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El próximo lunes 27 de noviembre, el expresidente Álvaro Uribe Vélez rendirá una versión libre sobre dos masacres, El Aro y La Granja, ocurridas en Antioquia en las que, según distintas versiones, habría tenido conocimiento y participación cuando fue gobernador de ese departamento. Recientemente, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, líder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) —grupo que habría perpetrado los terribles hechos a mediados de la década de 1990— le habría entregado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) testimonios y pruebas que darían cuenta del supuesto conocimiento que Uribe, como gobernador, tenía de las masacres antes de que se cometieran y de cómo, según esa versión, no habría hecho nada para evitar los crímenes.
Ante lo dicho por el exparamilitar, quien fue designado como gestor de paz por el gobierno de Gustavo Petro, Uribe le pidió a la Fiscalía que escuchen su versión de manera formal sobre los sangrientos hechos. Aunque el ente investigador aseguró que “con relación a estos casos, la Fiscalía ha realizado innumerables actividades investigativas y recopilado abundante material de prueba para lograr el pleno esclarecimiento de los hechos”, no han dado a conocer ninguna prueba concreta en contra del exmandatario. Aun así, desde 2018, la justicia colombiana declaró las dos masacres y el asesinato del defensor de derechos humanos, Jesús María Valle, quien inició la investigación por los hechos, como crímenes de lesa humanidad, lo que significa que nunca prescribirán.
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Masacre de La Granja: 11 de junio de 1996
Uribe llegó a la Gobernación de su departamento natal en 1995, cuando tenía 43 años, y al año y medio de conseguir el poder regional ocurrió la primera de las dos masacres que hoy, 27 años después, vuelven a rondar la agenda mediática. Allí, un grupo de al menos 20 paramilitares enviados por los hermanos Castaño y Salvatore Mancuso, torturaron y asesinaron a cuatro campesinos: William de Jesús Villa García, Graciela Arboleda, Jairo de Jesús Sepúlveda y Héctor Hernán Correa García. El ataque habría sido impulsado por grupos de comerciantes y ganaderos, quienes habían sido víctimas de la guerrilla de las FARC, y aseguraban que La Granja era un centro guerrillero. A pesar de que la Fuerza Pública y los gobernantes regionales fueron advertidos del posible ataque paramilitar, lo poco que ha podido establecer la justicia es que no se tomaron acciones para defender a los civiles.
Masacre de El Aro: 22 al 31 de octubre de 1997
Durante el segundo año de Uribe Vélez a cargo de la Gobernación de Antioquia, ocurrió la masacre del Aro. El 22 de octubre de 1997, un grupo de 30 hombres ingresaron al corregimiento de El Aro y, armados, torturaron y asesinaron a un grupo de pobladores durante casi 10 días. También, amenazando de muerte a otros habitantes del corregimiento, los forzaron a arriar, por varios días, ganado que había sido robado. Durante el violento hecho, los paramilitares robaron entre 800 y 1.200 cabezas de ganado. Finalmente, antes de retirarse de El Aro, los violentos incendiaron gran parte de las casas. Por estos hechos, el exparamilitar Francisco Enrique Villalba ha señalado a Uribe por, supuestamente, haber asistido a una reunión donde se planeó la incursión paramilitar.
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La sentencia de la Corte IDH
Por los dos hechos ocurridos en Ituango, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado colombiano el 1 de julio de 2006. En su decisión, el organismo internacional le ordenó al país tomar las acciones necesarias para garantizar el retorno de las familias desplazadas por la masacre de El Aro a ese corregimiento. En caso de no ser posible, señalaba la Corte en su fallo, debía dar las condiciones de estabilidad en otro lugar donde decidan vivir. Además, la Corte IDH ordenó realizar un acto de perdón donde se reconociera la participación del Estado en estos hechos de violencia, lo cual finalmente se materializó hace un año, el 30 de noviembre de 2022, después del paso de tres gobiernos. Aunque la justicia internacional intervino para responsabilizar al Estado, la impunidad sigue imponiéndose en ambos expedientes.
Si bien han sido condenados varios militares y paramilitares que participaron en ambas masacres, lo cierto es que quienes habrían permitido los hechos y no hicieron nada por evitarlos, siguen estando esquivos de la justicia. En especial, de quienes estuvieron detrás del asesinato de Jesús María Valle, el presidente del Comité de Derechos Humanos en Antioquia, quien denuncio por primera vez que las masacres habían ocurrido complicidad de la Fuerza Pública. El abogado fue asediado en febrero de 1998.
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La investigación de la Corte Suprema contra Uribe
Aunque la declaración reciente de Mancuso volvió a poner al expresidente a dar explicaciones, lo cierto es que, desde el año 2000, la Fiscalía abrió una indagación preliminar contra Uribe y, aunque ese mismo año se archivó el proceso, un fiscal delegado ante la Corte Suprema resolvió reabrir el proceso en 2013, luego de que el senador Iván Cepeda allegara nuevas pruebas. En agosto de 2020, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que en ese momento llevaba la investigación en contra de Álvaro Uribe, ordenó la práctica de pruebas dentro del expediente, dentro de las cuales incluyeron llamar como testigos a Ramiro Vanoy, alias Cuco Vanoy; Carlos Enrique Vélez, alias Victor; Ever Veloza, alias H.H.; Edward Cobos Téllez, alias Diego Vecino; y Juan Carlos Sierra, alias el Tuso Sierra.
Sin embargo, todo cuando Uribe renunció a su curul en el Senado, la Corte Suprema perdió competencia para seguir adelantando las investigaciones en su contra por las masacres y por manipulación de testigos (caso que lo llevó a estar privado de la libertad durante 67 en 2020). Desde ese momento, la Fiscalía recibió los dos casos. Mientras que en el segundo ha fracasado en prácticamente todos sus intentos de cerrar el expediente, del primero no se sabe nada. Ahora, la información entregada por Mancuso a la JEP podría abrir un nuevo capítulo en la historia de este capítulo de horror del conflicto armado que sigue, como muchos otros, en impunidad.
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Por Jhordan C. Rodríguez
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