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Viendo esta semana la histórica audiencia acerca del proyecto de ley sobre reparaciones a la población afro que tuvo lugar en el Congreso de Estados Unidos, pensaba lo mucho que hace falta este debate en América Latina. Reparaciones no sólo para los afrolatinoamericanos por los efectos de la esclavitud, que aún se sienten, sino también para los pueblos indígenas por el impacto del despojo de sus territorios y siglos de subyugación cultural.
No es un debate fácil. En todas las Américas, los argumentos y las preguntas en contra son bien conocidos. ¿Para qué volver a episodios de la historia que pasaron hace tiempo? ¿Qué culpa tienen los ciudadanos de hoy por la esclavitud o el despojo que practicaron sus antepasados? ¿Para qué dedicar tiempo y recursos escasos a asuntos supuestamente superados, cuando hay tantos otros urgentes que no distinguen por raza o etnia, como la pobreza? En la práctica, ¿cómo se calcula el perjuicio que sufrieron indígenas y afros, y cómo se repara?
En América Latina, la negación de los efectos del racismo hace más difícil la conversación. Aun después de décadas de avance de los movimientos negros e indígenas, aun después de 30 años de la incorporación de la promesa del multiculturalismo en las constituciones de la región, en la práctica los gobiernos y las élites nacionales tienden a ver el racismo como un problema de otras partes, como un pecado original de países como Estados Unidos pero no de los nuestros. Incluso si se ha vuelto políticamente incorrecto para los gobiernos decir que en sus países no hay racismo, sus políticas (o mejor, su falta de políticas) para pueblos indígenas y negros deja clara su visión.
En Colombia, por ejemplo, llevamos desde 1993 esperando que los gobiernos implementen la Ley 70, que prometía acciones afirmativas y medidas estructurales para restaurar y proteger los territorios de las comunidades, así como sus prácticas económicas y culturales. Han pasado casi tres décadas desde que la Constitución de 1991 reconoció el derecho los pueblos indígenas y afros a tener una voz en las decisiones que los afectan, a través de consultas previas significativas y transparentes cuando se aprueben proyectos económicos o leyes que los afecten. En la práctica, no hay estándares claros que protejan esos derechos, y los gobiernos han tratado las consultas más como negociaciones caso por caso que como un deber legal.
Aquí es donde el debate sobre las reparaciones puede ser útil y responder las preguntas de los escépticos. Una forma inicial de reparar a indígenas y afros no implicaría nuevas medidas, sino cumplir de buena fe y a cabalidad los deberes que ya establecen la Constitución y la ley, que no son del pasado sino del presente. La otra forma es aprovechar la coyuntura de la existencia de la Comisión de la Verdad para, por fin, documentar los efectos duraderos de la discriminación (incluyendo la victimización de indígenas y afros durante el conflicto) y ofrecer reparaciones simbólicas, desde actos de memoria y perdón que involucren a los gobiernos y la sociedad civil, como viene sucediendo en países como Australia y Nueva Zelanda. Todo lo cual no excluye formas de reparación económica que deberían ser discutidas en el Congreso, como se está comenzando a discutir en Estados Unidos.
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