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Aunque Arauca ha sido uno de los departamentos que históricamente más ha sufrido la guerra en Colombia, en los últimos tres años su población sobrevive a una escalada violenta por cuenta de la expansión de las disidencias de las FARC, las cuales se viene enfrentando con el ELN, la guerrilla que hace presencia en ese territorio desde hace seis décadas. La tragedia humanitaria que vive desde 2022 esta región fronteriza con Venezuela arroja unas angustiantes cifras: cerca de 10.000 personas desplazadas forzadamente, más de 600 asesinatos, 4.100 personas confinadas y 54 secuestrados, según cifras de la Defensoría y del propio Gobierno.
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Aunque las Fuerzas Militares y de Policía han intentado frenar el avance de estos grupos ilegales en Arauca, parte de su fracaso—dicen fuentes al interior de la Fuerza Pública— tiene que ver con la fuga de información de inteligencia militar que llega a manos y oídos de los grupos criminales. El Espectador conoció recientes informes de la Fiscalía y de inteligencia y contrainteligencia del Ejército que dan cuenta de tres posibles casos de fuga de información que terminaron siendo conocida por el frente Martín Villa, el cual sigue órdenes de alias Iván Mordisco, el líder más importante de las disidencias de las FARC.
Dos uniformados bajo la lupa
El cruce de información entre el Ejército y una destacada unidad investigativa de la Fiscalía señala que, desde inicios de 2022 tienen serias sospechas de dos miembros del Cantón Militar de Puerto Jordán del Ejército, ubicado en el municipio de Arauquita (Arauca). “A través de acciones de contrainteligencia, se logró tener información sobre un militar que tendría vínculos con un miembro de las redes de inteligencia del frente Martín Villa y el cual también maneja la parte política de ese grupo criminal. Al ser miembro de la parte administrativa, se le facilita tener acceso a información privilegiada del Ejército”, dicen documentos reservados sobre el primer uniformado.
A renglón seguido, los informes fechados entre 2022 y 2024, advierten que este militar también estaría robando material de guerra para ser vendido a las disidencias de las FARC. “El militar ha salido del cantón militar con destino a un centro poblado aledaño a esa base del Ejército Nacional, área de influencia del Frente Martín Villa de las disidencias de las FARC”. Ese mismo recorrido, dice la inteligencia militar, la haría el segundo uniformado que está bajo sospecha de la Fiscalía y el Ejército. “Cuando el uniformado tiene información de interés del grupo criminal, este va hasta el centro poblado”, señala el documento en poder de este diario.
Un alto oficial que hace presencia en esta zona le contó a este diario que, aunque no fueron procesados penalmente, los dos uniformados bajo sospecha fueron retirados de sus cargos y de la zona, pero que operativos contra las disidencias de las FARC, que pretendían dar con la captura de sus jefes o incautar material de guerra, han fracasado por cuenta de esas filtraciones de información. “No descartamos que haya al menos otras dos personas que le colaboraban a esos dos militares en la filtración de información, por ende, trabajamos en mejorar nuestras burbujas de inteligencia y construir un proceso para procesarlos ante la justicia”, dice la fuente.
Un antiguo miembro de inteligencia
Los reportes conocidos por este diario también apuntan contra un antiguo miembro de la inteligencia militar que, después de salir del Ejército, estaría trabajando con grupos criminales en Arauca. Aunque los informes de contrainteligencia desconocen cómo está obteniendo información de inteligencia del Ejército, lo que pudieron establecer es que el militar retirado usa información privilegiada de inteligencia para extorsionar a la población araucana. Además, este curtido hombre de inteligencia tiene anotaciones por presunto secuestro y fue integrante de un grupo destacado del Ejército para la búsqueda de blancos de alto valor en el Huila.
“De acuerdo a lo manifestado por fuente humana y cotejándola con nuestros registros fotográficos obtenidos por integrantes de esta unidad, se evidencia una gran similitud en cuanto a sus rasgos físicos, por tal motivo se concluye que este particular sería uno de los presuntos integrantes de esta red que se estaría dedicando a la obtención información de inteligencia militar de carácter secreto con fines extorsivos en el departamento de Arauca. Una fuente humana aduce que en los últimos años fue observado en Popayán, en una camioneta de alta gama y tiene contactos con comerciantes de oro”, dice el informe de 2024.
El oficial del Ejército comentan que tienen “serias sospechas” de que hay al menos dos suboficiales en Arauca que le facilitan información de inteligencia al antiguo miembro de la inteligencia del Ejército, quien hizo parte de la Fuerza Pública hasta 2020. “En total, de los casos de fuga de información, tenemos sospechas de que seis uniformados hacen parte de redes ilegales que le entregan información a las disidencias. Al parecer y hasta donde hemos podido saber, son estructuras de tráfico de información distintas. Nos enfrentamos a un gran desafío a la hora de investigar estos hechos”, señala la fuente.
El único caso que las autoridades han podido llevar ante los jueces es el del sargento Diego Alberto Liévano, quien fue capturado en 2022. Aunque no fue por su presunta participación en la fuga de información de inteligencia, desde el Ejército sospechaban de él. Por los hechos que sí es procesado penalmente es por, presuntamente, sacar cientos de prendas y material de intendencia del Ejército que, probablemente, iban a ser usadas por las disidencias de las FARC. “Quien recibía ese material del sargento aparece en nuestros informe como miembro de las disidencias de las FARC en Arauca”, afirma un oficial de contrainteligencia que investiga estas fugas de información. ¿Qué dicen los expertos?
Este oficial dice que es muy difícil judicializar a las personas que filtran información de inteligencia porque lo hacen en zonas rurales y de difícil acceso para las autoridades. Además, son entregas de información de manera oral. “Lo único que podemos hacer es que, después de identificarlos, es llamarlos a calificar servicios”, señala la fuente. Expertos en Seguridad como Néstor Rosanía señala que la fuga de información es una problemática histórica en las Fuerzas Militares y de Policía con destino a las guerrillas, paramilitares, narcos y la delincuencia común. No solo en términos de información, sino también en venta de munición y armamento”, afirma Rosanía.
Lo segundo que demuestran estos casos en Arauca, señalan los expertos consultados, son las fallas estructurales en términos de la contrainteligencia, porque si se ha dado históricamente, es porque no hay mecanismos suficientes para que no siga pasando” advierte Rosanía. Hugo Acero, exsecretario de Seguridad de la Alcaldía de Bogotá y experto en estos asuntos, señaló que los grupos armados ilegales, con la gran cantidad de ingresos que tienen del narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión, entre otras rentas criminales, comprendieron que es más fácil y rentable someter a sus intereses a las instituciones de seguridad y justicia, vía corrupción, que enfrentarlas.
“Algunos servidores públicos, muy poco honestos, terminan aceptando esa corrupción y con ello exponiendo la seguridad y vida de sus compañeros de trabajo y de los ciudadanos en general. Y un aspecto más, desafortunadamente existe una mala práctica administrativa en algunas instituciones del Estado y es la de mandar a los territorios con graves problemas de orden público a uniformados castigados, no dan resultados, son problemáticos o no les gustan a los jefes. Puestos castigo donde estos servidores públicos no van a ejecutar sus funciones como corresponde y son presa fácil de la corrupción”, puntualizó el exfuncionario de la Alcaldía de Claudia López.
Al interior de la inteligencia admiten que, aunque sí es cierto que la salida de altos oficiales en el Ejército durante el actual gobierno debilitó el aparato de inteligencia militar, las fugas de información empezaron a reportarse en esta zona del país desde el gobierno de Iván Duque. “Es cierto que nuestros reportes tienen fechas a partir de 2022 (final del gobierno de Iván Duque), pero previamente, entre 2020 y 2021, ya teníamos información sobre la fuga de información. Por eso destinamos a agentes de contrainteligencia para documentar esta grave situación, Esto es un asunto estructural del cual ningún gobierno se quiere encargar de fondo”, concluyó el alto oficial.
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Por David Escobar Moreno
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