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Cada parto de Diana* ha sido un acto de soledad. En Venezuela y en Colombia.
Para referirnos a los derechos sexuales y reproductivos de las migrantes, antes de examinar “datos” precisamos cercanía…
A pesar de tener solo 22 años, en febrero, Diana dio a luz a su cuarto bebé. En varias ocasiones intentó acceder a control prenatal en Cúcuta, donde reside, pero siempre fue rechazada por no portar identificación. Un mes antes del parto, obtuvo la única ecografía.
Sus tres hijos mayores están en Venezuela, con la abuela. Diana parió por primera vez cuando su cuerpo no se había terminado de desarrollar; tal vez por eso no pudo ser niña ni ha podido ser mamá (en la forma en que anhelaba serlo).
Frente a una estatua de Mercedes Ábrego, al lado de un CAI de la Policía, espera la llegada de un “cliente”. Trabaja solo para sus hijos, no le rinde cuentas a ningún proxeneta.
Sobre la explotación sexual de menores ante la mirada de las autoridades, el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, me respondió: “Se hacen operativos permanentes, tal vez no se cumplen las funciones al pie de la letra y sobre eso nos toca estar interviniendo”. Grecia Pérez, funcionaria de la Secretaría de Salud de Cúcuta, afirmó que no existen estadísticas confiables sobre las menores de edad venezolanas explotadas. El ICBF registró solo dos casos.
Diana y sus compañeras de inquilinato no constituyen una “muestra significativa”, pero sí revelan la complejidad del asunto.
Surge una primera inquietud: ¿existe diferencia entre la situación de las menores colombianas y venezolanas que son víctimas de explotación? Las migrantes son más vulnerables porque muchas carecen de vínculos familiares cercanos que les brinden sensación de arraigo (aunque, es claro, no todas las familias protegen), la carencia de un documento de identificación dificulta el acceso a servicios estatales y el abandono las expone más ante el crimen organizado.
Segundo: ¿por qué me refiero a menores? porque la infancia es el momento para empezar a hablar de sexualidad, derechos sexuales y reproductivos.
Y tercero: aludo a la explotación sexual porque conjuga la vulneración de prácticamente todos derechos.
Se puede hablar de responsabilidad individual en una mujer frente a su sexualidad cuando ha tenido las herramientas culturales, sociales, intelectuales, de formación humana (¡afectivas!) para ejercerla con libertad. Como Diana, muchas paren —del verbo parir— en la más profunda soledad. “Parir” se deber conjugar desde la autonomía y, por supuesto, el Estado tiene un papel preponderante, que no paternalista: educación sexual desde la infancia, provisión de métodos anticonceptivos, servicios de salud, acceso a interrupción voluntaria del embarazo segura y oportuna. Propiciar que la maternidad (acogerla o rechazarla) sea una decisión libre.
Si hay fondos para la guerra… con más razón para el bienestar de colombianas y migrantes venezolanas.
Vi a Diana por última vez en su trigésima novena semana de embarazo. A esta columna le falta verificar un dato: si el cuarto bebé nació sano. Y si será o no, definitivamente, el hermano menor.
* Fuente protegida.
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