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La relación costo-beneficio

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EL GOBIERNO ACTUAL SE HA PROpuesto reconocer el conflicto armado y reparar las víctimas, y si bien estos procesos pueden tener fracturas, respetables analistas políticos consideran que ellos significan un avance en la recuperación de una agenda liberal.

 

El escritor Juan David Correa, refiriéndose a la reciente sanción de la Ley de Víctimas, señala que “es probable que las artes plásticas, la música, el teatro, la danza y todo el sector cultural entiendan que esta es una oportunidad histórica para emprender una tarea que nos compete a todos…”. (El Espectador, 13-06-11). En contravía, la ministra de Cultura, a propósito del proyecto Smithsonian, una exposición de la cultura colombiana que se presentará en Washington el próximo 30 de junio, dice que el conflicto no es una prioridad, tratándose de un festival de tradiciones y saberes populares que está por fuera de las connotaciones de orden político (Semana, 13-06-11).

Asombra que el Ministerio de Cultura herede del gobierno Uribe, sin pedir replanteamientos conceptuales y presupuestales, un proyecto que no se enmarca en los grandes propósitos nacionales del momento y que le cuesta al país la bicoca de 6.500 millones de pesos. Pensé que un impacto significativo de la investigación adelantada para la exposición Smithsonian, no previsto en su definición pero que en algo justificaría el absurdo costo del proyecto, era precisamente contribuir al debate en torno a la regionalización, otro de los temas cardinales del Gobierno. Sin embargo, los investigadores no reconocen que al definir ecosistemas están demarcando territorios asimilables a regiones —distintas, por supuesto, pero regiones al fin y al cabo— y consideran que su trabajo está por encima de cualquier regionalización, porque ésta es estática y lo suyo es dinámico. Tampoco, entonces, el proyecto aportará a este fin. Y la cultura seguirá su marcha autista, en medio del continuismo decidido por la ministra Garcés.

Este proyecto Smithsonian involucra inexplicables irracionalidades administrativas que hacen desconfiar de su impacto real en la sociedad colombiana. No es claro por qué se investiga tres años, se invierten 6.500 millones de pesos y se desplazan más de cien personas a Washington, para una exposición de poco más de ocho días. Es preocupante que periodistas culturales pertenecientes a medios críticos repitan la escasa información sabida de la exposición Smithsonian y no se empeñen en que la opinión pública conozca los asuntos formales de la contratación: 1. ¿Se trata de un concurso o una adjudicación “a dedo”? 2. ¿Cuanto más se investiga más se paga o es un contrato a precios fijos? 3. ¿La empresa encargada del proyecto tenía, a la firma del contrato, la capacidad (los k necesarios) para asumir un trabajo de este monto? 4. ¿Si el Smithsonian implicaba una extensa investigación y mesas científicas de trabajo, por qué no se contrató con una universidad prestante?

María Eugenia Martínez

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