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La Iglesia católica expresó su preocupación por la escalada de acciones violentas que se están realizando en varios lugares del país, a causa del denominado “paro armado” promovido por el Eln, el cual ha tenido diversas expresiones bélicas mediante explosiones que han dejado heridos graves, interrupción de la movilidad, intimidaciones a la sociedad civil y desabastecimiento.
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“La Iglesia en Colombia llama al Eln a abandonar el camino de la violencia y a mostrar signos coherentes de verdadera voluntad de diálogo. Esperamos del Estado colombiano la protección efectiva e integral de los territorios afectados y el reconocimiento de la agudización del conflicto. Exhortamos a la sociedad civil a un decidido compromiso democrático que nos permita construir un país mejor, sin violencia y con justicia social. Exigimos al Eln y a todos los grupos armados el respeto al derecho internacional humanitario y reflexionar en torno a las múltiples afectaciones que causan a nuestro país y lo precipitan hacia un absurdo río de sangre y odio”, señaló la Conferencia Episcopal Colombiana en un comunicado público.
En el mismo, advierten sobre el incremento de la violencia en algunos territorios de Colombia, lo que ha generado una crisis humanitaria que afecta especialmente a comunidades vulnerables y empobrecidas. “Como Iglesia, en medio de la situación que afecta al país y particularmente a algunas regiones, hacemos un llamado a respetar la vida, a buscar caminos de diálogo y a abandonar los caminos de la intolerancia y la violencia, que tanto despojo, dolor y muerte han dejado, y emprender juntos las sendas de la amistad social, vía preciosa para consolidar una sana convivencia”, reiteran, en un llamado que hicieron el pasado 17 de febrero los obispos, a propósito del año electoral.
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Como se sabe, hace cuatro días se dio una alerta emitida por la Iglesia católica y la sociedad civil en el departamento del Chocó, en la que precisamente se advertía de la crisis humanitaria en el departamento y notificaban confinamientos, desplazamientos individuales y masivos, además de afectaciones psicológicas, de salud y educación de los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, la respuesta del Gobierno, a través del ministro del Interior, Daniel Palacios, fue negar esa situación: “Lo que ha certificado la Unidad de Víctimas son cuatro desplazamientos. Afirmar que el 70% de la población del Chocó está en riesgo es falso, no corresponde ni a la realidad, ni a lo que la Defensoría del Pueblo a nivel nacional ha dicho”.
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