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En río revuelto, ganancia de pescadores. Así se podría definir la historia del puerto de Pescamar, una concesión que Cormagdalena entregó a una cooperativa de pescadores como proyecto social. Sin embargo, hace sólo algunos meses el 95% de la Sociedad Portuaria fue comprado por un grupo de empresarios, quienes vieron en esta transacción un buen negocio y ahora están pidiendo el cambio de uso del puerto para mover carbón.
Atrás quedarían los sueños de la comunidad del barrio Las Flores de Barranquilla, en su mayoría pescadores, quienes tenían la ilusión de que el puerto de Pescamar arrancara operaciones para mejorar su calidad de vida.
Ahora, con la llegada de los nuevos empresarios, que no quieren faenas de pesca sino movimiento de carbón, las esperanzas de la comunidad están en manos del director de Cormagdalena, Juan Gonzalo Botero Botero, quien deberá decidir si aprueba o no la solicitud para modificar la destinación del puerto.
Botero Botero, quien asumió el cargo hace poco más de un mes, considera que podría autorizar la modificación del uso del puerto de inmediato, ya que solicitó un concepto de viabilidad a la Alcaldía de Barranquilla, la Dimar, la DIAN, la Superintendencia de Puertos y Transporte y los ministerios de Ambiente y Comercio, el cual fue favorable.
Además, realizó una audiencia pública en la que nadie se opuso a la solicitud de Pescamar S.A.
Sin embargo, Botero señaló que hay una restricción en el contrato de concesión, en el parágrafo de la cláusula novena, que se convierte en un candado que impediría modificar el uso de la concesión.
El parágrafo señala: “La destinación del muelle es específica, de interés social, de esta forma se evaluó y aprobó, por lo tanto no se le podrá cambiar la destinación, ni el tipo de carga”, razón por la cual se están haciendo consultas jurídicas para definir la actuación, explicó Botero Botero.
El funcionario sostuvo que por ahora Cormagdalena está a la espera del otorgamiento de la licencia ambiental por parte del Departamento Técnico del Medio Ambiente de Barranquilla (Damab), para luego proceder a responder la solicitud de la Sociedad Portuaria de Pescamar.
Botero agregó que si la decisión es autorizar la modificación de la concesión, sería necesario incrementar el valor de la contraprestación, ya que hoy sólo es de US$49.457 anuales, y además definir inversiones más altas en obras, ya que no se podría mantener la misma exigencia cuaando el proyecto es mover 400 mil toneladas de carbón.
Asimismo, el nuevo operador tendría que tener bandas transportadoras encapsuladas para hacer el cargue directo a los buques.
La concesión del puerto a la cooperativa de pescadores se dio en 2005, pero hasta el momento no ha operado. La idea era producir 24 toneldas de pescado al año.
Entre los nuevos accionistas de la Sociedad Portuaria de Pescamar están la familia Zabaraín; Ciro Ávila, ex gerente de la Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla, y Héctor Rodelo, ex presidente de Monómeros Colombo Venezolano.
Los empresarios tienen el 95% de la Sociedad, mientras que la cooperativa de los pescadores quedó con el 5%.
Pero además, se habla en la zona de que existen políticos de la región que formarían parte de los nuevos socios.
Ya el senador José David Name Cardozo denunció el hecho, que podría abordarse el próximo martes en el Congreso de la República durante el debate sobre infraestructura fluvial, al que asistirán el ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego, y el director de Cormagdalena, Juan Gonzalo Botero Botero.
El Espectador se comunicó con Ciro Ávila, uno de los nuevos socios, pero la comunicación se interrumpió y no fue posible restablecerla.
También intentamos establecer contacto con el encargado del tema en el Departamento Técnico del Medio Ambiente de Barranquilla, Damab), pero fue imposible.
Expertos consultados por El Espectador señalaron que no es posible modificar el contrato, ya que el parágrafo de la cláusula novena es contundente y, pese a la venia de las autoridades, éste debe prevalecer por encima de ellas.
Hay tanto interés en el proceso, que ya el propio presidente Álvaro Uribe y el ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego, están pendientes de su desenlace.
Por ahora, Juan Gonzalo Botero Botero, espera la decisión del Damab y los conceptos jurídicos de la entidad para cerrar este caso, que hace tormenta en el barrio La Flores y en las altas esferas del gobierno y la sociedad barranquillera.