El ausente

El acto no le mereció su atención para modificar el itinerario desbocado de conferencias que dicta por el mundo. Haría sin embargo una escala veloz al día siguiente para asistir a un taller democrático en Manizales, como parte de su estrategia para cazar los votos que le permitan cohesionar a sus seguidores con miras a la elección de amigos suyos en alcaldías y gobernaciones en octubre.

El abismo entre Uribe y Santos se ahonda. Con hechos. En el escenario del conflicto armado colombiano, la prioridad para el gobierno Uribe fue la Ley de Justicia y Paz, construida para viabilizar el desarme de los victimarios, paramilitares y guerrilla, a través de estímulos punitivos y económicos. Un esfuerzo con unos costos fiscales altísimos, con trampas y falsas desmovilizaciones, que no llegó al fondo del problema, como lo demuestra a diario la  reactivación de las mismas estructuras paramilitares en la forma de bacrim. Los desertores de la guerrilla, como aquel monstruo humano apodado Karina, vueltos de un plumazo gestores de paz, no han hecho más que aprovecharse individualmente de los beneficios que le permiten, por ejemplo, llegar hoy desafiante, escoltada por los militares que combatió, a los pueblos de Urabá que ella humilló. La afrenta contra las víctimas ha sido indescriptible.

Éstas, en el gobierno de Uribe, eran sin duda ciudadanos de tercera categoría. Seres invisibles y vergonzantes, que se miraban con prejuicios, como si detrás de cada uno de ellos hubiera no un ser humano dolido sino un culpable. Los desplazados no eran más que masas de mendicantes arrumados en los cordones de miseria de la ciudad, sin derecho ni esperanza de recuperar al menos algo de lo usurpado. Las organizaciones de víctimas o de derechos humanos eran satanizadas y vilipendiadas en el discurso presidencial, pero también en el de sus asesores, quienes con José Obdulio Gaviria a la cabeza veían hasta en los representantes de las agencias de Naciones Unidas una amenaza y no a firmes aliados en la difícil e inaplazable tarea de superar el lastre de este doloroso conflicto.

El cambio con Santos y su equipo de Gobierno es drástico y radical. La Corporación Arco Iris, que dirige León Valencia y a la que está vinculada la investigadora Claudia López, trabaja con el Ministerio del Interior en temas de vigilancia electoral. Las víctimas y los representantes de las organizaciones que las han defendido estuvieron en primera línea en el acto del Palacio de Nariño. Contrario a lo que se vivió en los pasados ocho años frente a los más débiles, el gobierno Santos busca con la Ley no sólo reconocerlos, sino devolverles, incluso moralmente, algo de la dignidad que se les arrebató. Comenzar a saldar la deuda pendiente de la sociedad con medio millón de colombianos. La ausencia del expresidente Uribe se notaba, pero su presencia, tal vez no se añoraba.