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Quedan menos de 15 días para que a nivel nacional se materialice el protocolo del voto trans en las elecciones a Congreso y consultas presidenciales del 13 de marzo. Son diferentes motivos que enmarcan la importancia y necesidad de que el país cuente con una herramienta institucional como esta para la garantía de los derechos políticos de la población trans y no binaria.
En Colombia los derechos de la población LGBT+ han sido reconocidos vías judiciales y no legislativas, por donde ordinariamente se deben tramitar iniciativas que les den garantías a las mayorías y minorías. El matrimonio entre personas de mismo sexo, la adopción de niños por parte de parejas homosexuales, el cambio de nombre y documento de identidad, heredar la pensión, entre otros, que reconoce a las personas LGBT+ sujetos de derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y laborales.
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La pregunta es qué sería de la población diversa sin la Constitución de 1991, la Corte Constitucional y la acción de tutela, herramientas esenciales para hacer valer sus derechos apelando a los principios básicos de la vida, dignidad, igualdad, libre desarrollo y no discriminación.
Por eso, un protocolo de voto trans expedido desde el Consejo Nacional Electoral (CNE), entidad del Estado y del sistema electoral de Colombia, que, en pocas palabras, debe velar porque en el país se cumpla el concepto básico de democracia, es una muestra de que las instituciones han procesado la jurisprudencia sentada por la Corte Constitucional y han entendido que, desde sus lugares, deben promover acciones y guías que aclaren cuál es su misionalidad y responsabilidad en la garantía de los derechos de la comunidad disidente sexogenérica.
“Este es un proceso de incidencia totalmente diferente que hayamos vivido en Colombia. Esto porque el restablecimiento de personas LGBT+, en general, ha sido a través de litigio estratégico ante la Corte Constitucional. El protocolo no fue por medio de este mecanismo judicial, sino a través de una resolución del CNE. Esto era inimaginable porque en el movimiento LGBT+ no teníamos al alcance ver otra realidad distinta a abogados cercanos a la población que dieran todos sus argumentos ante el alto tribunal”, dijo Tomás Anzola, coordinador de Pedagogía y de Incidencia Política de la Fundación Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans (GAAT).
Todo hay que decirlo, la iniciativa de crear un protocolo de voto trans fue impulsada por la GAAT, Caribe Afirmativo y la Misión de Observación Electoral (MOE), luego de recibir diferentes denuncias sobre trabas de personas trans y no binarias para ejercer su derecho al voto en las elecciones de 2019.
La apertura del CNE sirvió a que la incidencia del movimiento LGBT+ no tuviera que acudir a vías judiciales para que, vía Corte, se reitere la necesidad de que todo el entramado estatal garantice los derechos de dignidad, igualdad, libre desarrollo y no discriminación en jornadas electorales.
“La iniciativa tuvo apoyo en un 100% porque se trata de entender que hay acciones que van en detrimento de esta población y que, en muchos casos, las autoridades electorales no las han percibido como barreras, pero que uno observa han imposibilitado el voto de los
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Además, esta guía para garantizar el derecho al voto de las personas trans atraviesa la responsabilidad de otras instituciones del Estado que intervienen de algún grado en la jornada electoral. Se trata de la Registraduría, la Fuerza Pública, Defensoría, Procuraduría y organizaciones observadoras que hacen control al certamen, quienes contarán, también y por primera vez, con observadores trans para hacer veeduría de que el protocolo se está cumpliendo.
Una de las mayores expectativas está en cómo la Policía y uniformados que acompañan y cuidan los puestos de votación ante cualquier eventualidad de desorden público interioricen y cumplan dicho protocolo, pues organizaciones como Caribe Afirmativo, GAAT o Colombia Diversa han denunciado que las instituciones militares son las que más discriminan y victimizan a la población diversa.
“Las requisas que hacen en los puestos de votación muchas veces son un factor para que personas trans no votemos”, compartió Jahira Quintero, de GAAT, recordando que este procedimiento en mujeres trans debe realizarlos uniformadas mujeres y el mismo caso para hombres trans.
La pedagogía también debe llegar a testigos, jurados y observadores electorales, que tienen la responsabilidad de cumplir con sus tareas libres de prejuicios y con la disposición de recibir y tramitar denuncias. “Las urnas serán un espacio seguro para nosotros, nosotras y nosotres. Somos ciudadanos, ciudadanas y ciudadanes de primera categoría y tenemos el derecho de ejercer el voto y a vivir una vida libre de violencias”, apuntó Tomás Anzola.
Wilson Castañeda, de Caribe Afirmativo, celebró la vigencia del protocolo de voto trans como una evolución del movimiento LGBT+. “Estamos en un proceso de maduración y tenemos que sacudirnos de las prácticas patriarcales, machistas y gaycentristas. Pensar el proceso electoral en materia de las personas trans es un gran avance que reconocemos”, opinó.
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No es solo el movimiento, sino el mismo CNE como tribunal electoral, que puso en el centro las necesidades y las experiencias de vida trans, que han sido ignoradas por el Congreso, que es el primer llamado a reglamentar y a mejorar las condiciones de vida de toda la ciudadanía.
Este protocolo es un primer paso para que las personas trans creen y alimenten el sistema democrático que soporta sus derechos. Lo que queda es que su participación y su aceptación dentro de los partidos y movimientos políticos crezca y se acepte, no solo para llegar con una agenda en diversidades, también para trabajar por temas trascendentales para Colombia como la pobreza, la corrupción, la economía y la infraestructura, así como para abanderar a hombres y mujeres cisgénero (que se identifican con el sexo asignado biológicamente) para que también lideres iniciativas a favor de la comunidad.
“El movimiento LGBT+ tiene que copar la democracia y hay que hacerlo para efectivamente empecemos a dar el tránsito de minorías a mayorías, en el sentido que buscamos que nuestras agendas tengan un trato mayoritario”, concluyó Castañeda.
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