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Aunque el pasado 20 de julio el excongresista Mario Castaño debía presentarse en el Congreso para ocupar la curul que ganó con 68.351 votos por el Partido Liberal, una orden de captura en su contra emitida por la Corte Suprema de Justicia, que lo llevó a estar detenido en la cárcel Picota de Bogotá, no lo dejó cumplir con esa cita. El exsenador fue acusado de liderar una estructura criminal que, en complicidad con un grupo de alcaldes, funcionarios y particulares cómplices, se apropió de multimillonarios recursos de la administración pública en Cauca, Risaralda, Caldas, Tolima.
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El excongresista es investigado por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en celebración de contratos, peculado por apropiación, estafa agravada y concusión, cargos que tras más de seis meses de proceso judicial terminó aceptando ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema y, con ello, dejando que la justicia dictara una sentencia anticipada que se podría conocer durante el primer semestre de este año. Sin embargo, esta no será la única cita con la justicia que deba cumplir. En el Consejo de Estado tiene una deuda por saldar. Una solicitud de pérdida de investidura.
Se enfrentará a ella este viernes a las 09:00 de la mañana. Es posible que el excongresista haga presencia de manera virtual desde la cárcel, y que a la diligencia asistan el delegado del Ministerio Público, su defensa y el demandante Joan Sebastián Moreno Hernández, quien no considera que Castaño deba seguir ostentando su condición de político porque, además de ser investigado por hechos de corrupción, incumplió a la cita que tenía el 20 de julio en el Congreso y, con su actuar, defraudó a los más de 68 mil votos que obtuvo pese a tener sobre su nombre duros señalamientos.
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El Consejo de Estado admitió la demanda de Moreno Hernández en septiembre del año pasado, un mes después de que Castaño decidió aceptar su responsabilidad por los hechos que hoy lo tienen bajo medida de aseguramiento. Una vez inició el proceso en el despacho del magistrado Martín Bermúdez Muñoz, se confirmó que la audiencia para escuchar los argumentos del demandante se programaría para el pasado 12 de diciembre, sin embargo, una situación ajena al alto tribunal no permitió que se llevara a cabo pese a que el director del penal fue avisado de la diligencia.
Aunque Moreno Hernández lleve sus argumentos ante el alto tribunal y estos sean aceptados por el consejero Bermúdez ya es fijo que el excongresista con la sentencia anticipada que le espera se va a enfrentar a una restricción para poder ejercer cargos públicos. La Sala de Primera Instancia, con ponencia de la magistrada Blanca Nélida Barreto, será la encargada de tasar esa pena, así como los años que debe purgar por los actos de corrupción que dejaron a su paso más de 15 personas capturadas entre funcionarios, particulares y exalcaldes.
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Aunque aún se desconoce el monto de la pena, el excongresista no se enfrenta a un escenario menor, pues aceptó su responsabilidad en 19 delitos que le formuló la Sala de Instrucción porque, además de los hechos de corrupción, fue señalado de haber influido de manera determinada en la designación de empleados en el Congreso. Lo que dijo en su momento la Corte es que el político caldense le habría exigido una remuneración económica a personas interesadas en ocupar ciertos cargos públicos, a cambio de garantizarles su vinculación al mismo. Por estos hechos han sido capturados más de cinco personas.
Cuando Castaño fue capturado, el pasado 7 de junio, la Corte Suprema señaló que: “se le atribuye haber influido determinantemente en designación de empleados en el Congreso de la República quienes, a pesar de percibir salarios por dicha vinculación (por prestación de servicios) no realizaron ninguna actividad de las que se les encomendaron. El aforado, igualmente, le habría exigido, a título de contraprestación, una remuneración económica a personas interesadas en ocupar ciertos cargos públicos, a cambio de garantizarles su vinculación al mismo”.
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El expediente contra Castaño aterrizó en la Corte Suprema por una compulsa de copias que hizo la Fiscalía en marzo pasado del año pasado, días antes de las elecciones legislativas. En ese momento, el ente investigador capturó e imputó a 10 personas señaladas de integrar la red de corrupción a servicio del exsenador caldense. Las pruebas, entre las que había, interceptaciones telefónicas, información contractual daban cuenta que el político con su grupo defraudó el erario en más de $43.000 millones de dinero público.
El despacho del magistrado Misael Rodríguez, de la Sala de Instrucción, halló que los dineros de los que se apropió el exsenador provinieron de contratos denominados “Sacúdete”, una estrategia del gobierno Duque, de licores y de reparación de vías en departamentos como Caldas y Chocó. Para el alto tribunal, está claro que Castaño sin ser detenido aún ya sabía que le estaban siguiendo los pasos. Interceptaciones telefónicas de diciembre de 2021, indican que Jeiler Sánchez, uno de los 10 imputados por el entramado de corrupción, llamó a un hombre y le dijo que no volviera a hablar de Castaño por teléfono, pues había una orden de captura contra él.
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Si bien Castaño, en su momento, se negó a aceptar todas las acusaciones en su contra lo que sí es cierto es que está a punto de enfrentarse a una condena por corrupción y a perder su vida política, esa que lo llevó al Congreso reelegido con más de 68.000 votos.
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