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Tiene razón el exministro Mauricio Cárdenas al anotar, en su más reciente columna, que la situación actual de las finanzas públicas en Colombia no puede subestimarse, incluso con la expectativa de que un próximo Gobierno esté comprometido con la corrección del rumbo.
La herencia fiscal para el próximo Gobierno puede terminar siendo tan mala o peor que la dejada por el Gobierno Duque en 2022 si no se ajusta el gasto ya. El déficit fiscal pasó de 4,3 % del PIB en 2023 a casi 7 % en 2024, y la deuda neta del Gobierno Nacional Central regresó al nivel pandemia de 60 % del PIB. Se suman además mensajes confusos por parte del Ministerio de Hacienda sobre los límites de la regla fiscal, dando a entender que en las opciones podría estar un sobreendeudamiento.
Las calificadoras de riesgo han intensificado sus advertencias en las últimas semanas. Solo Moody´s mantiene a Colombia en grado de inversión (con perspectiva negativa). Dirigirse hacia un nuevo deterioro de la calificación crediticia elevaría el costo del financiamiento y el respectivo servicio a la deuda; al final se reduciría el espacio para el gasto público social.
Me dijeron el viernes pasado en un diálogo, ciertamente fructífero y respetuoso en medio de las diferencias, que habría que revisar si está bien permitir que la ortodoxia y la “sumisión” al Fondo Monetario Internacional definan nuestra política fiscal con niveles de deuda por debajo de países como Estados Unidos, controlante de las multilaterales. No se trata de eso. Por varias razones, entre ellas la vulnerabilidad que tiene la economía colombiana a los choques internacionales: nuestras finanzas públicas son mucho más frágiles y no pueden soportar niveles de endeudamiento como los de Japón o Estados Unidos (por encima del 100 % del PIB). Las tasas de interés de Colombia son superiores a las de Estados Unidos.
Esa es una realidad y hoy vivimos un ejemplo concreto de las vulnerabilidades externas y fiscales combinadas. En la última semana, como consecuencia de la guerra comercial iniciada por el presidente Trump (recomiendo el análisis del exministro Ocampo sobre el tema), el precio del petróleo Brent ha bajado 10 dólares. Detrás está la expectativa de menor crecimiento mundial y la reacción de los grandes exportadores de petróleo. Estimativos gruesos de ANIF muestran que ese bajonazo significa de inmediato la caída de 3 billones de pesos en los ingresos de la Nación.
De persistir la tendencia negativa del precio del crudo, se afectaría el valor de los 12 millones de barriles de petróleo que al mes vende Ecopetrol, la compañía más importante de la Nación. De hecho, como dijo su presidente, Ricardo Roa, podrían ser cerrados temporalmente algunos de los campos que verían afectada su rentabilidad dados los costos de levantamiento.
El precio del dólar, además, empieza a mostrar una tendencia ascendente, que encarece el servicio de la deuda en pesos, poniendo más presión al Presupuesto General de la Nación. Y, como ya mencioné en otras columnas, se ha estrechado el margen de maniobra para que el Banco de la República pueda reducir su tasa de interés.
No estamos para “audacias” fiscales. En este, como en otros temas, es más útil el pragmatismo que la ideología.
* Exviceministro técnico de Hacienda y Crédito Público. Profesor titular de Economía de la Universidad Javeriana.
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