Constitución y psique

La lucidez de sus apreciaciones contrasta con la ingenuidad que atribuyen a los defensores de la Constitución de 1991. Sus críticas a la ineficacia del derecho y sus advertencias sobre el uso simbólico de la Carta Política, cuando coetáneamente crece la desigualdad económica, se complementan con el llamado a tener más en cuenta las realidades económicas o sociales, insuficientemente observadas por voluntaristas constitucionales. Una buena dosis de pensamiento científico y respaldo empírico servirían, al parecer de estos observadores, para disipar el noble sueño de los constitucionalistas, tan lejano de los verdaderos problemas del país.

Sin desconocer el valor de las reflexiones de estos ciudadanos, considero que el balance constitucional quedaría incompleto de no relacionar la Constitución con la psique. Esto porque el derecho y la Constitución, tanto como los billetes o los comportamientos humanos, son realidades sociales construidas por nosotros mismos. Carece de sentido entonces descreer de los primeros y tildarlos de ineficaces pero defender los segundos y tenerlos por “más reales” que las normas jurídicas. La eficacia de la Constitución depende en buena parte de la intencionalidad colectiva de sus destinatarios. Si falta esta voluntad general, por ejemplo debido al exceso de escepticismo, cualquier Constitución, indiferentemente de su contenido, fracasa. A contrario sensu, si la pretensión de cumplirse se asegura en la práctica mediante una actitud cooperativa, dicha normatividad puede transformar la realidad social. Baste preguntar a quien ha ganado una tutela de sus derechos sociales a la salud o la educación si cree en el Estado social de derecho, del que tanto dudan quienes por fortuna no han tenido que enfrentar situaciones de violación de sus derechos fundamentales.

Pensemos en qué se convertiría la “realidad” del dinero si influyentes ciudadanos difundieran la idea de que se trata de mero papel y tinta, no de un medio de cambio. Rápidamente la confianza en esta práctica social que posibilita el intercambio fluido de bienes y servicios se vendría al piso. Cabe entonces preguntarnos por qué nos damos el lujo de descreer de las normas constitucionales y enfatizar la impotencia del derecho para afrontar los “verdaderos” problemas y cambiar la “realidad” social. Con acierto el filósofo John Searle ha señalado de qué manera aspectos de nuestro mundo –entre ellos los derechos y los deberes– se materializan como resultado de la intencionalidad colectiva de aquellos que los usan. Como diría Kant, no hay nada en el mundo ni fuera de él más grande que una buena voluntad.

El derecho y la Constitución son construcciones sociales cuya eficacia depende en buena medida de la disposición a creer en ellos y actuar en consecuencia. Esto no significa que debamos adoptar una actitud ciega, fanática o irreflexiva sobre la capacidad transformadora de las normas jurídicas. Pero sí se espera de demócratas que sean conscientes de que sólo cooperando es posible materializar los dictados abstractos de la Carta Política. ¡Qué fácil es la comodidad del saber experto y qué difícil resulta contribuir al cumplimiento de las normas constitucionales así no se compartan, o movilizar a la población para cambiarlas democráticamente cuando se consideran meras quimeras, esto es, bellas esfinges pero carentes de sesos.