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Las regalías , cuyo estimativo en 2011 se sitúa en seis billones de pesos —82% proveniente de petróleo y gas—, son compensaciones a las entidades territoriales por la explotación y transporte de sus recursos naturales no renovables, las cuales son administradas por la Agencia Nacional de Hidrocarburos e Ingeominas, y están destinadas a financiar proyectos de impacto local y regional, siendo los departamentos uno de los principales beneficiarios (49% en promedio desde mediados de los 90).
Asimismo, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) canaliza, a través del Fondo Nacional de Regalías, más de $1,4 billones derivados de la explotación petrolera, lo que significa que una cuarta parte de estos recursos son controlados, directamente, por este organismo, que, a su vez, ejerce la interventoría de los proyectos de inversión aprobados. Se estima que el DNP ha manejado 21% (alrededor de $9 billones) de los $42 billones recaudados durante los últimos 15 años.
De acuerdo con el contenido del acto legislativo que reforma los artículos 360 y 361 de la Constitución Política, se creará un Sistema Nacional de Regalías, que se ramificará en cuatro fondos, de ahorro y estabilización, de inversión regional, de ahorro pensional y ciencia y tecnología; estos últimos absorberán, cada uno, el 10% de los recursos previstos.
Es indudable que esta es una pretensión recentralizadora del Gobierno, que argumentando que las regalías han aupado la corrupción y que es necesario repartir la “mermelada” entre todos, busca utilizarlas para resolver sus problemas de desfinanciamiento, para “taponar” el boquete fiscal (pasivos pensionales y equilibrio macroeconómico), arrebatándole a los municipios y departamentos la iniciativa del gasto social y la definición de sus prioridades de desarrollo. Ello quiere decir que el esquivo desarrollo local y regional quedará subordinado a la generosidad del centralismo estatal, lo que conducirá a que la brecha interregional se ensanche.
Como toda decisión sobre desarrollo regional y local —así se invoque la entelequia de la equidad— tiene su costo-beneficio, ¿le cuadrarán las cuentas al Gobierno Nacional?
Edilberto Rodríguez Araújo, Director del Centro de Estudios Económicos (CENES) de la UPTC. Tunja.
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