Las alertas de la Unión Patriótica en campaña

Desde los primeros meses de 2015, la presidenta de la Unión Patriótica y aspirante al Concejo de Bogotá, Aída Avella, ha enviado a los organismos del Estado e incluso al presidente Juan Manuel Santos un detallado reporte de los casos en que militantes de la UP corren peligro de muerte o han sido perseguidos judicialmente. Esta colectividad se conformó en los años 80, producto de los acuerdos de paz entre las Farc y el gobierno de Belisario Betancur, pero desde entonces ha sido blanco del exterminio de muchos de sus dirigentes. Desde 1993, el caso está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Como ayer, las preocupaciones de hoy no son pocas. Varios de sus candidatos están amenazados y carecen de protección, y dos de ellos ya han sufrido atentados. Precisamente esta semana la presidenta de la UP, Aida Avella, se reunió con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y con un delegado de la Unidad Nacional de Protección para tomar medidas preventivas.

Las alertas enviadas por Avella empezaron el 12 de abril de 2015, cuando en carta al presidente Santos le expresó su preocupación por lo que denominó “montajes jurídicos contra militantes de la UP”. El primer caso es el de un joven universitario llamado Jhonatan Giraldo, al quien según Avella el Esmad detuvo en Córdoba y le quitaron $300.000, dos celulares y sus documentos.

La líder de izquierda también relató que en el Cauca, el candidato a la Alcaldía de Guapi, Mariano Grueso, ha sido estigmatizado por la Armada Nacional desde su emisora radial, solicitándole que se desmovilice. Tanto él como su hermano han sido detenidos injustamente.

También en el Cauca, municipio de Sucre, la UP registró que en la emisoras de las Fuerzas Armadas llaman a desmovilizarse a los militantes de este partido: Jaime Muñoz, Doria Burbán, el padre Olivo y Ricardo Quinayás, este último aspirante a la Alcaldía de Los Palmitos. Su hijo Diddier sufrió un atentado. En el mismo departamento, el 11 de abril, asesinaron a Guillermo Pavi en la finca Emperatriz, del municipio de Caloto. Según Avella, serían responsables policías del Esmad.

La presidenta de la UP, en los más de cinco reportes enviados, narra que el 28 de marzo fue amenazada de muerte Beatriz Zuluaga, dirigente del partido en Antioquia y esposa del senador Pedro Luis Valencia. Igualmente, la carta al mandatario refiere que al joven Cristian Hurtado, de Marcha Patriótica, un hombre armado lo siguió hasta una estación de Transmilenio en Bogotá, donde gracias a la aparición de un policía pudo escapar.

El 5 de marzo en el corregimiento de Sitio Nuevo, municipio de Magangué, Bolívar, siete militantes de la UP fueron amenazados por los Úsuga mediante panfletos. Posteriormente hombres armados pasaron por sus casas para amedrentarlos. La primera carta terminó con un caso más. Ocurrió el 7 de abril en Riosucio (Caldas). Allí fue asesinado el dirigente indígena Fernando Salazar Calvo, quien se destacaba como presidente de la Asociación de Mineros de la Unión, razón por la cual había sido amenazado. La UNP consideró que tenía un riesgo ordinario y le negó medidas de protección.

Otro de los documentos fue entregado por Avella al entonces ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, con copia al presidente Santos. En ese documento la militante de izquierda expresó su preocupación por los hechos ocurridos en el norte del Cauca. Cuenta que el 26 de febrero de 2015 la gobernadora indígena del resguardo Hellas Caloto recibió un mensaje amenazante en su celular que le daba 24 horas para salir del territorio.

Ya por esos días habían sido asesinados Gerardo Velasco Ecué y Emiliano Silva Oteca, corteros de caña que fueron torturados y aparecieron muertos el 7 de febrero, presuntamente por las Águilas Negras. En dicho documento se afirmó que la comunidad de Caloto ha reportado ocho ejecuciones extrajudicales, cuatro amenazas colectivas, cuatro casos de tratos inhumanos, dos torturas, cuatro desplazamientos forzados y cuatro ataques contra la honra de ciudadanos

Otro documento, que data de marzo de 2015, advierte al director de la UNP, Diego Fernando Mora, que Mildred Rocío Mora recibió amenazas el 8 de marzo. Dicha señora es novia del candidato al Concejo de Ocaña por la UP, Silvano Calvo. En la misiva, Avella insistió en la necesidad de que se otorgue un esquema de protección a Dairo Bayona, militante de la UP en el Cesar.

A través de otro oficio radicado en la UNP, con fecha 27 de julio de 2015, la presidenta de la UP pidió al director de la entidad que se brinde seguridad a los militantes de este partido en Urabá, y relaciona los nombres de los aspirantes a las alcaldías de Apartadó, Chigorodó, Carepa, Mutata, Turbo, Arboletes y Caucasia.

Finalmente, el 29 de julio, la líder de izquierda solicitó, con carácter urgente, que se proteja la vida de Argemiro Lara Barreto, quien encabeza la lista al Concejo por dicho partido en el municipio de Oveja (Sucre). Se trata de un conocido reclamante de tierras de la finca La Europa. A Lara se le retiró el esquema de protección y se le sustituyó por un auxilio de transporte, denunció Avella.

Estos casos fueron entregados a las autoridades el pasado 15 de septiembre. La idea es que la historia del exterminio político de este partido no se vuelva a repetir. Más cuando en los diálogos de La Habana se avanza hacia un acuerdo de fin del conflicto, del que se desprende un pacto de participación política que precisamente tiene como exigencia otorgar garantías para el ejercicio político.