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El asesinato de líderes sociales ha alcanzado cifras increíbles en Colombia. Desde enero de 2016 se han presentado más de 702 asesinatos en todo el territorio nacional y la situación es cada vez más grave. Más allá de lanzar arengas vacías, rasgarse las vestiduras o buscar culpables sin fundamento para polarizar el país, es momento de reflexionar sobre las causas de este fenómeno y buscar soluciones concretas.
El concepto de líder social como aquella persona dedicada a la defensa de los derechos de las comunidades adquirió especial relevancia con la Constitución de 1991, pues esta creó herramientas de participación como las consultas previas y las acciones de tutela, populares y de grupo, en las que estos sectores son representados por personas sin necesidad de votar por ellas en un proceso electoral. Por esta razón, el líder social comenzó a diferenciarse del líder político, pues su representatividad no se circunscribe a una elección, sino que implica una vinculación permanente no institucional que los pone en mayor riesgo.
La aprobación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en el año 2010 agregó nuevos retos para estos líderes, pues muchos de ellos iniciaron la valiente tarea de asumir la representación de víctimas. Esta situación aumentó con la firma del Acuerdo Final en el 2016, el cual puso en las organizaciones de víctimas la tarea de presentar los informes que dan origen a cada uno de los macrocasos de la JEP, lo que expuso a los líderes sociales a un riesgo aún mayor.
Por lo anterior, no es una casualidad que el número de asesinatos de líderes sociales se haya disparado desde el año 2016. Tampoco lo es que el mayor número de estos homicidios se haya presentado en los lugares donde el conflicto ha tenido mayor intensidad y donde actualmente se realizan los procesos más grandes de acreditación de víctimas y restitución de tierras (Nariño, Cauca, Antioquia y Córdoba). Este patrón está demostrado estadísticamente con cifras oficiales y permite enfocar mejor la protección de estas personas, aunque también demuestra un problema de fondo: la firma del Acuerdo era la gran oportunidad de que el Estado reasumiera el control de estas zonas y ello no ha ocurrido, por eso son las más violentas de Colombia y con mayor presencia de cultivos ilícitos.
La masacre de líderes sociales no cesará hasta que se garantice la presencia del Estado en esas zonas, pero no por medio de la guerra, sino mediante la salud, la educación, la vivienda, el trabajo, el desarrollo y una seguridad centrada en proteger a la población civil y brindar garantías a quienes defienden los derechos de las comunidades: ellos merecen la misma protección que tienen los servidores públicos amenazados, porque en realidad lo son, pues son particulares que cumplen funciones públicas.
Lamentablemente, mientras la Constitución les otorgó a los líderes sociales funciones esenciales para el Estado social de derecho, la ley no ha sido justa con ellos. Su protección se ve como una carga para el presupuesto de la Unidad Nacional de Protección, cuando en ello deberían participar todas las autoridades públicas y muy especialmente las territoriales, pues es en las regiones donde hay que protegerlos. Todo ello debe estar debidamente regulado en una ley que reconozca el estatus de líder social y permita por primera vez ser justos con los aportes que han dado al país.
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