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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) alista su tercera imputación por falsos positivos: esta vez se concentrará en Casanare, concretamente en casos atribuidos a la Brigada XVI del Ejército. El Espectador conoció detalles de este expediente emblemático, que llevó a la detención del primer general por asesinatos de civiles presentados como bajas en combate: Henry Torres Escalante, quien ha dicho que nunca advirtió algo extraño en esta unidad, que tiene sede en Yopal. Sin embargo, un centenar de testimonios en el expediente lo ponen en el centro de esta macabra práctica de la guerra. La justicia especial también tiene bajo la lupa al general (r) Leonardo Barrero.
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La Procuraduría, incluso, le pidió a la JEP evaluar si lo que ha declarado el general (r) Torres Escalante cumple con los estándares que exige esa justicia, pues se han advertido “inconsistencias” entre lo que ha asegurado el oficial y lo que han develado sus subordinados. Esa alarma se desprende de un documento que la Procuraduría allegó a la Sala de Reconocimiento, donde le solicita, además, ampliar el período que se propuso investigar inicialmente (2005-2008), ahondar en algunas dependencias de la Brigada XVI, así como en el rol que tuvo el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
Torres Escalante
Para la Procuraduría, si algo ha quedado claro de las 104 versiones voluntarias que ha recibido la JEP en este caso es que aunque el general (r) Torres Escalante comandó la Brigada XVI mostró un particular interés por todas las operaciones de las unidades a su cargo, él ha dicho que todo pasó a sus espaldas. Por el contrario, los testimonios lo vinculan más y más. Algunos militares mencionaron su cercanía con uniformados e informantes que luego fueron condenados por falsos positivos. También se dijo que en programas de radio impulsaba a sus subordinados a producir bajas.
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Los hombres que estuvieron bajo sus órdenes dicen que Torres Escalante les daba permisos de hasta diez días por “resultados” y felicitaciones en sus hojas de vida. Uno de los testimonios más duros, incluso, asegura que el general ofreció dinero por muertes en combate, aunque finalmente no lo pagó. Según el soldado Jhon Alexánder Castellanos, en una operación de junio de 2006, Torres Escalante les prometió entre $40 y $60 millones por la muerte de una persona que, supuestamente, era el segundo al mando del frente 28 de las Farc. “Fuimos a hacer la operación donde hubo tres bajas, regresamos a la Brigada y nunca nos dieron ese dinero que nos habían prometido”, aseguró Castellanos.
Gaula y grupos Delta
El soldado Castellanos hacía parte de unos grupos especiales creados en la Brigada XVI que recibieron el nombre de Delta. Estas unidades reunían entre 18 y 24 soldados de un “perfil especial”: los que produjeran más muertes en combate. El expediente vincula a los Delta con un gran número de falsos positivos, por lo que la Procuraduría pidió indagar más en ellos. Sin embargo, no fueron una creación de Torres Escalante, sino de Justo Eliseo Peña, su antecesor en la comandancia de la brigada. La Procuraduría alertó que, a la fecha, la JEP no ha escuchado a Peña, aunque hay un rastro de muertes ilegítimas en otras dependencias que él comandó.
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Además de los Delta, un gran porcentaje de los falsos positivos cometidos en Casanare son atribuibles al Batallón Ramón Nonato Pérez y al Gaula regional. De hecho, entre las versiones voluntarias salió a relucir el nombre del cabo Gelver Pérez, quien pasó por estas dos unidades militares, en ambas estuvo involucrado con falsos positivos y quien, al parecer, era muy cercano al general (r) Torres Escalante. A la Procuraduría le llamó la atención esa relación y le pidió a la JEP indagar más. “Se debe determinar si Pérez ayudó en la ejecución o dio información de inteligencia con base en la cual se presentaron bajas ilegítimas en otras unidades de la Brigada XVI”, añadió el Ministerio Público.
Las versiones de militares dieron pistas sobre dos unidades del Batallón Nonato Pérez: el Grupo Argos y el Caníbal. Un uniformado que hizo parte del primero de estos explicó cómo era el método para cometer falsos positivos: “Los hechos estaban precedidos de una preparación del comando del Batallón, en el que el oficial de inteligencia escogía a las víctimas, el ejecutivo facilitaba los recursos para el kit de legalización y el comandante ordenaba las operaciones”. El “kit de legalización” fue una práctica generalizada en la Brigada XVI: se trataba de intendencia o armas incautadas previamente que luego hacían pasar como que pertenecían al civil que habían matado.
Por otro lado, uno de los que ha prendido el ventilador con mayor fuerza en la JEP es el mayor (r) Gustavo Soto Bracamonte, excomandante del Gaula Casanare. El militar asegura que Mario Montoya, excomandante del Ejército, los evaluaba por “litros de sangre”. Soto Bracamonte ha sostenido, además, que desde que llegó a comandar esta unidad élite del Ejército sintió la presión de sus superiores por presentar muertes en combate. Cuando en la JEP le preguntaron cuál porcentaje de esos resultados eran reales y cuántos no, contestó: “Yo creería que ilegales serían aproximadamente unas 78, 80; y las legales ya por ahí unas 4 o 5”.
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El rol del DAS
Además de estos hechos, la Procuraduría pidió a la Sala de Reconocimiento que se indague, en mayor medida, por el rol que jugó el DAS en el entramado. Sobre la extinta entidad, que tenía funciones de policía judicial y de inteligencia, reposan versiones que sostienen que sus funcionarios acomodaban la información en actas de levantamientos de cuerpos o que se inventaban inteligencia para justificar operaciones en las que luego militares mataban civiles. En últimas, como lo reconoció un exagente del DAS ante la JEP: “Se escuchaba mucho el término que si la baja era legal o era legalizada”.
Supuestamente, Orlando Rivas, entonces director del DAS en Casanare, tenía una comunicación fluida con el general Torres Escalante, cercanía que llevó, incluso, a que sus hombres hicieran operaciones conjuntas. Según un exagente, el 80 % de los informes de inteligencia que les presentaban a sus jefes contenía información falsa, por la presión que tenían. Y, a su juicio, el contubernio para producir resultados era tan evidente que en Bogotá debieron darse cuenta. Ante las revelaciones, la Procuraduría le pidió a la JEP llamar a declarar a Humberto Velásquez Ardila, entonces subdirector antisecuestro del DAS, hoy al frente del Control Migratorio en Migración Colombia.
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Al consultar sobre esta situación, un exdirectivo del DAS dijo que “el direccionamiento que se daba desde la Subdirección Antisecuestro hacía referencia a aplicación de procedimientos judiciales, como utilizar técnicas investigativas y entrenamientos que se daban en Bogotá. Jamás hubo una directriz para actuar por fuera de la ley”. Por otro lado, la Procuraduría le solicitó a la JEP que indague por la responsabilidad que pudieron tener jueces penales militares por encubrimiento. También pidió investigar supuestas maniobras jurídicas de abogados, al parecer pagados por la plana mayor de la Brigada XVI, para acomodar las versiones de los uniformados tras los falsos combates.
En el expediente, asimismo, es investigado el general (r) Leonardo Barrero Gordillo, quien comandó la Brigada brevemente en 2005, cuando se dispararon los falsos positivos, quien hoy está vinculado a una investigación por nexos de militares con la mafia. Aunque quedan muchos aspectos por esclarecer, lo que ha hallado la justicia especial en este caso podría llevar a imputaciones de militares de niveles más altos que los que han sido vinculados por la JEP hasta ahora.
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