero ese es otro asunto. Téllez renunció a la Contraloría comenzando el 2021. Pero un mes antes de hacerlo, firmó, en su condición de autoridad de vigilancia pública, un documento en que señalaba 17 “hallazgos” que afectaban el cumplimiento de los objetivos de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, PTAR Salitre y recomendaba un “plan de mejoramiento” para eliminar las malas notas. Pasados apenas seis meses, Téllez asumió la dirección de Ríos Sostenibles. Y, vaya coincidencia, el regañado consorcio PTAR Salitre que, presuntamente, recuperará el río Bogotá, contrató a la fundación privada presidida por la esposa del fiscal para que desarrollara el “plan” que ella misma diseñó como servidora del Estado. El evidente conflicto de interés no la inquietó y, menos aún, la posibilidad de que prosperara una indagación penal en el ente que dirige su marido. La querida Walfa, entonces, dejó de ser vigilante oficial para asumir el papel de asesora particular por la suma de $190 millones.
El programa Sigue la W reveló que la suertuda esposa de Barbosa también fue bendecida por la Federación de Departamentos, el oscuro organismo del que hacen parte los gobernadores de todo el país para realizar, desde allí, trámites igualmente oscuros que los ayudan a perpetuarse como caciques regionales. Así, Téllez recibió, el año pasado, dos contratos. El primero, por tres meses de asesoría por un valor de $130 millones; el segundo, por la misma suma y en la misma fecha por otros $130 millones. La Federación también firmó con la esposa del fiscal Barbosa un “convenio de cooperación para aunar esfuerzos…” por $99 millones pero, aparentemente, no se ejecutó.
El director de la Federación de Departamentos, exgobernador de Santander Didier Tavera, de mala reputación personal y política y con varios procesos penales pendientes, no supo explicar por qué ese organismo le dio a Téllez $260 millones, producto de los impuestos departamentales (por tanto, públicos) de la venta de licores, cigarrillos y tabaco. Tavera tampoco pudo justificar contratos similares con que la Federación benefició al hoy excontralor Carlos Felipe Córdoba –antiguo jefe de Walfa Téllez y antecesor de Tavera– ($60 millones en tres meses); al exministro del Interior de Iván Duque, Daniel Palacios por $55 millones en dos meses; al exministro de Agricultura de Duque, Rodolfo Zea, por $53 millones entregados en tres meses; y a las esposas de los presidentes de la Corte Suprema y de la Sala de Primera Instancia de la misma corte en donde el contratante está siendo investigado. Digámoslo con todas sus letras: la Federación de Departamentos es una feria de corrupción. Su presupuesto de $55.000 millones anuales se dilapida en manos de Tavera y no existe, en Colombia, la entidad que vigile su manejo. A finales del año 2022, los gobernadores se aprobaron para sí mismos, una reforma que autoriza a Tavera a incrementar su nómina de 42 empleados hasta llegar a una de 102. Imaginen cómo crecerá la nómina paralela de contratistas, tipo Walfa Téllez, que hoy está compuesta por entre 250 y 300 personajes con influencias malignas ¿Quién les pondrá los cascabeles al gato y a sus gobernadores? Parece que nadie lo hará.
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