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Diana María Rodríguez es jueza de restitución de tierras en El Carmen de Bolívar. Durante seis años ha sido parte del juzgado civil del circuito de ese municipio y conoce, como pocos, los asuntos agrarios, sus problemas y también sus posibles soluciones. Junto con sus colegas jueces en Bolívar ―que son solo tres― se han dado a la tarea de ir a los territorios para adelantar inspecciones judiciales y hacer la entrega material de los predios restituidos. Lo hacen, eso sí, bajo un riesgo latente, pues atienden esta cita sin acompañamiento oficial de la fuerza pública. Un problema mayor teniendo en cuenta sus cálculos: de 222 procesos en etapa judicial sobre su escritorio, se han cancelado 138 por la ausencia de garantías de seguridad al momento de las visitas.
Las consecuencias de que tanto la jueza Rodríguez como sus compañeros asistan a estas diligencias por su cuenta y sin ningún acompañamiento, además de poner en peligro su vida, también se centran en la efectividad de los procesos, pues los retrasos en la entrega de predios comienza a ser un problema mayúsculo. ¿Por qué? En pocas palabras, porque cuando las tareas de campo de los operadores judiciales presentan demoras, la repercusión directa está en la restitución. Según la jueza Rodríguez, cuando esto sucede, los funcionarios deben esperar entre ocho meses y un año para volver a desplazarse a los predios donde se suspendió la visita.
A pesar de ello, Rodríguez ha cambiado la toga por las botas. Se ha despegado de su escritorio y su computador y se ha puesto al hombro una mochila para cumplir con los procesos de restitución que tiene pendientes hace más de un año por cuenta de este problema. Para ella, realizar las labores desde el territorio se debe a la necesidad de reconstruir la confianza de la población hacia la institucionalidad y la justicia. “Para mejorar en los procesos es necesario tener un acercamiento con las víctimas, con el campesinado”. Con esa convicción, resalta que se han restituido más de 16.000 hectáreas, aproximadamente, en los municipios que componen los Montes de María, desde el nacimiento de la Ley 1448, en 2011, a través de 456 sentencias.
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Esta ley, también conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, estableció los pasos, con el Ministerio de Agricultura, para que las más de 38.513 víctimas de despojo y más de ocho millones de desplazados, desde el 1° de enero de 1991 hasta el 10 de junio de 2021, puedan reclamar los predios que les fueron arrebatados. Una dinámica de terror en medio del conflicto que impactó tanto a campesinos como a comunidades indígenas y afros durante las décadas más álgidas de la guerra, y son quienes aún asisten a las jornadas de inscripción de predios despojados que adelanta la Unidad de Restitución de Tierras (URT) para recuperar lo perdido.
Precisamente por la magnitud del problema, el Acuerdo de Paz, firmado el 24 de noviembre de 2016 con la guerrilla de las FARC, instauró como primer punto una efectiva reforma rural integral, que tiene como uno de sus principales pilares una política de redistribución de tierras y lineamientos que marquen una ruta para devolver los terrenos a las víctimas. Este es un punto crucial para la jueza Rodríguez, pues la reparación integral y transformadora, así como las garantías de no repetición son claves fundamentales para la restitución, ya que se trata de un proceso de justicia transicional y no ordinaria. “Uno no puede cumplir con esos fines de la ley si no hay un acercamiento con las víctimas y se hace presencia en el territorio”.
Si bien la jueza resalta la función de la URT en la etapa preliminar administrativa y dice que su experticia técnica se distancia de las labores judiciales, pues “los jueces no son ni catastrales ni sociales”, asegura que los jueces de restitución en los Montes de María están “inquietos” por ejercer una labor de veeduría, pues parte de su trabajo es “confirmar la veracidad de lo que se dice en los informes”. Estas razones, esbozadas por la jueza Rodríguez, son las que varios de sus colegas en todo el país están poniendo de presente para hacer más efectiva y confiable la entrega de los predios. Sin embargo, la presencia de grupos armados dificulta esta tarea. Al menos en la región en la que trabaja Rodríguez, donde la presencia del Clan del Golfo es preocupante.
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A finales de 2022, la Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana número 0033 para esa subregión en la que informó de vulneraciones a los derechos humanos por parte de ese grupo, situación que se ha prolongado. Esto sin mencionar las amenazas que han recibido líderes sociales e incluso candidatos que se postularon a cargos locales en las elecciones del 29 de octubre. La sola presencia de hombres con fusil al hombro en los municipios donde hay procesos de restitución es una barrera para que la entrega material de los predios no tenga avances significativos. No es un tema menor y cuya solución no se esboza, al menos no por ahora, aun siendo el tema de las tierras una prioridad del gobierno del presidente Gustavo Petro.
De acuerdo con la jueza Diana María Rodríguez, “del 100 % de programaciones de salidas a terreno, el 75 % no se realiza por cancelaciones debido a la falta de acompañamiento. Eso quiere decir que solo podemos cumplir con un 25 % de la programación, que no es ni la mitad”. Si bien no se tiene un dato exacto de cuántas hectáreas se estarían dejando de restituir por estas cancelaciones, Rodríguez señala que las afectaciones se extienden por todo el departamento, pues cuanto más se despliega la presencia de ese grupo armado, más son las hectáreas que quedan “en veremos”.
El problema de la falta de acompañamiento tiene sus bases, asegura Rodríguez, en que la Unidad Nacional de Restitución de Tierras y Antiterrorismo (Uniret), adscrita a la Dirección de Carabineros y de Seguridad Rural de la Policía Nacional, no ha vuelto a escoltar a los funcionarios en sus salidas de campo como en años anteriores. De hecho, el 7 de abril de 2021, el mayor Jorge Andrés León Suárez, entonces jefe regional de Restitución de Tierras y Antiterrorismo de la Policía Nacional, les comunicó a los jueces y a la dirección de la URT la salida de varios grupos especializados de sus territorios, con el fin de atender labores de seguridad durante la segunda fase de erradicación de hoja de coca en Putumayo debido a “órdenes de mando institucional”, que sostienen hasta hoy. “Hay dispuesto un grupo de Uniret para la continuación de las actividades requeridas y solicitadas. De igual forma se coordinará el apoyo por parte de unas unidades de carabineros para algunas actividades que se enmarquen con cada una de las territoriales”, señaló la unidad.
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La jueza Rodríguez cuenta que, además, la ausencia de uniformados de esta unidad comenzó a ser más notoria durante el estallido social en Cali, el 28 de abril de 2021, cuando se les notificó que varios de los grupos atenderían allí la situación de orden público. “Últimamente nosotros no hemos contado con esos grupos especiales y eso también genera una incidencia en el riesgo que nosotros como jueces tenemos en los territorios (…) Estamos a merced de que la comandancia de Policía acceda a acompañarnos, por lo que la tarea presencial se ha vuelto mucho más difícil de ejecutar”, afirma la jueza.
Si las visitas se cancelan, ¿eso quiere decir que ya no hay entrega de predios? La respuesta es no. Los jueces de restitución y los funcionarios de la URT siguen atendiendo solicitudes. El problema viene en que, tras la cancelación de las visitas, la programación se debe realizar nuevamente, y ese cambio de agenda puede significar demoras hasta de un año. “El proceso queda dilatado, suspendido y atrasado, y los términos están totalmente rebasados, porque hay procesos en los que se presentan situaciones de traslape, otros donde hay posible ocupación secundaria y otros donde hay situaciones de identificación previa. Frente a esos escenarios toca ir a los terrenos y si no vamos hay un atraso en las pruebas”, agrega la jueza.
La jueza Rodríguez asegura que, el pasado miércoles 22 de noviembre, por fin pudo hacer entrega material y presencial de un predio cercano a El Carmen de Bolívar, luego de un año y medio de aplazamientos. “Nosotros como jueces programamos, alistamos y vamos a los predios, pero si no hay apoyo de la institucionalidad, es muy complejo cumplir con las metas”, puntualiza. Este asunto, de hecho, no es un tema novedoso para los jueces. En total, de acuerdo con la unidad de análisis estadístico de la Rama Judicial, hay 57 juzgados especializados en restitución de tierras en Colombia, y en todos se ha tocado este asunto. Como Rodríguez, en Apartadó hay un juez que dio detalles de la situación.
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Aunque pidió proteger su identidad, el jurista contó cómo, luego de los ataques cibernéticos a la Rama Judicial de hace un mes, los términos de sus procesos fueron suspendidos y, aun así, decidió atender una diligencia que tenía aplazada hace casi dos años, por lo que prefirió “asumir cualquier riesgo” e ir sin compañía. Sergio Roldán Zuluaga, abogado especializado en Derecho de Tierras y docente de la Universidad Externado, confirma que la presencia de actores armados a lo largo y ancho del territorio nacional es un limitante para una efectiva restitución. No obstante, considera que las visitas a terreno, aunque son necesarias, se podrían articular con tecnología, con el fin de apoyar “la inspección ocular”.
Para él, no es tan sencillo que la presencialidad pueda resolver los temas de linderos y determinar con exactitud hasta dónde va cada propiedad. “Eso podría paralizar nuevamente los procesos”, precisa. Entre tanto, el gobierno del presidente Gustavo Petro es ambicioso respecto a la restitución, pues ha manifestado que son más de 1,5 millones de hectáreas las que espera devolverles a las comunidades étnicas y campesinas. No obstante, según cifras de la URT, esa meta está lejísimos de conseguirse: hoy en día solo hay 238.412 hectáreas restituidas, mediante 8.655 sentencias y 12.342 predios con orden de restitución pendientes.
Eso no es todo, pues las demoras por la falta de acompañamiento de la fuerza pública y la presencia de actores armados en varias zonas del país generan más trabas que alejan aún más el cumplimiento de la meta de la restitución al campesinado, que fue despojado de sus tierras por actores armados durante los más de 50 años que la guerra se extendió por el campo colombiano.
Por Santiago Díaz Gamboa
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