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Hace 33 años, Fabiola Rueda decidió abrir las puertas de su casa para cuidar y educar a los hijos de sus vecinos. Adecuó su espacio para convertirlo en un jardín comunitario del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), como una manera de “aportarle a la comunidad” del barrio donde vive, en Floridablanca, Santander. Su trabajo como madre comunitaria ha sido la manera de disfrutar de su vocación, pues dice que le gusta “trabajar con niños, apoyar su formación y que no se queden solos en sus casas”.
Por la “profe Fabiola”, como la conocen en su barrio, han pasado hasta tres generaciones. “El año pasado tuve a una niña que era nieta de alguien que cuidé hace muchos años. También tuve a su hija, es decir, fui profesora de la abuela, la hija y ahora de la nieta”, recuerda.
Durante tres décadas, Rueda ha trabajado indirectamente para el ICBF. Ella y miles de madres comunitarias son contratadas por Entidades Administradoras del Servicio (EAS), también conocidas como cooperativas, entidades encargadas de pasar la licitación al ICBF para operar los jardines donde se reciben niños y niñas entre los 18 meses y los 5 años.
Sin embargo, la historia de Rueda y su forma de contratación cambió luego de una invitación que recibió hace un par de semanas por parte del ICBF, con el objetivo de que se convierta oficialmente en trabajadora del Estado. Fue una de las 2.353 elegidas por la entidad para hacer parte del primer grupo de madres comunitarias que ingresan a ser servidoras públicas del Bienestar Familiar.
Astrid Cáceres, directora del ICBF, explica en entrevista con El Espectador que este cambio significa que “ya no dependen de un tercero que es el que les hace los contratos. Ahora se vuelven trabajadoras oficiales y eso quiere decir que prestan un servicio público del Estado y estarán vinculadas de manera directa y por término indefinido. Eso les garantiza estabilidad laboral”.
Además de las 2.353 madres comunitarias invitadas a formalizarse (hasta el 11 de febrero han aceptado 2.144), Cáceres dice que el ICBF tiene entre sus planes la idea de que 16 más asuman varias direcciones regionales “estratégicas”. “La idea es que en todo este periodo que nos resta de gobierno (seis meses) haya un cuidado y protección de lo público a partir de ellas, como asesoras y ahora como directoras encargadas”, agrega.
Este proceso responde a la reforma laboral, ley 2466 de 2025, que en su artículo 68 señala que el ICBF “vinculará de forma progresiva a las madres comunitarias que estén en las modalidades de primera infancia del ICBF y trabajadores(as) de los hogares infantiles de la modalidad institucional en su planta de personal en calidad de trabajadoras oficiales”.
Es por esta razón que el primer grupo representa solo una parte, el 30 % de todas las madres comunitarias que hay en el país (un poco más de 60.000), pero el proceso se extenderá hasta 2029, cuando se tiene estimado que sean formalizadas todas estas personas que trabajan con la primera infancia, y también las madres sustitutas, —mujeres voluntarias, seleccionadas y capacitadas que acogen temporalmente en sus propios hogares a niños, niñas y adolescentes que han sido separados de sus familias debido a la vulneración de sus derechos—.
Cáceres cuenta que esta hasta ahora es una primera fase, en el marco de las posibilidades de sostenibilidad financiera actuales; por eso, anota, “vendrá un segundo momento, después de la Ley de Garantías y, luego, a medida que se inyecte más presupuesto para la vinculación, se terminará el proceso en 2029”. Justo en este punto es donde empiezan a surgir una serie de dudas.
El dinero de la formalización
Aunque la noticia ha sido bien recibida por las trabajadoras que tendrán un salario mínimo legal vigente y todas las prestaciones de ley, a finales del año pasado, el Sindicato de Trabajadores del ICBF (Sintrabienestar) alertó que el presupuesto asignado este año para la entidad no es suficiente.
“El presupuesto de la nación para 2026 será menor al de 2025, ignorando que la entidad deberá asumir retos de mayor magnitud que requieren, obligatoriamente, un incremento de recursos”, señala Sintrabienestar. Entre esos retos mencionan la formalización de las madres comunitarias, que si bien es un compromiso social histórico, no se debe perder de vista que se “requiere necesariamente la asignación de recursos exclusivos para realmente reivindicar sus derechos en salarios, prestaciones y beneficios de bienestar al empleado, entre otros”.
El sindicato además habla de otras afectaciones que deberían entrar en este debate, como la operación directa de servicios de primera infancia, la infraestructura e insumos y la intervención de sedes administrativas y misionales propias. Persiste, además, “la falta de insumos básicos (papelería, tóneres, entre otros) en todas las regionales del país”, señala el sindicato.
Sobre este punto, la directora de la entidad comenta que hubo un “recorte mínimo” y por esto, asegura, solicitaron una adición presupuestal, que les permita tramitar en este primer semestre y poder “dar por finalizada la operación de todos los servicios hasta culminar el año, garantizando el salario vital y todas las prestaciones de ley”, afirma Cáceres.
La disminución del presupuesto para el ICBF es de COP 133.000 millones en el rubro de inversión, una cifra relativamente baja si se tiene en cuenta que el presupuesto asignado para esta entidad en 2026 es de COP 10,6 billones.
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