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EN ESTE PAÍS QUE PARECE ESTAR despertando de la pesadilla, ¡se han robado 7 millones de hectáreas en estos 25 años! Pero lo aterrador es que los usurpadores no sólo han sido guerrilleros, narcotraficantes y paramilitares, sino también empresarios y políticos que han utilizado como cómplices a testaferros, notarios y registradores.
Semejante barbaridad la confirmó la prensa del domingo: resoluciones falsas expedidas por el Incora para autorizar “ventas” fraudulentas de tierras; actas chimbas de comités de protección a desplazados hechas con el mismo propósito; autorizaciones tramposas de registradores y notarios sobre ventas de tierras protegidas por ser para los desplazados; clonación de resoluciones de traspasos de terrenos; fraccionamiento de predios de desplazados para evadir la vigilancia; tutelas inexplicables autorizando ventas de tierras de desplazados; robo de resoluciones del Incora e Incoder en las que se adjudican terrenos al Estado, que luego aparecen inscritos a nombre de campesinos quienes se los “venden” a particulares; adjudicaciones sospechosas de tierras y de baldíos por parte de Incoder… En fin, parece como si la sal se hubiera corrompido…
Pero, afortunadamente, como le dijo en trascendental entrevista dominical a Yamid Amat, el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo: “al lado de todo esto está la agricultura honesta, la agricultura empresarial, la agricultura campesina, cuyos trabajadores componen la inmensa mayoría de quienes laboran el agro en Colombia” (un 95% de éste, según cálculos de Restrepo, está en manos de gente honesta).
Restrepo dijo muchas cosas importantes, entre otras, que “fue gravísimo que le hubieran despojado dos millones de hectáreas a familias inocentes; que otras cuatro millones de hectáreas tuvieran que ser abandonadas porque sus legítimos propietarios fueron amenazados o se sintieron en grave riesgo; gravísimo que mediante procesos indelicados se hubieran mal administrado 500 mil hectáreas de las mejores tierras del país y 75 mil bienes incautados al narcotráfico; y gravísimo que al mismo Estado le hayan robado entre 400 y 500 mil hectáreas”. Y agregó: “hay que concluir que durante los últimos 25 años se montó una operación delictiva que mezcla la violencia, el fraude y el dolo para hacerse, a través de la tierra, a unos capitales enormes, a una riqueza infinita, que quedó en manos de delincuentes o de gentes que utilizaron a delincuentes”.
Como bien lo dice él, y como lo demuestra la historia de violencia del país, para que se logre una paz duradera es indispensable que se solucionen los conflictos agrarios. Por ello Restrepo afirma que la Ley de Víctimas y de Tierras “es el paso más importante que se ha dado hacia la paz”.
Y lo es, si producido el milagro de su aprobación, el gobierno consigue que la ley no quede en el papel, que rija y se cumpla de modo que, en un plazo corto, los despojados de la tierra vuelvan a ser los propietarios de antes y que, cuando trabajen sus terruños, no los amenacen, los amedrenten o los maten, con el fin de arrebatárselos de nuevo.
Si al final de su mandato, el presidente Santos y su valiente equipo (porque se requiere valor para coger por los cachos al peligroso toro de la redistribución de la tierra en Colombia) logran ese milagro, habrán hecho la revolución en este país, y la paz será un sueño que nos esperará a la vuelta de la esquina.
¡Pero he ahí el gran reto: que en la Colombia de todos los días rija esa ley!
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