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Los estados tienen la obligación de prevenir el reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados o delincuenciales, además de proteger a quienes fueron víctimas de esta grave violación al Derecho Internacional Humanitario (DIH). Aun así, los testimonios y cifras nos recuerdan que falta mucho por hacer para prevenir y protegerles.
Cada 12 de febrero, llega como un día mundial donde organizaciones, familias, escuelas y autoridades se unen al unísono para exigir el fin de esta práctica que termina por arrebatar a la niñez su proyecto de vida y el derecho a un mejor futuro. A pesar de los esfuerzos institucionales, el panorama no es alentador. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, durante 2024 se registraron 651 casos de reclutamiento en el país y en 2025, disminuyó a 257. Esto, sin tener en cuenta el subregistro, pues no siempre se denuncia a causa de amenazas u otras formas de intimidación.
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Si bien la entidad resalta que los diez departamentos en donde más se registra esta práctica de reclutamiento forzado son Cauca, Antioquía, Chocó, Huila, Nariño, Norte de Santander, Valle del Cauca, Arauca, Bolívar y Guaviare, Bogotá no es ajena a esta realidad que muchas veces parece rural, pero que se configura de manera distinta.
¿Qué ocurre?
Históricamente, el reclutamiento forzado de menores se ha comprendido con ocasión del conflicto armado. Si bien en Bogotá no existe la lucha armada que azota a varios territoros del país ni los menores terminan internados en el monte, los niños, niñas y adolescentes sí son reclutados como parte de las redes de tráfico que unen a la capital con otras partes del país. Así lo analizó el Observatorio Colombiano de Crimen Organizado de la Universidad El Rosario. La muerte de una niña en el bombardeo de las fuerzas militares en el municipio de San Vicente del Caguán, quien fue reclutada en Bogotá, da cuenta de los alcances de este delito en la capital.
“Es una ciudad desigual donde los NNA pueden verse expuestos a entornos con altos índices de criminalidad. Ello facilita el proceso de reclutamiento tanto por parte de grupos criminales como por parte de grupos armados”, agrega el observatorio.
Sobre las cifras de cómo se mueve el reclutamiento en Bogotá, las Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo dan cuenta de 0 casos en 2017, 1 en 2018, 3 en 2019 y 1 en 2020. Los reportes provienen de localidades como Ciudad Bolívar, Kennedy y Bosa, entre otras, donde los jóvenes eran residentes de zonas vulnerables, pero también pertenecían a comunidades de especial protección como indígenas y afrodescendientes en situación de desplazamiento forzado.
Pero entonces, ¿quiénes están detrás? Esas alertas se generaron en torno a las actividades ejercidas por grupos ilegales pos-desmovilización de las AUC, el Frente Urbano de Guerra Nacional del ELN y milicias y disidencias de las FARC-EP. Si bien desde las voces de algunos expertos analizan que no hay una injerencia militar de estos grupos en la ciudad, sí lo hacen a nivel político o de reclutamiento desde el trabajo en bases sociales de barrios populares.
De hecho, durante la primera semana de febrero con el anuncio del inicio de clases, el secretario de Seguridad, César Restrepo, manifestó que prendieron las alertas, pues reconocen que desde las instituciones de educación superior, privadas o públicas, “hay algunas organizaciones que se infiltran y desarrollan actividades como formaciones, utilizan símbolos de organizaciones terroristas o invitan a acciones contra la ley. Por lo tanto, pedimos a los claustros estar atentos para informar a la Policía o Fiscalía y así poder judicializar a los responsables”. Para atraerlos, agregó Restrepo, les ofrecen dinero o los buscan a través de redes sociales.
Para Andrés Cotes, investigador del Instituto para la Pedagogía, La Paz y el Conflicto Urbano de la Universidad Distrital – IPAZUD, es clave que las desapariciones de niños o jóvenes que registran diariamente en Bogotá se traten también como una forma de reclutamiento donde los grupos ilegales “utilizan deliberadamente esta estrategia para garantizar la impunidad”.
Otro riesgo para los menores
Con la presencia en Bogotá del Tren de Aragua o grupos tercerizados o financiados por estos como “Los Satanás”, además de la guerra por el territorio contra grupos criminales vinculados con las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) como la “Oficina de San Andresito” y “Los Boyacos”, más otras estructuras locales como “Los Camilos”, “Los Costeños”, “Los Paisas” y “Los Pereiranos”, la Defensoría del Pueblo, en su Alerta Temprana (AT) del 21 de febrero de 2024, registró el riesgo por la vinculación, uso y utilización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, así como casos de desplazamiento forzado intraurbano.
La advertencia del peligro tiene antecedentes desde 2019 y ocurre sobre todo en localidades como Santa Fe, La Candelaria, Los Mártires, Puente Aranda, Antonio Nariño, Tunjuelito, Teusaquillo, Chapinero y Barrios Unidos, donde las organizaciones criminales buscan menores para el expendio de drogas y armas ilegales, explotación sexual comercial y explotación laboral, de acuerdo con la Defensoría.
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Es este delito de uso y utilización lo que para la consejera de Paz, Víctimas y Reconciliación, Isabelita Mercado, ocurre en Bogotá y no el fenómeno de reclutamiento por cuenta de la inexistencia de un conflicto bélico. “En la ciudad existe más un tema de uso y utilización. Participan a veces de actividades como campaneros, mensajería o informantes que per se no son ilegales. Además, vuelven a sus casas. Mientras que los 113 casos de reclutamiento en Bogotá reportados por la Unidad de Víctimas tienen que ver con ofertas de trabajo por fuera de la ciudad y es ahí donde se da la vinculación directa a los grupos armados. Así lo entendemos para estar alineados con las acciones. De todas maneras, hemos hecho seguimiento a las AT de la Defensoría”, explicó Mercado.
Protegerlos
Organizaciones gubernamentales como Benposta Nación de Muchachos son el ejemplo del trabajo en acciones preventivas, pero también de atención a niñas, niños y adolescentes afectados por el conflicto, brindándoles, a través de una sede educativa de Bogotá, un nuevo proyecto de vida lejos de la violencia y las armas.
Pero como parte de un trabajo mancomunado entre líderes sociales, colegios y organizaciones civiles, las entidades distritales también tienen un rol obligatorio y fundamental para la prevención del uso y reclutamiento. En cabeza de la Secretaría de Integración Social, a través de la mesa PRUNNA, indicaron que 53.716 jóvenes han sido abordados mediante rutas de cuidado, oportunidades y protección.
La Secretaría resalta los servicios especializados como Centro Amar (2.499 atenciones en 2025), Centro Abrazar (2.414), Centros Proteger (480 niñas, niños y adolescentes atendidos) y Ciudad Niñez (1.954 atenciones), que les permiten activar rutas, brindar atención psicosocial, intervenir en situaciones de alta vulnerabilidad y reforzar el restablecimiento de derechos con enfoque diferencial.
Por su parte, el IDIPRON implementa Unidades de Protección Integral con programas académicos, artísticos y deportivos para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo. La Por su parte, la Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación brinda apoyo y reparación integral a 1.120 personas que fueron reclutadas por grupos al margen de la ley y que hoy viven en la ciudad. Y la Secretaría de Educación alerta de riesgos de reclutamiento y uso de menores, mientras a su vez lidera el acompañamiento en entornos educativos.
Andrés Cotes, investigador de la Universidad Distrital, señala que resulta necesario incentivar la cultura de la denuncia garantizando, eso sí, entornos seguros para las familias, con el fin de que la vinculación “deje de ser percibida como un suceso privado o aislado para convertirse en lo que realmente es: un problema de interés público que demanda una respuesta colectiva y solidaria”.
En definitiva, el reclutamiento y uso de menores en Bogotá no es un fenómeno aislado ni exclusivamente rural; es un síntoma de las desigualdades profundas que padece la ciudad. De ahí que la protección de la niñez no recaiga únicamente en las instituciones. Requiere de una sociedad civil alerta y un Estado que no solo reaccione ante las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, sino que ofrezca alternativas reales de vida que compitan y venzan las falsas promesas de organizaciones armadas o delincuenciales.
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Por María Angélica García Puerto
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